En Tetelcingo, Morelos, 117 cuerpos fueron extraídos de fosas clandestinas al término del 3 de junio. El proceso fue celebrado por la Fiscalía de Morelos como un «acto de transparencia». Pero María Concepción Hernández, la primera madre que supo de esas fosas cuando buscaba a su hijo Óscar, es quien realmente las detectó e hizo posible se conocieran a nivel nacional e internacional. Ha tenido que lidiar con ataques y hasta denuncias penales del Gobernador perredista Graco Ramírez Garrido. A este cementerio donde fueron a dar las víctimas de la violencia es conocido entre los activistas como las «Gracofosas»…
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Ciudad de México, 15 de junio (SinEmbargo).– De gorra y con una playera blanca que tiene impreso el rostro de Oliver Navarrete Hernández, su madre María Concepción Hernández toma un respiro entre los periodistas que la asedian para observar el panteón irregular del predio El Maguey, en la comunidad de Tetelcingo, en el estado de Morelos. El sol empieza a esconderse en el sitio que aún preserva un fuerte olor a muerte. Horas antes del 3 de junio, las autoridades de la Fiscalía estatal de Morelos han terminado los trabajos de exhumación de 117 cuerpos que se albergaban en dos fosas clandestinas. De todos los cuerpos, el primero en ser entregado a un familiar ha sido el de Oliver, pero esa entrega no se hizo hace 10 días sino cuando inició la exhumación de cadáveres, dos años atrás.
La tarde del 24 de mayo del 2013 un grupo de personas secuestraron a Oliver Navarrete Hernández en Cuautla, Morelos. Apareció sin vida el 3 de junio de aquel año. Pero no fue devuelto a la familia por la unidad Servicios Periciales del estado de Morelos, dependiente de la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJEM). Las primeras pruebas de ADN revelan una compatibilidad con el de su familia de más del 99 por ciento.
Esto no fue suficiente para devolver el cuerpo, y por decisión de la Subprocuradora Liliana Guevara Monroy los restos de Oliver se quedaron en esa institución bajo el argumento de que se necesita “judicializar la carpeta”. A la fecha, la denuncia para dar con los responsables de la muerte del comerciante no han derivado en lo que denominan como «señalamientos».
La carpeta de Oliver pasó entonces a las autoridades de Cuernavaca. Las familias comenzaron a visitar dos o tres veces por semana al Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, mientras el cuerpo aguardaba en los frigoríficos de Cuautla.
El 28 de marzo del 2014, el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia del estado. Durante el evento en la Casa Morelos, el mandatario morelense declaró esa fecha como el “Día de las Víctimas en Morelos”.
“Estamos aquí para aceptar nuestra responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por las víctimas”, dijo entonces Ramírez Garrido Abreu.
Esa misma mañana, pero en Tetelcingo, trabajadores de Servicios Periciales del estado de Morelos, cumplían una orden de la directora Ana Lilia Guerrero Moreira para inhumar más de 100 cuerpos almacenados hasta entonces en Cuernavaca y Cuautla.
“A fines de noviembre –en el 2014– fue cuando nos enteramos de que ya no había cuerpos en el Semefo [Servicio Médico Forensa] de Cuautla. Y en efecto, ya no tenían ahí cuerpos. Después de eso acudimos con el Fiscal regional, que era ya Juan Manuel Salmerón, y él nos confirmó que el cuerpo de Oliver ya había sido inhumado”, relató María Concepción Hernández.
LA EXHUMACIÓN
La presión de los familiares y los grupos civiles que la apoyan hace que las autoridades accedan a realizar la exhumación del cuerpo de Oliver el 9 de diciembre del 2014.
“Ese día nos dimos cuenta que no sólo Oliver había sido inhumado, sino que había más cuerpos. Para eso se fue a grabar y hubo videos hechos desde un iPad. Nosotros no teníamos idea, porque nunca habíamos estado en una fosa. No sabíamos ni cómo se realizaba esa tarea, pero sí nos llamó la atención esa manera tan inhumana en la que estaba colocados esos cuerpos: uno encima del otro, en bolsas negras nada más”, relató la madre de Oliver.
Eran fosas clandestinas que no fueron regularizadas sino hasta el enero del 2016. El día de la exhumación de Oliver inició a trompicones. Las autoridades avisaron a la familia que no contaban con una escalerilla para utilizar en el operativo. Amalia Hernández, hermana de María, hizo un esfuerzo de conseguir una pero al regresar al punto acordado –una tienda Oxxo en la entrada de Cuautla– los peritos ya se habían ido a hacer el trabajo.
“Y no le contestaban el teléfono», recordó María. «Pero como ya se tenía ubicado el predio se fue ella hacia allá. Ya estando ahí se sorprendieron y no les quedó de otra que aceptarla. Cuando empezó a tomar el video, le dijeron que no podía grabar, y ella dijo: ‘pues enséñenme una orden de que no puedo grabar, pero mientras yo lo voy a seguir haciendo ustedes dedíquense a hacer su trabajo’”.
