Pese a que horas antes, miembros de organizaciones civiles, investigadores y empresarios, a través de una misiva, se pronunciaron en contra de algunos artículos de las leyes secundarias anticorrupción, en particular en contra de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El PRI y sus aliados se lograron imponer y rechazaron las reservas que hicieron legisladores del PAN, PRD, MC y Morena.
Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).–Los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) hicieron valer su mayoría en la Cámara baja y votaron en contra de modificar los artículos de las leyes secundarias referentes a la llamada Ley 3 de 3 «light».
Los diputados aprobaron tres de las siete leyes del paquete que envió el Senado de la República en materia anticorrupción: La ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la deResponsabilidades Administrativas, y la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, y fueron turnas al Ejecutivo
Diputados de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron reservas al artículo 29 y al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas , la Ley 3 de 3, y el relativo a la declaraciones patrimoniales y de intereses de personas físicas y morales, respectivamente. Sin embargo fueron rechazadas con 228 votos en contra y 209 frente a los 209 a favor.
Los 10 diputados del Partido Encuentro Social (PES) no votaron pese a que hicieron una reserva para cambiar el artículo 29, lo que les generó reclamos de los otros partidos.
Horas antes, miembros de organizaciones civiles, investigadores y empresarios, a través de una misiva, se pronunciaron en contra de las leyes secundarias anticorrupción, en particular de los artículos en conflicto.
Los activistas e investigadores reconocieron que existen avances en el paquete de leyes aprobado por la Cámara Alta, sin embargo se manifestaron en contra de las normas mencionadas:
«La eliminación de los contenidos mínimos de la declaración patrimonial y de intereses que los servidores públicos habrían de presentar ante las autoridades competentes para poder establecer mecanismos de seguimiento de la evolución patrimonial y evitar conflictos de interés. Consideramos que contar con un asidero jurídico brindaría certeza, generaría obligaciones comunes en los tres niveles de gobierno y facilitaría la labor del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Es por ello que les pedimos, como revisores de este marco jurídico, cambien los términos del artículo 29 de la ley en mención», señalaron en una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, órgano legislativo que analizará lo aprobado por los senadores.
Respecto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades acusaron que “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”, se obliga a la declaración patrimonial, de intereses y fiscal a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o que tengan tratos con el gobierno.
“Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, que aquellos estudiantes que reciban becas a través del CONACYT, o los beneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían que presentar estas tres declaraciones. Consideramos que esta disposición es un contrasentido. El gobierno ya cuenta con un sistema de información suficiente sobre los ciudadanos -sus declaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios y representantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a la soberanía”, alertaron en la misiva.
Durante la discusión, Ernestina Godoy Ramos, Diputada de Morena, dijo que la minuta enviada por el Senado contiene un modelo burocrático y minimalista del SNA, que carece de instrumentos efectivos para prevenir y combatir la corrupción. Añadió que en ésta se reproducen los mismos errores y no se cambia el terreno ni las reglas del juego que permiten y generan este tipo de actos.
«Tenemos que extirpar la corrupción y evitar simulaciones; el mensaje de la sociedad es claro», señaló.
En la discusión en lo general, el legislador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció en contra del dictamen porque, dijo, no se tomó la postura sobre la Ley 3 de 3, propuesta por los ciudadanos. Del mismo partido, la Diputada Candelaria Ochoa Ávalos consideró que la llamada Ley 3 de 3 es fundamental, aunque la reforma falla a los mexicanos al no establecer esas declaraciones como obligatorias.
EL perredista, Rafael Hernández Soriano, dijo que se trató de un día histórico «porque luego de 10 meses de discusión se tiene un documento que hará frente a la crisis institucional que vive el país”. Sin embargó, rescató la necesidad de analizar la exigencia ciudadana, respaldada por 635 mil firmas que busca que todos los funcionarios y representantes populares presenten su declaración de intereses y patrimonial.
“No podemos pedirles a las empresas y a las personas físicas y morales que cumplan y nosotros, quienes estamos aprobando todo este sistema que pretende atacar la corrupción, nos neguemos”, comentó Rafael Hernández Soriano.
La corrupción es un modo de conseguir negocios, prebendas, poder, y su fruto es la impunidad, acusó la Diputada blanquiazul Cecilia Romero Castillo.
Mientras que el diputado Edgar Romo García sostuvo que se logra un avance decidido a combatir «el cáncer más peligroso de nuestro sistema público», que es la corrupción.
“Hoy tenemos un gran acuerdo en un Sistema Nacional Anticorrupción que comprende más de 700 artículos, distribuidos en 7 leyes y que posiblemente exista el disenso en algunos de ellos […]. [La declaración 3 de 3 ] estará vigente la obligación inexcusable de todos los servidores públicos para presentar tres declaraciones y hacerlas públicas”.
La Ley General de Responsabilidad Administrativa se aprobó en lo general con 338 votos en favor y 110 en contra, y luego que se rechazaran de manera gradual las reservas a 47 artículos, fue avalada en lo particular por 241 votos en favor y 212 en contra.
La propuesta del Senado que expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y deroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa fue avalada por los diputados sin cambios, en lo general y por unanimidad, con 456 votos. En lo particular fue aprobada con 392 votos en favor y 55 en contra tras ser rechazadas tres reservas.
Mientras que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobada en lo general con 449 votos en favor y uno en contra, y luego de que se rechazaron las reservas presentadas a 38 artículos se avaló en lo particular con 384 votos en favor, 63 en contra y cuatro abstenciones.
