En la última década, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno. La mayoría de los ataques sexuales ocurren en propiedades del Gobierno federal, en inmuebles de particulares como casas o negocios, en instalaciones estatales y en escuelas o edificios de la SEP.
Por Oscar Balderas
Ciudad de México, 16 junio (SinEmbargo/VICE News).- El día que torturaron a V., la peor parte ocurrió dentro de un inmueble que pertenece al Gobierno de México: abuso sexual, amenazas de violar a su familia e intentos por provocarle un aborto.
El 13 de abril de 2012, ella comía frente a un puesto callejero en la zona centro de la ciudad de Veracruz, cuando un hombre le apuntó con un arma en la cabeza y le colocó una capucha para impedir que lo reconociera. De nada sirvió que anunciara su embarazo a gritos: al desconocido lo ayudaron otros hombres para empujarla hasta adentro de una camioneta y ahí, durante el viaje hacia un predio de la Secretaría de Marina (Semar), la golpearon hasta llevarla a algún lugar de la base naval Las Bajadas.
«Desde el momento de su detención fue objeto de agresiones físicas consistentes en […] colocación de unas pinzas en sus senos y en su vagina a fin de darle descargas eléctricas», dice el expediente de 82 hojas con el caso de V.
«La desnudaron, la ‘manosearon’, metieron su cabeza a un tanque de agua y posteriormente le pusieron una bolsa negra en la cabeza […] amenazándola con llevar a su hijo y violarlo frente a ella, de igual forma, al referirle a sus agresores que se encontraba embarazada, éstos le dijeron que ‘le sacarían al monstruo de la panza’, pegándole en el estómago».
Sus captores querían que V. revelara la ubicación de un tipo apodado «El Marino» y ella insistía que no lo conocía, que la confundían. Poco importó: la desnudaron, la fotografiaron, la penetraron con los dedos, la obligaron a poner sus manos sobre varias armas. Ella terminó incriminándose y al día siguiente fue acusada de delincuencia organizada y portación de armas de fuego. Hoy duerme en una prisión federal.
Su caso es la primera «recomendación» — diagnósticos que acreditan un abuso por parte de servidores públicos, aunque no tienen una consecuencia legal para los responsables — que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2016 al Gobierno federal, especialmente a la Semar: está comprobado que V. se declaró culpable luego de ser víctima de detención arbitraria, retención ilegal, tortura y violencia sexual.
En ese mismo expediente consta también la tortura de G., ocurrida el mismo día, en la misma zona de Veracruz, pero en hechos diferentes: él salía de una casa donde había cuatro personas más, cuando elementos de la Semar irrumpieron en el domicilio sin orden de cateo. A todos los golpearon, los torturaron en una base naval electrocutándolos y asfixiándolos para después acusarlos de vender droga y delincuencia organizada. Pero G. corrió con la peor suerte: lo violaron los marinos.
«Me exigían que la abriera [la boca], pero yo no accedía, hasta que me pegaron una bofetada […] uno se puso de frente a mí y oí que se bajó el cierre del pantalón […] así pasaron cuatro que me penetraron oralmente…», declaró G. desde la cárcel para la recomendación 01/2016.
Historias como las de V. y G. forman parte de la práctica sistemática de tortura sexual en México. Lo peor es que tres de cada cuatro de esos casos ocurren en inmuebles del Gobierno federal.
EL AGRESOR SE ESCONDE EN EL GOBIERNO
En la última década, entre 2006 y 2016, la CNDH ha emitido 753 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en general: atención médica inadecuada, pérdida de la vida, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, entre otras. Estas recomendaciones sólo se emiten si los involucrados son trabajadores del Gobierno.
VICE News analizó todos esos expedientes enviados a la administración federal y los estados del país y encontró que en 98 casos — el 13 por ciento del total— las víctimas refieren algún tipo de ataque sexual.
Al analizar dónde ocurren esas agresiones sexuales, descubrimos que 76 casos ocurrieron en propiedades del Gobierno federal, 13 en inmuebles de particulares como casas o negocios, ocho en instalaciones estatales y uno en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para una mejor contabilidad, estos ataques se dividen en dos tipos: uno, la agresión sexual, cuyas víctimas suelen ser mujeres y narran violaciones tumultuarias, penetraciones forzadas, tocamientos en genitales y pechos, amenazas de violación a ellas o sus familiares; y dos, la tortura sexual, que es dirigida típicamente hacia los hombres y consiste en toques en los testículos, quemaduras en el pene y ser martirizados sin ropa para humillarlos, entre otros tratos degradantes.
En ambos casos, los objetivos son obtener una confesión en la que la víctima se inculpe de un delito, o inculpe a otros, y aprovechar su vulnerabilidad para humillarle.
EN VEHÍCULOS, CUARTELES Y ESCUELAS
Respecto a las propiedades federales donde ocurren estos ataques sexuales, la mayoría se han producido en vehículos propiedad de Gobierno federal, o zonas desconocidas para las víctimas — debido a que se les vendaron los ojos o se les tapó la cara — a donde fueron llevadas en automóviles oficiales.