La familia se dio cuenta entonces que ahí había un gran número de personas, y Oliver resultó ser uno de los últimos cuerpos que se exhumaron.
María Concepción Hernández relató que en ese momento los restos de su hijo carecían de un trámite legal que debió haber hecho la Fiscalía para poderse enterrar. Aún recuerda la conversación que sostuvo su hermana con las autoridades:
—Oiga, señora, ¿no nos podría dar los restos para terminar el trámite y se los volvemos a entregar—, le dijo Salmerón.
—Sólo con el Ejército nos van a obligar a dárselos. No nos importa velarlo varios días si es necesario, lo vamos a tener en nuestra casa. Y si la gente pregunta que por qué tantos días vamos a decir que por las pendejadas del Procurador—, respondió Amalia Hernández.
El 10 de diciembre, los restos de Oliver fueron enterrados. Sin embargo, esta falta de papeleo levantó la suspicacia en la familia sobre el resto de los cuerpos que ahí se hallaban. Y dos meses más tarde denunciaron ante la Fiscalía Regional Oriente las anomalías en el manejo de los restos. Un hecho que atrajo la atención pública a nivel nacional e internacional.
ESTALLA EL ESCÁNDALO
La especulación sobre el número de cuerpos enterrados en Tetelcingo creció no sin razón: México es un país que reporta más de 27 mil desaparecidos. En un principio la dependencia a cargo del Fiscal Javier Pérez Dubón aseguró que ahí estaban enterradas 105 personas.
Sin embargo, una tarjeta informativa de la Policía Municipal de Cuautla, del 28 de marzo del 2014, planteó que en las fosas fueron depositados 150 cuerpos, de acuerdo con los reportes de medios de comunicación a finales del 2015.
“Lo que hicimos nosotros fue una rueda de prensa. Le entregamos los papeles a los medios de comunicación y el video de dónde se estaban sacando los cuerpos, y se empezó a hacer la presión para que nos hicieran caso. Lo de menos era quedarnos calladas, en ese momento, como madres, no se nos hacía justo que metieran todos esos cuerpos ahí de manera tan inhumana. Me puse en el papel de madre y sentí la misma angustia y desesperación de todas. Cuando me lo volvieron a desaparecer –porque me lo habían inhumado –sentí el dolor que sienten los que no han encontrado a los suyos, no es decente, no es humano, esa gente tiene que salir de ahí. Oliver era muy noble y yo sé que mi hijo no le hubiera gustado que nos hubiéramos quedado callados, y teníamos que decir: ¡aquí están!”, relató María.
Pero el Gobernador perredista Graco Ramírez no actuó en ese sentido, y promovió una denuncia en contra de María Concepción Hernández el pasado 16 de mayo, a través de la Fiscal Monserrat Castañeda Delgado.
“Nosotros, en ese afán de decirles a las personas que estaban en el predio y que pensaban que las iban a dejar ahí olvidadas, nos hicimos presentes en el terreno para dar una rueda de prensa para decir que se tenían que abrir. Ellos acordonaron unas zonas y nos pusimos detrás de ese cordón y fue cuando nos levantaron la demanda”, relató.
Tres días después, la presión de numerosos grupos civiles hizo que la Fiscalía retirara esa acusación.
ANOMALÍAS DE EXHUMACIÓN
Familias con desaparecidos de todo el país llegaron a ser testigos del proceso de exhumación de los cuerpos, con el objetivo de realizarse pruebas de ADN y hallar a sus hijos.
El último día, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige Javier Sicilia Zardain, presentó un libro por su quinto aniversario a sólo unos metros de las fosas. María Concepción hizo un llamado a los políticos para que se quitaran la camiseta de su partido político y apoyaran a las familias.
La exhumación de todos los cuerpos que se encontraban en ambas fosas duró 10 días. Las primeras contradicciones aparecieron desde el inicio, cuando la Fiscalía utilizó un trascabo para retirar la tierra, algo que fue visto como una amenaza a la integridad de los cuerpos. Otras anomalías fueron enlistadas por los padres de familia, como el hecho de extraer 117 y no 116 cadáveres como se previó. Además se encontraron los cadáveres de menores de edad: dos niños y un feto. Algo también inesperado.
Javier Sicilia, por su parte, denunció que 10 bolsas fueron retiradas sólo con extremidades de cuerpos. “Hasta no encontrarse a quién pertenecen, son indicios de nuevos cuerpos”, afirmó el activista.
Hasta hoy nadie ha sido ligado como presunto responsable por la inhumación del primer cuerpo extraído de Tetelcingo: el de Óscar. También permanece en la impunidad la investigación para dar con los autores de su secuestro y asesinato. Sin embargo, María Concepción, su madre, no quita el dedo del renglón para encontrar la justicia no sólo para su hijo, sino para las decenas de casos que emergieron de esa tierra morelense.
