Los cambios realizados a la iniciativa sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3de3, generaron una ola de críticas debido a que a raíz de las modificaciones, los funcionarios puedan eludir la publicación de información en su declaración patrimonial y de intereses, mientras que obliga a los particulares que reciban recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Por lo anterior, la ciudadanía exige al Presidente Enrique Peña Nieto que use su derecho de veto para que dicha Ley se apruebe tal cual y como fue presentada en un principio.
México, 21 de junio (EFE).- El Ejecutivo mexicano pospuso la promulgación de las leyes en materia anticorrupción, programada para mañana, después de la controversia generada por los cambios realizados a su paso por el Legislativo.
Una fuente de la Presidencia confirmó hoy a Efe la cancelación del evento programado para este miércoles en Palacio Nacional, pero dijo desconocer los motivos de la decisión.
En un periodo extraordinario de sesiones celebrado la semana pasada, las dos cámaras legislativas aprobaron un paquete de siete iniciativas que permitirán poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción.
Sin embargo, los cambios realizados en una de las iniciativas, conocida como Ley 3de3 y presentada por organizaciones civiles con el respaldo de más 600 mil firmas de ciudadanos, generaron una avalancha de críticas desde los partidos de la oposición hasta los empresarios.
Ello porque el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cambiaron el artículo 29 para que los funcionarios puedan eludir la publicación de información en su declaración patrimonial y de intereses que pueda «afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución».
También modificaron el artículo 32 del proyecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para obligar a los particulares que reciban recursos públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Casi 35 mil ciudadanos han firmado ya una petición dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto para que use su derecho de veto para los dos artículos, a fin de que «cumplan con lo originalmente planteado» por la iniciativa.
Edna Jaime, directora de la organización México Evalúa y quien participó en la elaboración de la iniciativa, indicó que el cambio al artículo 32 «tiene sabor a venganza» por un proyecto que buscaba obligar a los funcionarios a rendir cuentas sobre la evolución de su patrimonio.
Con la modificación de este artículo, que también indignó a la patronal mexicana, se «pasa el costo» a millones de ciudadanos que reciben recursos, por ejemplo a través de un contrato o una beca, lo que hará que sea «difícil de operar», señaló en una reciente entrevista con Efe.
El conservador Partido Acción Nacional (PAN) calificó los cambios de «una trampa vil» y un «intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción».
El objetivo de las modificaciones «es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política», aseveró el presidente del PAN, Ricardo Anaya.
