En nueve de los doce comicios que se celebraran en junio próximo, luego de las elecciones de Colima, hay diez candidatos a Gobernador que se registraron como independientes: En Aguascalientes va el ex priista Gabriel Arellano que ha intentado dos veces ser Gobernador en su estado; en Chihuahua es el ex líder de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial, José Luis Barraza; en Durango va el médico y ex funcionario de gobierno, Alejandro Campa; en Puebla la ex candidata panista al gobierno del estado, Ana Teresa Aranda; en Sinaloa, el ex priista y ex funcionario estatal Francisco Frías; en Tamaulipas, el ex perredista y ex convicto, José Francisco Chavira; en Tlaxcala, el ex priista y ex perredista Jacob Hernández; en Veracruz, el ex panista Juan Bueno Torio, y en Zacatecas van los empresarios sin antecedentes partidarios Alma Rosa Ollarvides y Rogelio Soto. Más decenas de candidatos a diputados locales, alcaldes y síndicos procuradores que seguramente están en las mismas circunstancias políticas.
La mayoría de ellos, como podemos apreciar, tiene antecedentes partidarios incluso algunos han sido dirigentes políticos, lo que hace suponer que aun teniendo el poder no les alcanzó para ganar y ahora buscaran el triunfo como candidatos independientes, lo mismo sucede con empresarios de distinto tamaño que igualmente buscan una posición de poder. Ninguno de ellos la tiene fácil, van en contra de los candidatos partidistas que cuentan con un grado de conocimiento, reconocimiento, estructura y mayores recursos económicos además, de la operación que pudieran estar realizando los gobernadores y alcaldes para garantizar el triunfo de su preferencia.
Incluso, no menos importante, es el desafío que les representa montar una estructura operativa en sus estados que se traduzca en los votos necesarios para ganar la elección constitucional. Y, no es poca cosa, cuando siendo independientes no cuentan con un piso de votantes, lo que si sucede en los partidos que tienen clientelas electorales. Ello significa que en esta cruzada por el sufragio van a partir en el mejor de los casos con su nombre, marca, discurso, liderazgo, prestigio profesional, familiar y, sobre todo, con el hartazgo que existe en franjas importantes del electorado, y qué al menos para la elección presidencial de 2018, el 67 por ciento de una encuesta reciente de intención de voto acaba de declarar que podría votar independiente.
En el caso de los ex militantes de partido desprendidos que hoy van como candidatos independientes, tendrán que sacudirse el desprestigio y desconfianza que tiene el haber militado en uno de ellos, además tendrán que ganar la confianza de sus posibles electores en un tiempo record. Algo, que se ve difícil, salvo que hagan en cada estado propuestas de contraste que sean creíbles, viables y financiables.
Jorge Castañeda en su libro Sólo así: Una agenda ciudadana independiente da la pauta cuándo establece tres ejes para la elección presidencial de 2018: Partidocracia, corrupción y violación de los derechos humanos. Que, sin ser necesariamente, lo que trae en promedio la gente en la cabeza perfectamente podrían ser los mismos en cada estado, pues al final de cuentas son problemas que atañen a todos y solo tendrían que ser atendiendo a la especificidad regional. Más, todavía, si lo que se quiere es que con ejes puntuales crezca la ola de las candidaturas independientes en perspectiva de 2018.
La pregunta es si estos: ¿Lo están haciendo?
Respecto a los candidatos independientes empresarios, con la diferencia entre grandes y medianos, no se puede omitir que este segmento pequeño de la población cada día tiene un mayor protagonismo en la vida política nacional. Actualmente son muchos sus aspirantes a cargos de elección que están en busca de gubernaturas, alcaldías o curules a través del sistema de partidos. Han desplazado en muchos casos a quienes tienen trayectoria partidaria. Algunos de ellos incluso ya están gobernando y estarán gobernando muy pronto lo que vendrá a reforzar la posición de los empresarios en el sistema de representación.
La pregunta en este caso es: ¿Cuál es la oferta que tienen estos candidatos independientes? Visto en clave de clivajes históricos los empresarios representan una de las fracturas clásicas que dieron origen al sistema de partidos (las otras son la religión, la región y los trabajadores) y eso no ha cambiado. O, bueno, si ha cambiado se han perdido los equilibrios entre ellos. Entonces, en México estamos ante un proceso silencioso de empresalización del sistema de candidaturas y representación política, sean partidarias o independientes, y eso va mucho más allá de una simple alternativa al “insuficiente sistema partidos”, introduce elementos nuevos a la vida política, es la afirmación de un clivaje transversal que recorre a los partidos grandes. Esto es, que sus intereses, como nunca están hiper-representados, en perjuicio del mundo laboral.
Y es que el empresario que entra a la política, por su propia naturaleza tiene una visión de negocios, de ganancias, rentabilidad. En tanto el político, y aquí haríamos una acotación, nos referimos al profesional de la política que al margen de posturas ideológicas y políticas, actúa y distingue entre el ámbito de lo privado y lo público, busca el equilibrio y gobernar para todos, incluidos por supuesto los que menos tienen, quienes frecuentemente no aparecen en la lógica de la ganancia. Hay experiencias de empresarios en política que cobran como ejecutivos, gobiernan como ejecutivos y dejan quebrados estados y municipios.
Y es que en política, una cosa es el medio para el acceso al poder y otra muy distinta es lo que tiene que ver con la generación de bienes públicos. La política debe convertir sus ingresos en bienes públicos. No ver en ella la posibilidad de privatizar, cómo ha sucedido, en muchos lugares del país, donde en sintonía con la privatización de los bienes nacionales se llevan a cabo la de los servicios públicos estatales y municipales.
Ante esto lo que estamos viendo es que las candidaturas independientes aparecen como alternativa a la “corrupción extendida” en las instituciones públicas y como alternativa aparece como oferta “el control de la corrupción” y, para ello dicen, que mejor el político empresario. Aquel que la narrativa interesada dice que “no tiene necesidad de corromperse”. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que la empresalización de la vida pública lleva la institucionalización de los negocios públicos en manos privadas. Cuántos negocios privados no han surgido de la función pública. Muchos y cuantiosos.
Entonces, estamos ante un dilema que se dice dirimen los votos, pero en realidad estamos en el dilema del prisionero, es decir, en un sistema de opciones cerradas donde la disyuntiva es “que te gobierne un político corrupto” o “un empresario que llega a hacer negocios”. En clave del enfoque de elección racional está la disyuntiva acerca de cuál es el costo beneficio de votar la primera opción y cuál es el costo de hacerlo por la segunda. Y eso es lo que deja entrever el sesgo que está definiendo la relación política-negocios.
Quizá, entonces, lo importante es saber cuál es la agenda de gobierno, sus prioridades, sus tiempos, para evitar ser víctima de un engaño o la demagogia y no sufrir el riesgo de seguir “empresializando” la política a través de candidaturas partidarias o independientes.
En definitiva, las candidaturas independientes es una respuesta al hartazgo de los ciudadanos pero no hay garantías de que quienes acceden al poder por esta vía garanticen el cumplimiento de su programa de gobierno y beneficio público.
Y, vamos, a lo mejor si desean contribuir a oxigenar la vida política y mejor el sistema de partidos.
Pero, cómo ahora estamos viendo en Nuevo León, o Morelia, no es suficiente. Lo partidos y los poderes facticos están ahí.
Pesan.
