La centralidad que ha adquirido la discusión sobre la regulación de la mariguana en el debate político nacional ha significado, sin lugar a dudas, un paso muy importante hacia el desmantelamiento de la política fallida del prohibicionismo como mecanismo central para enfrentar el problema público del consumo de sustancias sicoactivas. Sin embargo, como todo proceso de cambio institucional, la coalición a favor de la reforma –que se ha ido ampliando notablemente en los últimos tiempos– se enfrenta a las resistencias de la coalición de intereses defensora del statu quo, la cual ha replanteado su estrategia después de los descalabros sufridos en las rondas recientes de la confrontación, sobre todo a partir del fallo de la Suprema Corte en el caso SMART.

Quienes se oponen a cualquier cambio en la política de drogas imperante durante las últimas décadas no son un grupo homogéneo con intereses idénticos, como no lo son tampoco quienes se alinean del lado del cambio. Se trata de coaliciones heterogéneas que suman estrategias y tácticas diversas para hacer avanzar su posiciones particulares y sus coincidencias suelen ser coyunturales.

Del lado misoneísta se alinean tanto aquellos que han sacado ventaja del arreglo institucional prevaleciente –las agencias encargadas de aplicar la prohibición, por ejemplo, no tienen ningún interés en que esta se acabe pues se extinguiría su razón de ser–; tampoco demuestran sensibilidad por la evidencia innovadora las organizaciones públicas y semipúblicas encargadas de atender las adicciones, cono el CONADIC o los Centros de Integración Juvenil, a las que aterra que ahora sí se les pida que hagan su trabajo, en lugar de la simulación en la que han vivido, amparadas en que el peso de la política de drogas se ponga en la utilización de la policía y el sistema de justicia penal, en lugar de responsabilizar eficazmente al sistema de salud para atender los casos problemáticos.

Del lado de la coalición conservadora se suman también quienes interpretan la realidad a través de la visión limitada de sus anteojeras ideológicas, las cuales les impiden ver el panorama completo de los males de la prohibición, obsesionados como están en ver el tema del consumo de drogas como un problema de degradación moral, no como un asunto que requiere de un enfoque de políticas públicas basado en la evidencia, con indicadores claros tanto de salud como de impacto social.

Me refiero aquí a los actores a los que atribuyo intereses legítimos, aunque todos ellos acaben por beneficiar a las organizaciones criminales que sacan provecho del mantenimiento de un mercado clandestino con ganancias ingentes. Tal vez una de las debilidades mayores de la coalición favorable al cambio institucional en materia de drogas ha sido no transmitir con suficiente fuerza que más allá de las valoraciones morales y sanitarias del consumo de sustancias, lo que resulta insostenible es el mantenimiento de un arreglo que genera incentivos positivos para los delincuentes y les permite acumular fuerzas para mantener un reto permanente al Estado, imparable no ya por una organización estatal relativamente débil como la mexicana, sino incluso por los Estados más poderosos y legítimos del mundo. Ese es, empero, tema de otra discusión.

Por ahora me interesa esbozar cómo se han movido las posiciones de quienes se empeñan en obstaculizar el cambio. Por un lado, los conservadores ideológicos, como el Senador López Brito, basados en sus creencias religiosas y un juicio médico anticuado pero muy arraigado (el principal enemigo del avance científico no es la ignorancia sino el conocimiento añejo que se pretende verdadero, pero no se somete a nueva evidencia), que son incapaces de entender que lo que aprendieron en el último libro que leyeron, tres décadas atrás, pueda haber sido desmentido por la investigación reciente y perciben todo cambio como un relajamiento moral y de las buenas costumbres. Así, sin empacho, se atreven a decir, como lo hizo ayer el presidente de la comisión de salud del Senado en una entrevista radiofónica, que aumentar el umbral de posesión para el consumo personal a 28 gramos es una iniciativa para promover el consumo, como si hoy el consumo no existiera, como si la reforma fuera a instituir ex novo el consumo de mariguana, como si no existiera la percepción basada en la experiencia entre el 80 por ciento de la población de que conseguir mariguana en México es fácil o muy fácil.

López Brito pertenece a un grupo de médicos, entre los que también se cuenta el presidente de Conadic, que se quedaron con los prejuicios sanitaristas y raciales de la época de Anslinger y prefieren que su trabajo lo haga la policía, en lugar de ponerse a diseñar estrategias de prevención y atención de los consumos problemáticos basadas en el avance científico. Buena parte de la comunidad médica mexicana está anclada en este tipo de prejuicios y, de manera descabellada, no parece comprender que, si de proteger la salud de los usuarios de drogas se trata, lo peor que se les puede hacer es encarcelarlos, sin siquiera diferenciar entre los consumidores problemáticos y los que no lo son. No me parece que sean fieles al juramento hipocrático del que tanto alardean, cuyo principio toral es precisamente no causar daño.

En el frente conservador están también los epígonos de la iglesia católica, como los orates de Sin mota somos más, que no hacen más que aferrarse al terror puritano de que alguien pueda usar sustancias sólo por el humano deseo de sentir placer. El deseo es mala palabra para la moral católica y para combatirlo son capaces de engendrar las más disparatadas patrañas, como esa que le oí a uno de sus representantes en la mesa donde participé en el foro de Guadalajara, que afirmó que él conocía a un señor que usaba lentes de fondo de botella debido a su alto consumo de mariguana. Esos son los refinados agentes del clero en este debate.

Hay otros actores en la coalición contrarreformadora más estratégicos en sus cálculos y mucho más oscuros en sus objetivos. Sus movimientos son soterrados y tramposos. Un ejemplo conspicuo de estos es el abogado de dudosa reputación Ulrich Richter, quien ha usado tácticas de leguleyo para obstaculizar el avance de la causa reformadora por la vía judicial, aupado, según señalan diverso indicios que valdría la pena documentar, por la eminencia gris del gobierno, el tenebroso Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos. Bien haríamos quienes estamos en la coalición reformista en desentrañar sus motivaciones.

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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