Por Vladimir Tlali y Justine Baptiste, Sin Fronteras 

En México este 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Si bien existen críticas respecto al origen y significado de esta conmemoración como un reforzador de estereotipos de género frente al rol de las mujeres en nuestra sociedad, lo cierto es que la mayor parte del país brinda honor en este día al fuerte vínculo que existe entre las madres mexicanas y sus hijos. Sin embargo, en el contexto de la así llamada «guerra contra las drogas» y la crisis de derechos humanos asociada a ella, no todas las madres podrán celebrar junto a sus hijos, ni todos los hijos junto a sus madres.

Las cifras sobre desaparición de personas en México son opacas y macabras a la vez: mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Gobierno de la República registra a 27 mil 659 personas desaparecidas al cierre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registra más de 21 mil casos de personas migrantes secuestradas o desaparecidas en México. Mientras tanto, los informes de la sociedad civil hablan de una cifra que ronda entre las 70 mil y las 150 mil personas migrantes desparecidas desde 2007.

En todo caso, en la escala humana, todas estas cifras se traducen en miles de familias afectadas no sólo en México sino también en nuestros vecinos del sur: las madres centroamericanas sin sus hijos, y los hijos centroamericanos sin sus madres tienen poco o nada que celebrar hoy.

Frente a esta dolorosa situación es comprensible el surgimiento de diferentes movilizaciones sociales que buscan hacer frente a la crisis de derechos humanos por la que nuestro país atraviesa, y en particular en el caso de la desaparición forzada: Por un lado, podemos encontrar a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, así como la Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijos e hijas, y buscando la verdad y la justicia.

Ambos movimientos se suman a los miles de padres y madres que de forma anónima buscan sin cesar a sus hijas e hijos desaparecidos tanto por particulares como también de forma alarmante, por la acción, omisión o aquiescencia de agentes del Gobierno mexicano, de acuerdo con la información provista por sendos reportes internacionales como el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Organización de las Naciones Unidas sobre su visita a México en 2011 o el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó la desaparición de los 43.

Mientras que por el otro lado, en el contexto de otra de las múltiples caras de la crisis de derechos humanos que vivimos en México, en este caso el aumento de la violencia contra las personas migrantes que atraviesan cada año nuestro país, resulta necesario recordar y visibilizar en este día la digna lucha de las miles de madres centroamericanas que desde 2004 y a lo largo de casi 12 años han recorrido sin cesar el territorio mexicano buscando a sus hijos e hijas arrebatados por el crimen, la violencia, la impunidad y la ineficacia de las instituciones mexicanas de procuración y administración de justicia: La Caravana de Madres Centroamericanas.

Como cada año, en noviembre pasado las madres de la Caravana buscaron a sus hijos e hijas: visitaron algunas cárceles y albergues, participaron en encuentros con la sociedad civil, se sometieron a pruebas de ADN e interpusieron denuncias frente a autoridades de estados tan variados como Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, en diciembre de 2015 tuvieron también oportunidad de reunirse con algunos miembros del Senado de la República, ante quienes expresaron el dolor y la dificultad de buscar a sus hijos e hijas, así como la necesidad de incluir sus problemáticas en las discusiones relacionadas con la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares, cuyo proyecto de Ley fue turnado al Congreso por el Presidente Peña Nieto en ese mismo mes. Sin embargo, y a pesar de que sus demandas coinciden con la recomendación número 23 (sobre desaparición de migrantes) de las observaciones del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas al primer informe entregado por México en esta materia, las madres no lograron obtener más compromiso de los legisladores que su comprensión y su apoyo moral para impulsar la Ley sobre Desapariciones.

Cabe destacar que al 30 de abril de 2016, fecha de cierre del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión en México, la Ley sobre Desapariciones, no ha sido aún dictaminada, ni mucho menos aprobada.En contraste, frente a los vacíos legales existentes, en diciembre del año pasado, la Procuraduría General de la República anunció la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, cuya titular desde marzo de 2016, Leonor de Jesús Figueroa Jácome, será responsable de investigar y perseguir los delitos por o en su contra, con excepción de los casos relacionados con la delincuencia organizada.

Si bien es demasiado pronto para evaluar el alcance que en materia de acceso a la justicia brindará este mecanismo a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, es necesario urgir a nuestras y nuestros funcionarios, legisladores e impartidores de justicia para que actuando de forma expedita en el ámbito de sus atribuciones, pero sobre todo actuado de forma humana y solidaria, puedan ayudar a sanar el dolor y la angustia de todas las madres y todos los hijos para quienes este 10 de mayo no será ninguna fiesta.

Redacción/SinEmbargo

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