Esto ocurrió en 22 casos, como la recomendación 68/2012 a la Secretaría de Marina, que narra el abuso contra la adolescente E., de 15 años, quien lavaba ropa con su cuñada en un río de Coyuca de Benítez, Guerrero, cuando llegó un grupo de marinos en cinco vehículos del Gobierno.
«La subieron a la caja de una de las camionetas y posteriormente la cambiaron a otra camioneta con vidrios polarizados en donde se encontraban tres elementos navales, quienes la obligaron a quitarse la ropa, a quedarse de espaldas y a abrir las piernas mientras le tomaban fotografías y se reían de ella […] introdujeron sus dedos en la vagina, y uno de ellos la penetró con su pene, mientras la amenazaba con matarla o desaparecerla si decía algo de lo sucedido, tras lo cual eyaculó en su abdomen», se lee en el expediente.
En empate con el primer lugar — también 22 casos — están los cuarteles de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo sabe bien F., cuya historia está plasmada en la recomendación 41/2011: el Ejército mexicano lo acusó de delitos contra la salud y su martirio ocurrió en la 30/a. Zona Militar en Villa Hermosa, Tabasco.
«Aproximadamente 5 personas lo golpeaban en la cara, abdomen y pantorrillas, y con la mano cerrada en la cabeza […] y le dieron toques eléctricos en las plantas de los pies, piernas y testículos […] Describió cómo lo desnudaron, golpearon y patearon entre 5 u 8 personas en las piernas, abdomen, costillas y cara, que le introducían el dedo en las costillas y cuello y lo levantaban; que lo colocaron en cuclillas con las manos amarradas y le introdujeron un palo de escoba entre las rodillas», establece el documento.
Y el tercer lugar — 13 casos — es para los planteles educativos y oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde típicamente los profesores son quienes agreden sexualmente a los alumnos, tal y como lo comprobó la CNDH en la recomendación 4/2015 que detalla cómo L., alumna de 14 años de una secundaria administrada por la dependencia, fue abusada sexualmente por un profesor en un plantel de la Ciudad de México.
«AR1 intentó violar a L. al tratar de penetrarla reiteradamente en contra de su voluntad, aunado a que de acuerdo a lo manifestado por L., AR1 la obligó a tener sexo oral, siendo la violación una de las manifestaciones de violencia sexual de las más graves», se asentó en la queja.
Le siguen en frecuencia las bases navales de la Semar (ocho casos), cárceles federales (5 casos), estaciones migratorias (4), inmuebles de la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal (1) y hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (1).
El caso de la SEP salta como foco rojo: tres de cada cuatrO recomendaciones recibidas están relacionadas con abuso sexual en sus instalaciones.
Y estos son sólo los casos públicos de la CDNH; en otras instancias, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se guardan más casos de agresión sexual acreditada en instalaciones federales.
El de Paty, madre y empleada del Gobierno, también ocurrió en la SEP.
«PENSÉ EN QUITARME LA VIDA»
Primero, fue lo que parecía un inocente halago. «¿Qué te hiciste? ¡te ves muy bien hoy!». Luego, subió el tono. «Qué bien se te ve ese pantalón». Siguieron las preguntas incómodas. «¿Estás bien con lo que ganas?», «¿No quieres tener rápido un mejor puesto?».
Vino el acoso. Las llamadas a la oficina sin razones. Las miradas a las piernas. Los ojos clavados a los pechos. «Una madre soltera como tú merece tener otro trabajo, yo puedo ayudarte». Un año después de la primera «galantería», ya no hay ni siquiera el intento de disimular: él es casi siempre lascivo, impulsado por el alcoholismo que arrastra hasta el trabajo. Y todos lo toleran por miedo a perder el empleo.
Es marzo de 2010, un martes al mediodía. Los empleados están concentrados en sus computadoras, cuando ella atiende el llamado de su jefe en el despacho del octavo piso. Le pide que se siente. «¿Qué pendientes tenemos?», pregunta él y ella empieza a enumerarlos… hasta que nota que la mira fijamente con los ojos enrojecidos: el jefe está ebrio. Y no le pone atención a la lista de tareas por hacer, sino al cuerpo que tiene enfrente. Ella siente miedo y quiere salir, pero es muy tarde.
Él intenta besarla a la fuerza. Toca violentamente su cuerpo. Ella se resiste, pero él aprovecha su fuerza para empujarla contra la pared y se asegura que Paty sienta su erección y escuche una retahíla de vulgaridades con olor a licor. Ella intenta gritar, pero su jefe le tapa la boca con la mano.
De pronto, alguien golpea la puerta. «Licenciado, le hablan…». Apenas observa que se aleja, huye. Regresa a su lugar con la cara descompuesta y suelta el llanto. «No pasa nada… vuelve a trabajar como si nada», aconsejan sus compañeros. Pero llorará por meses, cada vez que tenga que volver a trabajar en las oficinas de la Dirección General de Educación Indígena de la SEP y lo vea en los pasillos.
