GIEI-Ayotzinapa
En El Universal, la periodista Katia D’Artigues, escribe que: «las sillas se quedaron vacías. Aunque en su cuenta de Twitter Enrique Peña Nieto (EPN) ‘agradeció’ al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de Ayotzinapa ‘la información y recomendaciones’, nadie de su gobierno fue a recibir, siquiera, el segundo informe (y el final) del grupo de expertos nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En primera fila, con identificadores se quedaron los lugares de dos subsecretarios y un Subprocurador: Roberto Campa (Gobernación), Miguel Ruiz Cabañas (Relaciones Exteriores) y Eber Omar Betanzos (PGR). Tampoco Jaime Rochín de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No llegaron. Vaya, ni Luis Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.El vacío de su parte fue claro. El propio James Cavallaro, de la CIDH, lo hizo notar. Se esperaba una contestación fuerte de parte del gobierno… pero no ha sido así. Muy extraño: al contrario. Como que hay un impasse […] donde todos reconocen el trabajo que ha hecho el GIEI, pese a su informe que es duro […]. Hay mucho que comentar de su informe, pero me centro en dos temas: 1) ¿Qué hacía Tomás Zerón, de la unidad criminal de investigación, digo, de la unidad de investigación criminal, un día antes de encontrar las bolsas con restos óseos en el río San Juan? ¿Por qué la diligencia no está en el expediente? Es, por lo menos, sospechoso. 2) ¿Qué harán si se comprueba, como parece, que 17 testigos clave para sustentar la ‘coculización’ del destino de los normalistas, fueron torturados? Sus testimonios, por debido proceso deberían ser desestimados. Además del problema que implica eso para la investigación y la ‘verdad histórica’ (y el oso internacional): ¿cómo seguir diciendo que la tortura en México es un problema menor? Y sobre el fondo, ¿cómo desenredar Ayotzinapa? ¿Cómo llegar a la verdad? ¿Qué pasará con las familias una vez que se vaya el GIEI en el que confían? […].»

En Milenio, el periodista Carlos Marín, escribe que: «si la duda (Descartes ‘dixit’) es el principio del conocimiento, el GIEI merece un sincero reconocimiento del gobierno de Peña Nieto por poner en entredicho afirmaciones clave de la investigación oficial del caso Iguala, en particular sobre el basurero de Cocula. Al saber que no habría un tercer periodo de colaboración con las indagaciones (el segundo y último plazo vence el próximo sábado), opiné que la mejor aportación de los expertos independientes fue (¡vaya paradoja!) descalificar ese muladar como sitio de quema de normalistas, lo cual condujo a lo único lógico: la realización de un tercer peritaje altamente calificado que despejara la incógnita. Por haberlo hecho un equipo en el que participaron, junto con otros cuatro especialistas, la ‘vaca sagrada’ del mundo en materia de quema de cuerpos humanos (John DeHaan) y el perito de confianza del GIEI (José Luis Torero), quedo pasmado por la fulminante descalificación que los expertos de la CIDH hicieron del informe preliminar que confirmó la hipótesis de la quema de restos humanos en el basurero. Dinamitaron su mayor éxito, pues».

En Milenio, el periodista Carlos Puig, escribe que: «en septiembre del año pasado, el peritaje de dinámica de fuego de José Torero puso de cabeza al gobierno mexicano cuando afirmó: ‘Es imposible establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos, pero no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo’. La solución fue la formación de un panel internacional de seis expertos. En febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense entregó su informe que incluyó un peritaje sobre fuego hecho por los expertos Greg Olson y Bryan Fisher. La conclusión fue que ‘la evidencia biológica y no biológica recuperada en el basurero de Cocula no respalda la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre del 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes desaparecidos’ […]. En marzo se reunieron con los peritos de las Procuraduría General de la República (PGR) y el equipo argentino y fueron al basurero. La primera vez Torero fue 20 minutos, ahora estuvieron dos horas. Veinte días después entregaron nueve cuartillas de las cuales seis son formalismos y tres son resultados preliminares. El panel repitió lo que los otros habían dicho, que ha habido varios incendios a lo largo del tiempo pero: ‘La duración y fechas de los fuegos no pudo ser establecida con la evidencia física disponible’. No sabemos la fecha de los fuegos, pero ¿podríamos saber si es posible que fueran los ’43’? ‘Podemos hipotetizar acerca de las condiciones, cantidades de combustible, tiempo y circunstancias necesarias para una quema masiva de 43 cuerpos como lo indican las declaraciones, pero solo una prueba a escala completa podrá confirmar o derribar cualquier hipótesis desarrollada a partir de las declaraciones. Los factores desconocidos son lo que las condiciones necesarias (sic) para la destrucción total de 43 cuerpos por un periodo de 16 horas’. Tampoco tenemos respuesta. ¿Qué se necesita? Más estudios. Pero su contrato ya está terminado y pagado, en dólares, por hora de servicio. La PGR no parece querer hacer los nuevos estudios. Se me hace que nos vieron la cara esos seis. Y no fue barato».

