En octubre 2014 el Gobernador Javier Duarte afirmaba con categoría que en Veracruz solo se robaban frutsis y gansitos del Oxxo. A tan suculentos manjares habría que sumarle 645 millones de pesos. Duarte seguramente cuenta las horas para salir disparado a algún paraíso lejano donde su anonimato le dé la tranquilidad para poder contar todo lo que se robó. Lo malo para el saliente Gobernador es que ni los millones robados del erario público podrán quitarle su vergonzoso lugar como uno de los peores gobernadores en la historia de nuestro país. Y eso, lo sabe usted, no es una competencia que se gane fácil.
En esas vistas de reojo al calendario para darle prisa y rogar que su gubernatura acabe, Duarte se relamía los inexistentes bigotes porque pensaba que había triunfado una vez más al pensar que se llevó acabo con éxito otra de esas transacciones de robo que le garantizarán un retiro dorado.
Si no fuera por esa terca necedad de hacer periodismo de algunos, Duarte estaría solamente lamentando el robo de los frutsis y gansitos (porque en realidad nunca le han importado los 15 periodistas asesinados durante su administración). El 24 de mayo el portal informativo Animal Político reveló parte de la vorágine ratera del gobernador. En un contundente reportaje (y por contundente entendamos que el medio puso a disposición de su audiencia todas las pruebas que sustentaban sus dichos. Práctica poco común en el periodismo mexicano, debemos de agregar) explica cómo a través de un complejo sistema de empresas fantasmas, el gobierno asignaba de manera directa licitaciones o adjudicaciones directas, una vez que llegaban las carretillas con los millones… ¡pum! las empresas desaparecían obvio con el suculento botín. Y así, ese dinero que estaba destinado para recursos para la población más pobre desaparecía casi por arte de magia.
Las personas que firmaban para establecer las empresas y los domicilios fiscales de éstas (corroborado por Animal Político) son personas que tienen como profesión ser taxista o vendedor ambulante y las sedes de las empresas son lotes baldíos, tienditas o casas particulares de familias pobres. Se puede utilizar la firma y casa del pobre, total para eso están, pensaron los funcionarios detrás de la estafa.
Crear una empresa en este país es un dolor de cabeza. La ingeniería burocrática muchas veces se vuelve imposible. Ya no hablemos de cómo no pagar los impuestos correspondientes. Los tiburones hacendarios son tenaces. ¿Entonces, cómo le hacen los bandidos veracruzanos para crear tantas empresas, domicilios y burlar al SAT? «La red de empresas fantasma que consiguieron 21 contratos del gobierno del estado de Veracruz por un total de 645 millones de pesos tienen en común que recibieron el visto bueno de 12 notarios públicos, los cuales han sido también dirigentes o legisladores del PRI o recibieron su nombramiento de los dos últimos gobernadores del estado», vaya amigos cercanos al gobernador Duarte. Notarios que fungen como una pieza para ejecutar el robo.
Al día siguiente del reportaje la Procuraduría General de la República llegó a interrogar a Duarte y a diversos funcionarios para armar el caso y meterlos a la cárcel…. soñar no cuesta nada. Al día siguiente nada pasó. Algunos fanáticos de ese buen periodismo nos manteníamos sudorosos al pensar todo aquello robado que no ha sido descubierto. Claro, y también leíamos cómo aquel hombre del agua, David Korenfel, se había robado otro tanto para una organización que él preside. Vaya, pensado como una inversión para el futuro, su futuro.
Al día siguiente nada pasó. Los medios de circulación nacional, prensa, radio y televisión ignoraron el gran atraco del magnate Duarte. Su interés no pasaba por recoger el reportaje y darle seguimiento, por tomar otros ángulos, por -dígase de paso- hacer su trabajo periodístico. Para qué si el acuerdo millonario entre Javier Duarte y medios de comunicación asciende a más de mil millones de pesos entre 2011 y 2014. Dinero bien invertido por parte del gobernador para asegurarse que los medios callen cuando tendrían que estar escudriñando al gobernador jarocho.
Sudoroso en su escritorio el encargado de comunicación social había recibido la orden de contestarle a Animal Político. La falta de ideas, el nerviosismo y la humedad veracruzana eran el preludio de una mala «defensa» por parte de Veracruz. Pero algo tenían que decir. El golpe había sido certero. Alberto Silva era el lacayo encargado de dar la cara. Primero optó por el ataque legaloide «todo se hizo conforme a la ley». Y eso es lo preocupante, que habiendo cumplido algunos requisitos legales se hayan podido robar tanto dinero. Ante preguntas directas sobre quienes son los socios de las empresas, sus domicilios o que nunca entregaron los productos por los que se les pagó, el funcionario Silva solo se limitó a contestar que no era su responsabilidad del gobierno verificar los datos provistos. Y así, solito Silva se cayó.
La corrupción en México camina porque en la sociedad hay un sentimiento de abatimiento. Hay frustración y enojo ante los corruptos. Pero no hay avenidas que den esperanza para castigar a quienes roban. México vive una crisis de corrupción tal vez nunca antes vista. El pillaje es práctica común en todo el país. Se solapan los azueles y los amarillos, los verdes y los turquesa, los rojos y los naranjas. Nadie se señala para no ser señalado. Ningún partido alza la bandera contra la corrupción porque sabe que tiene cola que le pisen. El silencio es el pacto de caballeros para robar a gusto.
Vivimos un avasallamiento sistemático de casos de corrupción y todavía no se encuentra la palanca que comience a generar el cambio que disminuya la corrupción. La corrupción no es parte de nuestra cultura. La corrupción es el sistema basado en ausencia de castigos, leyes anquilosadas en el siglo pasado, políticos que ven en la política negocio y no política, amiguismos que se traducen en la creación de grandes riquezas personales y una ausencia absoluta de falta de ética pública.
Mientras se descubría el asalto a las arcas jarochas, en el Senado senadores del PRI y PVEM mantienen secuestrada la aprobación de un sistema nacional anticorrupción. Cualquiera pensaría que dados los últimos casos tan vergonzosos este paquete de leyes estaría pronto a ser aprobado. Ante la ausencia de presión mediática y social, el coordinador Emilio Gamboa, se siente cómodo sentándose sobre el sistema que podría -lentamente- cambiar las prácticas corruptas de sus colegas. Pero lo que menos quieren, es dañar el negocio, para eso entraron en la política. En este país, claramente, se roban más allá de frutsis y gansitos.
