Después de que un policía deportara a un veterano en California, su familia presenta una solicitud de libertad condicional humanitaria para que pueda regresar con los suyos a Long Beach. La familia declara que se encuentra deprimida y sin sustento económico.
Esposa de la victima dice que el policía no tenia ningún derecho de reportarlo a ICE (Servicio de Migración y Aduanas). Foto La Opinión
Por Araceli Martínez Ortega
Ciudad de México, 8 de julio (SineEmbargo/LaOpinión).- Hace tres meses que el hogar de los Álvarez en Long Beach se desintegró luego de que el jefe de la familia, José Álvarez, fue deportado a México cuando un policía del campus de la Universidad Estatal de California en Long Beach lo detuvo por una luz delantera rota de su auto y lo reportó a Migración. La esperanza de la familia está fincada en la solicitud de libertad condicional por medida humanitaria enviada ayer al Presidente Obama.
“Le pido a Obama que nos ayude a traerlo de regreso. Sin él, no hay vida para mi y mis hijos”, dice sin poder contener las lágrimas, Infa Ortiz, esposa de Álvarez.
“Lo que más me duele es que un policía pueda hacer tanto daño a una familia. Él tenía derecho a ponerle una multa a mi esposo por la luz del carro que no servía, pero no tenía ninguno de reportarlo a ICE (Servicio de Migración y Aduanas)”, considera Ortiz.
Añadió que la deportación de su esposo ha traído mucho pesar a la familia en lo emocional porque todos se encuentran deprimidos. En lo económico era el principal proveedor. “A veces no puedo pagar la renta”, confía la madre.
Víctor Álvarez, quien iba con su padre en el momento de la detención, relató que la deportación ha puesto tal estrés financiero en la familia que muchas veces ha dudado entre seguir en la escuela o dedicarse de tiempo completo a trabajar. “Ha sido muy difícil”, platica.
Ortiz y su esposo tienen seis hijos nacidos en Estados Unidos, cuatro de ellos en la universidad o ya graduados, así como cuatro nietos. El mayor de sus hijos, José, es veterano de la Marina a la que sirvió siete años.
“Cuando me dijeron que habían deportado a mi padre, pensé que era una broma porque es un hombre de familia”, dice.
DEPORTACIÓN
Infa Ortiz Alvarez con sus hijos Susana de 29 años, Jorge de 28, Juan de 24, Víctor de 20 y Fernando de 14 dieron una conferencia de prensa para anunciar la petición hecha al Presidente Obama para que permita a su padre José Álvarez deportado a México regresar con ellos a Long Beach. Foto: Aurelia Ventura, La Opinión.
José Álvarez cayó dentro de las prioridades de deportación de ICE debido a que hace años purgó una condena de cuatro años a causa de un crimen relacionado con drogas.
“Él ya cumplió con la sociedad, nunca se volvió a meter en líos. Es un hombre muy trabajador, que estaba por abrir su compañía de demolición de albercas”, explica su esposa.
Álvarez, de 54 años de edad, perdió la residencia legal cuando fue condenado hace más de 20 años por el crimen relacionado con drogas.
La abogada Jessica Bansal, directora de litigios de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), quien presentó la solicitud de libertad condicional humanitaria para que Álvarez pueda regresar a Long Beach y reunirse con su familia, dijo que esperan una respuesta en los siguientes seis meses.
“Esperamos que el presidente Obama use su autoridad para ayudar a la familia y ponga en la balanza si pesa más un crimen no violento de hace más de 20 años o el trabajo hecho con sus hijos ciudadanos universitarios y uno que ha servido al país en la Marina”, expone.
Bansal señala que si Obama aprueba la solicitud de libertad condicional, Álvarez tendría permiso para permanecer un año en el país, lo que le daría tiempo para pelear por su caso.
Por ahora su familia tiene que contentarse con ir a visitarlo cada dos semanas a Tijuana.
En entrevista por teléfono con La Opinión, Álvarez, quien vino de Michoacán a los 14 años de edad a California, admite que ha sido muy triste estar separado de su familia. “Primeramente Dios espero que se haga justicia y que pueda regresar para seguir al lado de mi esposa, mis hijos y ponerme a trabajar”, observa.
La detención de Álvarez en un campus de la Universidad de California en Long Beach llevó a que en mayo pasado se aprobara la orden 56 que limita la colaboración entre la policía de este plantel universitario con ICE.
“Esperamos que si se hace ley el Acta de la Verdad (AB2792), esa prohibición se extienda a todas las universidades, colegios y escuelas públicas de California”, dice Bansal.
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