«Era tanta mi angustia, mi miedo, que sí llegué a pensar en quitarme la vida… pero no nada más yo… mi hijo es mi vida y yo sabía que iban a ir con él. Llegué a pensar en quitarle la vida a mi hijo y después quitármela yo para irnos los dos juntos», confesará Paty a VICE News.
LA IMPUNIDAD
«El que este fenómeno ocurra en propiedades del Gobierno tiene, lamentablemente, una explicación», asegura Nancy López, directora del Área Jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, «y es que los servidores públicos usan su posición jerárquica para apoyarse en una estructura que los arropa. Es común que usen a sus empleados como testigos para defenderse y nunca sean castigados. Por eso atacan ahí: saben que les garantiza impunidad.
«En muchos casos, además, a las víctimas de tortura sexual por parte de cuerpos de seguridad les fabrican delitos y son enviados a prisión y eso dificulta el acceso a la justicia, porque se debe enfrentar un proceso penal desde la prisión, si es que logran poner una denuncia. Además, deben vivir en reclusión las consecuencias físicas y psicológicas del abuso», agrega Nancy López.
«¿Cómo tratas un estrés postraumático desde una cárcel, por ejemplo, en Guerrero? ¿o cómo lidias con el abuso, si debes ver a tu jefe todos los días porque no puedes darte el lujo de renunciar?»
El uso de la tortura sexual en México es tan común que en diciembre de 2015 un colectivo de organismos a favor de derechos humanos lanzó la campaña «Rompiendo el Silencio – Todas juntas contra la tortura sexual», que acompañó el estudio «Tortura sexual en México. Contexto, prácticas e impactos».
Sus conclusiones son devastadoras: «la tortura sigue siendo generalizada a todos los niveles», «la impunidad por la tortura en México refleja primordialmente una falta de voluntad para investigar este delito», «las personas detenidas en México se enfrentan a un mayor riesgo de tortura o malos tratos durante el primer período después de su detención».
El informe incluye un conteo del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, que declaró que de los 327 casos que atendieron entre 2004 y 2013, 57 mujeres denunciaron tortura sexual y casi todas señalaron a cuerpos de seguridad del país como los responsables.
JUSTICIA A MEDIAS
A los 15 días del abuso contra Paty, ella acude al Órgano Interno de Control para denunciar al entonces coordinador administrativo por abuso sexual. La respuesta positiva de quienes la atendieron le entusiasmó. Cree que su jefe sería investigado, pero no es así. Él se entera de la acusación y le ofrece dinero, vacaciones y reubicarla de lugar a cambio de silencio. Pero la burocracia de la SEP impide que Paty cambie de plaza.
Entonces, el jefe agresor emerge: inicia una campaña de desprestigio contra la víctima. «Ella se me acercó». «Fue su culpa por provocarme». Cuando se da cuenta que ella no quitará la denuncia, pasa a las amenazas. «No andes sola por las noches, Paty, te puede pasar algo. Piensa en tu hijo pequeño».
Ella llora todo el tiempo y dos compañeras lo notan. Le confiesan que también son víctimas de él. «Es el jefe», excusa una. «No se puede hacer nada contra él», secunda la otra. Entonces, Paty entiende que así se protege el agresor: atacando en inmuebles del gobierno para no ser acusado. Pero Paty está convencida de que sí se puede hacer algo. Pese a las amenazas, decide ir adelante con las denuncias y trata de estar fuerte en el horario laboral, aunque en casa se derrumbe.
Durante 15 meses, Paty pelea contra Goliat hasta que algo inesperado ocurre: el entonces titular de la SEP, Alonso Lujambio, conoce el caso y pide hablar personalmente con ella. En la reunión entre ambos, el fallecido político le brinda apoyo y ordena que se le reinstale y se haga una investigación rápida contra el coordinador administrativo.
Sólo así, Paty encuentra justicia, pero a medias: ella es reubicada en otras oficinas de la SEP, donde sus jefes actuales la apoyan y la respetan, y él fue despedido hace año y medio, inhabilitado para tener un cargo público por 10 años y hallado culpable por el delito de abuso sexual agravado con una sentencia de 2 años 8 meses… pero que nunca cumplirá porque el juez le fijó una fianza que pagó al siguiente día. Él ahora está libre.
Pese a todo, su caso, presume Jaime Rochín, consejero presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), es uno de éxito: Paty está en el Registro Nacional de Víctimas, lo que le permite tener asesoría jurídica gratuita, acompañamiento psicológico sin costo y aspirar a una indemnización económica por parte de Estado mexicano.
«Nosotros somos víctimas dobles: la agresión sexual del servidor público y el encubrimiento institucional. Si ya es terrible que te acosen, te violen… es peor que te pase en un edificio del gobierno. Vas a tener todas las de perder», dirá Paty, quien ya puede continuar su vida sin la ayuda psicológica. Demostrará a su hijo que se puede ser víctima y convertirse en una sobreviviente.
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