En medio de los jaloneos del final del período ordinario de sesiones del Congreso, la iniciativa presidencial de liberalización limitada de la mariguana quedó atorada, junto con las leyes secundarias para regular el sistema nacional anticorrupción. Entre el estira y afloja político de intercambio negociado de votos y el imperio de la ignorancia, la de por sí minimalista propuesta presidencial, anunciada con bombo y platillo en un acto de gran solemnidad republicana, se convirtió en moneda de cambio para unos, mientras otros ponían por delante sus prejuicios para bloquear el pequeño avance que significaría aumentar el umbral de portación de cannabis para uso personal a 28 gramos, la despenalización plena de los consumidores de sustancias sicoactivas en los límites de la tabla establecida en la Ley General de Salud, la legalización de los derivados farmacéuticos de la planta y la autorización para la investigación científica sobre los cannabinoides.

La negociación planteada en el Senado se entrampó en buena medida porque a la mayoría de los senadores les pasó de noche toda la discusión que se dio tanto en las audiencias públicas a las que convocaron de consuno la Cámara de Diputados y el Senado mismo, como en los dos meses de foros de debate convocados por el ejecutivo, donde una vez separada la paja del grano, se puede encontrar toda la información y la evidencia seria que sobre el tema ha producido la academia y la comunidad científica.

Parecería redundante, después de toda la discusión dada, repetir los argumentos sobre el fracaso de la prohibición como estrategia para enfrentar el consumo de drogas –tema que el Presidente de la República solo abordó retóricamente, pero que no se reflejó en su propuesta, pues esta deja intacto al mercado negro–, y el absurdo de castigar penalmente a los consumidores de sustancias, asunto que, aunque de manera limitada si está considerado en la reforma propuesta por el ejecutivo. Sin embargo, varios senadores, encabezados por el presidente de la comisión de salud de la cámara alta, no acusaron recibo de lo expuesto y mantuvieron sus anteojeras ideológicas a la hora de enfrentar el asunto. El senador López Brito, enfundado en su bata de médico, simplemente no permitió el trámite de la iniciativa.

Según él “participó” en las audiencias públicas del legislativo, pero en realidad no estuvo presente en las sesiones que atañían directamente a la comisión que preside, pues sólo asistió un día a presentar su iniciativa de usos farmacéuticos de los cannabinoides y no escuchó la argumentación larga de varios ponentes sobre el despropósito de encarcelar a jóvenes consumidores a los que la prisión arruina la vida mucho más que cualquier consumo de sustancias.

Según reportó un periódico, Ernesto Cordero, sedicente liberal panista, llegó a la reunión de su bancada con una báscula para asustar a las buenas conciencias católicas de sus compañeros de partido con el petate del muerto de que si un cigarro de tabaco pesa menos de un gramo, 28 gramos de cannabis sería una cantidad desproporcionada para la posesión personal, sin conocer nada de cómo se abastecen los consumidores, quienes llegan a comprar bastante más cantidad de yerba, dependiendo de la calidad y el precio, para su abastecimiento, sin ninguna intención de comercio. Otro legislador que pasó por alto las audiencias en las que se pudo informar de las evidencias, mientras prestó oídos a los enviados de los Centros de Integración Juvenil –organización subvencionada por el Estado, pero que se aferra a la información de hace un cuarto de siglo sobre los efectos de la mariguana en el cerebro, encabezados por una conspicua activista del prohibicionismo más acedo– y de los disparatados representantes de Sin mota somos más, grupo creado para la ocasión por la Unión Nacional de Padres de Familia, agencia eclesiástica de añeja presencia en la lucha contra el laicismo en la educación y que usa la mentira y la desinformación para imponer sus prejuicios.

La mayoría de los senadores del PRD, por su parte, mostraron que su compromiso con la liberalización de la política de drogas era sólo de dientes para afuera. Con tal de no otorgarle un punto a Peña Nieto, enfrascados en el jaloneo sobre las leyes anticorrupción, también hicieron lo suyo para bloquear un cambio que, aunque limitado, significaría la reducción del acoso a los consumidores de mariguana y permitiría la liberación de un número significativo de presos que no han cometido ningún delito violento ni le han hecho daño a nadie más que, en todo caso, a ellos mismos.

Una cosa mostró la discusión soterrada y de pasillo sobre el tema: lo pertinaz de la ignorancia. A pesar de que existe suficiente evidencia publicada sobre la inexistencia de una dosis letal de THC u otro cannabinoide, hubo médicos que no han leído un libro en los últimos 20 años, pero que cabildearon en el Senado sobre el peligro de recetar medicamentos derivados del cannabis por el riesgo de que se pudieran dar muertes asociadas a su consumo. También ha imperado el prejuicio sobre la producción nacional de cannabis para uso farmacéutico, no vaya a ser que se desvíe al mercado negro, como si durante décadas las organizaciones especializadas en mercados clandestinos no hubieran consolidado sus fuentes de abastecimiento.
Una reforma muy limitada, que apenas hubiera abierto un resquicio para el cambio urgente en la política de drogas, pero que hubiera aliviado la situación de consumidores y enfermos hoy condenados por una política fracasada, quedó en el aire, pateada hacia un incierto período extraordinario de sesiones. Habrá que esperar a que cuando se abra de nuevo la discusión se impongan la sensatez y la evidencia frente a la cerrazón catecúmena.

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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