En los linderos de Guanajuato y Querétaro, donde la empresa Toyota planea instalar una planta armadora, el Gobierno guanajuatense habría pagado un precio mucho mayor por 31 terrenos a JAOS & SGB SAPI de C.V. Se trata de una empresa constituida por José María Garza Treviño y Santiago Germán Bordes, quienes fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. A los ejidatarios, esa empresa los habría sometido a engaño y presión para pagarles una cantidad mucho menor de la que al final le cobró al Gobierno de Miguel Márquez Márquez, según una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- El Gobierno de Guanajuato, de Miguel Márquez Márquez, habría pagado por 31 terrenos, 290 millones de pesos –un precio mayor que el costo real- a la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. para luego donarlos a la empresa Toyota que planea instalar una planta armadora en Apaseo El Grande, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Se trata de una de las mayores inversiones de la ensambladora automotriz en México, de mil millones de pesos, según anunció el Presidente Enrique Peña Nieto el 15 de abril de 2015. Pero el pasado 9 de junio, el diario Reforma dio a conocer que un grupo de ejidatarios sostiene que la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V habría adquirido la tierra a bajo precio y con engaños. A su vez, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Gobierno del estado le compró los terrenos a esa empresa a un precio mucho mayor.
La empresa fue constituida por José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), ambos funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
De inmediato, en un acto en la capital del estado, Márquez Márquez, Gobernador guanajuatense, deslindó a su Gobierno de presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos destinados a Toyota en el municipio de Apaseo el Grande. Esta fue su explicación:
“Nosotros hemos sido muy claros y específicos: compramos a 148 pesos el metro cuadrado a todos y eso es parejo; los contratos entre privados es un asunto que no obedece a nosotros”.
LA FORMA EN QUE SE HABRÍA OPERADO
Según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. fue constituida en Monterrey el 13 de junio de 2014 a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, dedicada a la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda. Quedó a nombre del empresario José María Garza Treviño.
Era 8 de julio de 2014 -habían pasado 25 días de la constitución de la empresa- y representantes legales de JAOS & SGB SAPI de C.V. compraron los primeros terrenos.
En septiembre, la agencia Bloomberg informó que la automotriz japonesa tenía interés en instalar una planta, sin precisar la ubicación de la misma. Entre octubre y diciembre de 2014, JAOS & SGB adquirió las escrituras de otras cinco parcelas. Luego, el 15 de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció de manera oficial que Toyota instalaría una planta armadora en los terrenos que para ese momento, habría adquirido JAOS & SGB.
Entre mayo y julio de 2015, la empresa intermediaria formalizó la compra de 169 hectáreas que serían revendidas al Gobierno estatal con un precio dos veces mayor. En septiembre de ese año concretaron la compra de otros 15 predios que serían revendidos al Gobierno con un sobreprecio de hasta 42 veces el precio original.
Al final, el Gobierno estatal pagó a JAOS & SGB SAPI de C.V, un precio de 290 millones de pesos, mientras que los campesinos propietarios de los terrenos fueron obligados a vender sus propiedades por medio de amenazas de despojo y a precios menores.
LOS HOMBRES DETRÁS DE JAOS & SGB
Las siglas de la empresa intermediaria que adquirió los terrenos en Guanajuato corresponden a José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB). Ambos fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el primero como cordinador de programas institucionales y el segundo como Director de Área.
Al concluir la administración federal panista, Ortega Serrano y Germán Bordes se asociaron con Abraham Cherem Mizrahi, quien fue Jefe de enlace en la Secretaría de Gobernación y en la Oficina de la Presidencia durante el mismo sexenio, para fundar el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), dedicado a negociar la liberación de tierras con el objetivo de desarrollar obras públicas, inmobiliarias e industriales.
En 2014, Ortega Serrano y Germán Bordes constituyeron la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V:, a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, propiedad del empresario José María Garza Treviño, señalado por la revista Expansión como uno de los 100 empresarios más importantes de México. Por su parte, Germán Bordes es consejero, apoderado legal y negociador de la empresa, mientras que Ortega Serrano y Cherem Mizrahi son socios en esta compañía.
Ese mismo año, Franco Herrera Sánchez, Subsecretario de Atracción de Inversiones en el Gobierno de Guanajuato, fue puesto a cargo del proyecto de inversión para Toyota, por lo que conocía las necesidades de ubicación y características de los terrenos para instalar la armadora en ese estado. Herrera Sánchez estuvo a cargo de la negociación de la compra de terrenos con JAOS & SGB.
