Por un lado, los diputados federales, excediendo su derecho de modificar el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF), recortaron programas enfocados a la educación y a la salud para crear nuevos fondos que rayan en la opacidad. Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil interpusieron un juicio de amparo para frenar el ejercicio de los fondos irregulares y definir el alcance de las facultades de la Cámara de Diputados. Así, el próximo 7 de julio habrá de celebrarse una audiencia constitucional a fin de resolver dicho juicio.
Ciudad de México, 21 de junio (SinEmbargo).- Diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interpusieron un juicio de amparo en contra de la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero para evitar que los diputados hagan uso de recursos públicos para fines privados.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el juicio de amparo responde al hecho de que en noviembre del año pasado los diputados federales excedieron su facultad constitucional para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Según esto, los legisladores habrían aprobado nuevos fondos dentro de las Provisiones salariales y económicas o Ramo 23, un instrumento de política presupuestaria para atender las obligaciones del Gobierno Federal, que como uno de sus objetivos, otorga recursos a entidades federativas y municipios, a través de fondos específicos, que no corresponden al gasto directo asignado a los estados.
El problema radica en que dichos fondos «no cuentan con objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros” y que, además, de acuerdo con la Constitución mexicana, la facultad para elaborar y definir el contenido del PEF es un atributo propio del Ejecutivo Federal, detalla el IMCO.
De esta manera, los diputados federales estarían atribuyéndose potestades que exceden a las establecidas en la Carta Magna, con lo que se facilitan «el uso discrecional y opaco de los recursos federales”.
El Instituto detalla, en ese sentido, que los recursos utilizados para crear estos «nuevos fondos irregulares” provienen de recortes, que ellos mismos aprobaron, a programas de salud y educación, por lo que se estarían destinando recursos federales a las entidades federativas.
¿Pero por qué levanta sospechas el hecho de que los diputados transfieran el dinero de los programas sociales al erario estatal? El IMCO menciona dos razones: uno, porque existen programas presupuestarios y fondos ya existentes en otros ramos administrativos, que si la legislación lo aprueba, pueden ser usados para fines extraordinarios, por lo que los diputados no tendrían que reasignar los fondos como lo hicieron; en segundo lugar, porque para reasignar recursos a los estados, los legisladores debieron de haber modificado la Ley de Coordinación Fiscal previo a la aprobación del Decreto del PEF, lo que no ocurrió en esta ocasión.
Ante el juicio de amparo, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja en contra su admisión, mismo que fue declarado sin fundamento por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa el pasado 4 de mayo.
En consecuencia de ello, refiere el Instituto, la resolución del juicio de amparo se retrasó durante dos meses, y ahora, las OSC deberán esperar hasta el próximo 7 de julio, fecha establecida por el Juzgado de Distrito, para llevar al cabo una audiencia constitucional.
Sin embargo, debido al aplazamiento, se corre el riesgo de que el amparo pierda validez, puesto que, según, de no realizarse el juicio en tiempo y forma, podrían agotarse los recursos públicos destinados a los fondos en cuestión o porque el PEF 2016 haya perdido vigencia, lo que ocurrirá el 31 de diciembre de 2016.
Por lo anterior, las OSC que promueven el juicio de amparo urgen a todos los involucrados para que el juicio pueda efectuarse «de manera justa, expedita y con apego a la ley, evitando nuevos aplazamientos innecesarios”.
Este juicio tiene repercusiones históricas, pues de acuerdo con el IMCO, «abre la oportunidad para que, por primera vez, el órgano jurisdiccional dé muestras de que hay Estado de derecho y que incluso los diputados federales están obligados a respetar lo que la Constitución establece en materia de aprobación del PEF”.
Asimismo, un antecedente así serviría para definir «el alcance de las facultades de la Cámara de Diputados en la creación de nuevos fondos, programas y proyectos con recursos federales cuando no fueron contemplados en el proyecto de PEF que prepara y envía el Jefe del Ejecutivo Federal”.
Entre las OSC que impulsan el juicio de amparo, se encuentran el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el IMCO y México Evalúa. Asimismo, participan los abogados Gabriela Ríos Granados y José Roldán Xopa, así como el economista Jorge A. Chávez Presa.
