En estos días en los que la discusión sobre política de drogas ha adquirido relevancia en los medios –tanto por la iniciativa de Ley General para el control del Cannabis, que presentó el Senador Roberto Gil Zuarth, como por la conclusión del debate convocado por el Gobierno y la proximidad del período extraordinario de sesiones de la Asamblea general de la ONU sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016)–, el ridículo de la semana lo hizo el Presidente Peña Nieto con el anuncio de que no participará personalmente en la cumbre de Nueva York de la semana próxima.

No atino a entender la racionalidad detrás de la decisión de cancelar la asistencia presidencial a la sesión de las Naciones Unidas promovida por México, junto con Guatemala y Colombia. Nadie esperaba que Peña fuera a la UNGASS a presentarse como paladín del antiprohibicionismo, pero el documento que se discutirá y casi seguro se aprobará ahí recoge puntos importantes defendidos por la diplomacia mexicana, que en el proceso de elaboración logró ampliar sustancialmente el grupo de países proclives a una reforma que acabe con la guerra contra las drogas.

La declaración final de UNGASS no será un documento que reforme de la noche a la mañana con el actual sistema internacional de control de drogas, pero representa avances en el margen relevantes para atemperar los daños que la prohibición ha generado a los usuarios de sustancias sicoactivas, a las sociedades y a los Estados. Eso es lo que se esperaba que defendiera Peña Nieto en Nueva York la próxima semana. Y decidió no ir, con lo que debilita el frente que tanto esfuerzo de los negociadores mexicanos costó construir. Un error en toda la línea de un gobierno que ha mostrado una gran debilidad en política exterior y que ha optado por hacer relaciones públicas y promoción turística en el mundo en lugar de diplomacia. El Presidente de la República le debe una explicación a la nación y el Senado debería exigírsela en una comparecencia de la Canciller.

Mientras, el gobierno oculta la cabeza para hacer como si el asunto no existiera, después del anticlimático final de sus foros de debate, donde el protagonismo no lo tuvo el Secretario de Gobernación –quien después de dos buenos discursos acabó por no tomar una posición clara– sino el Senador Roberto Gil, con la presentación de una iniciativa integral para regular los usos médicos, farmacéuticos y personales de la mariguana, con la que el Estado le arrebataría el control del mercado a los delincuentes, pero evitaría que se crearan incentivos mercantiles que propiciaren un aumento en el consumo de una sustancia que no es inocua e implica riesgos para la salud que deben ser prevenidos y acotados.

Un elemento central de la iniciativa que presentó Gil, en cuya elaboración participé, es la creación de un estanco estatal, un monopsonio, encargado de comprar toda la producción de cannabis a los campesinos hoy cautivos del crimen organizado y canalizarla tanto a los puntos de venta para el consumo personal, como a los laboratorios para su transformación farmacéutica o a los dispensarios para uso terapéutico. Éste se ha convertido en un punto polémico del proyecto. No tardaron en salir los cruzados del libre mercado a atacarla con sorna. Primero, Isaac Katz, profesor de economía del ITAM, escribió un tuit burlón diciendo que si la intención era acabar con la mariguana ese era un buen camino; después, en el programa de televisión que conduce, Leo Zuckermann cuestionó a Héctor Aguilar Camín y a Jorge Castañeda cuando defendían la iniciativa por la burocratización e ineficiencia que advierte en el texto. Finalmente, el caricaturista Calderón buscó entre sus archivos un cartón de hace cuatro décadas en el que hacía escarnio de las paraestatales de la época y proponía la creación de MOTAMEX como la solución para sacar a la mariguana del mercado.

Desde la discusión del diseño del modelo previmos que no iban a faltar las críticas contra la creación de una empresa del Estado encargada de acaparar el mercado. El que con leche se quema hasta al jocoque le sopla, dice el refrán. Y en efecto, en este caso le están soplando al jocoque quienes no entienden que precisamente porque no queremos un mercado eficiente en términos de la racionalidad económica es que proponemos un estanco que evite el surgimiento de competencia. La mariguana no es una mercancía común y corriente por los riesgos a la salud que implica. Enfrente tenemos el caso del tabaco, una sustancia peligrosa que ha costado muchísimo controlar precisamente porque su comercio está en manos de grandes compañías integradas verticalmente que han usado sus recursos y su poder tanto para ocultar información sobre los daños a la salud provocados por el cigarro, como para evitar regulaciones que limiten el consumo y prevengan a la población de los riesgos. Otro ejemplo a la mano es el alcohol, la principal sustancia de abuso en nuestro país, también en manos de grandes empresas mercantiles que lo publicitan sin recato e incitan al consumo desmedido.

Como no queremos que eso ocurra con la mariguana, proponemos un modelo de mercado no competitivo, estancado. No se trata de una reminiscencia de los tiempos de Echeverría. En Suecia, lo mismo que en 18 estados de la Unión Americana, el alcohol es vendido en estancos estatales, con una fuerte carga tributaria para desincentivar su consumo. Nadie en su sano juicio plantea prohibir de nuevo el alcohol, pero se ha considerado necesario sustraer esta mercancía riesgosa de la competencia mercantil. Durante siglos, el tabaco en España también ha estado controlado por un estanco estatal y la regulación uruguaya, pionera en la materia, también ha creado un monopsonio para controlar a la cannabis. Es más: la propuesta de regulación de la mariguana hecha por los Liberales­–Demócratas en el Reino Unido también propone la creación de un órgano similar.

El reto del control estatal del mercado de la cannabis es establecer precios competitivos respecto al mercado negro para eliminarlo, pero lo suficientemente altos como para no estimular un crecimiento de la demanda. De ahí que no sólo se plantee la creación de la empresa acaparadora y distribuidora, sino de un órgano regulador separado que se encargaría también de fijar los límites de contenido de THC de la mariguana vendida para el uso personal y con ello limitaría los riesgos asociados a la venta de variedades demasiado potentes. La existencia de la empresa estatal acaparadora evitaría la captura del regulador por los intereses empresariales y la integración vertical del mercado, mientras que el órgano regulador separado limitaría las potenciales tentaciones de corrupción en el monopsonio público.

Sin embargo, la iniciativa no se limita a poner toda la posibilidad de aprovisionamiento en manos del Estado. Los defensores de la libertad personal en el consumo pueden estar tranquilos, pues el proyecto contempla también la posibilidad del autocultivo o la creación de cooperativas de producción con licencia, donde podrán cultivar las variedades que se deseen. Fuera del autocultivo y las cooperativas, la producción la harían los campesinos que hoy le venden a los criminales y los puntos de venta final también serían privados. Nada de asfixia estatista; sólo un control sanitario razonable.

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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