En Milenio, el periodista Jairo Calixto Albarrán, escribe que: «cuando los miembros del GIEI afirman que en México han visto cosas que no se ven en otras partes del mundo, se puede decir que no hay nada nuevo bajo el sol, que tienen la boca retacada de razón y, sobre todo, que a pesar de su estancia en la patria no captaron el ‘savoir faire’ de la mexicana alegría. Si sus investigaciones hubieran sido provistas de todas las facilidades […] y les hubieran explicado los laberintos escherianos Región 4 que componen las esferas de poder, entonces las cosas no se hubieran dado en México sino en Suiza, un lugar donde no sabrían apreciar el desparpajo administrativo y folclor institucional en el cual vivimos […]. Es increíble que estos expertos independientes no hayan podido comprender que en México solo quedan dos instituciones intocables: la Virgencita de Guadalupe y el Ejército. A ver, para qué querían cuestionar al 27 Batallón de Infantería de Iguala si es de sobra sabido que en ese espacio sacrosanto y modélico donde se combatió a la guerrilla de Lucio Cabañas con puros métodos apegados a los derechos humanos, desde antes de que existieran los derechos humanos y mafufadas como el ‘debido proceso’, tan incomprendido como cuando, gracias a los altos niveles de investigación detectivesca de los emepés, se usa para dejar libres a secuestradores, tal cual el caso de Nelson Vargas. Al GIEI le llama la atención el tema de la tortura y las autoridades. O sea, ¿acaso quieren que se tiren al caño todos esos litros de Tehuacán y esas toneladas de chile piquín que se guardan desde los tiempos de la ‘dirty war’? Además, estoy seguro que lo del uso de las bolsas de plástico en los interrogatorios es por un tema ecológico y de reciclaje, por favor. México es tan surrealista, que los teléfonos de los 43 sonaron cuando la PGR dijo que ya estaban en el basurero de Cocula».

En El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola, escribe que: «expuestas las investigaciones y soltadas las declaraciones, la de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, como muchas otras tragedias en México, alcanza para que cada parte interesada tenga los suficientes argumentos para defender su posición, su punto de vista e intentar incidir en la opinión pública para que la lectura de los hechos tenga el giro […] más a su favor […]. Para los opositores al gobierno de Peña, este es el discurso sostenible: El gobierno mexicano manipuló evidencias, armó una ‘verdad histórica’ basada en declaraciones obtenidas por tortura y obstaculizó sistemáticamente al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sostener su teoría y mantener un pacto de silencio institucional sobre ese crimen de Estado. Con evidencias científicas, el GIEI demostró que es imposible que los estudiantes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Para minimizar ese hecho, el gobierno mandó hacer un peritaje a modo […] que arrojó conclusiones vagas a partir de las cuales el Estado se aferra a su versión original […]. El GIEI aportó líneas de investigación que el gobierno quería mantener ocultas […]. El régimen se opuso de principio a fin a que se tomara declaración a soldados desplegados en Iguala la noche de los hechos. Cuando el gobierno se dio cuenta de que los expertos del GIEI no se prestarían a legitimar su indagatoria, orquestó una campaña de desprestigio contra ellos. Tras más de un año de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se va expulsado del país porque el grupo gobernante no toleró más que lo siguieran exhibiendo. Con la expulsión del GIEI, queda el camino despejado para el carpetazo de facto, para mantener las responsabilidades en el ámbito municipal y transitar de cara al proceso electoral de 2018 con el proyecto de mantener al partido en el poder, pese a la incredulidad nacional e internacional en la investigación de la barbarie del 26 de septiembre de 2014.»

#Ley3de3, un fiscal a modo
En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: «el atorón del Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado se reduce prácticamente a un solo punto: la condición del bloque Partido Revolucionario Institucional (PRI) – Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de proponer al titular de la Fiscalía Anticorrupción, cargo que se pondrá en marcha como resultado de las reformas. No obstante, para el Partido Acción Nacional (PAN) de Ricardo Anaya y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Agustín Basave, la idea de un fiscal ‘a modo’ es intransitable y prefieren esperar un periodo extraordinario o incluso hasta septiembre próximo para votar la #Ley3de3».

En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: «a solo cinco días de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el paquete de reformas para crear el Sistema Nacional Anticorrupción aún respira. El pasado fin de semana se dio una reunión lejos de los reflectores entre representantes de los organismos civiles que empujan el tema y varios senadores, entre ellos Raúl Cervantes (PRI) y Pablo Escudero (PVEM). El dato resulta relevante porque los impulsores de la lucha anticorrupción llevan como insignia la Ley 3 de 3, a la cual ha opuesto serias objeciones el Senador verde. Sin embargo, por lo que se cuenta de esa reunión, la cosa parece finalmente ir caminando. Tan es así que no se descarta contar con un predictamen entre hoy y mañana, con ganas de cumplir con el propósito de aprobar todo el paquete antes de que acabe abril. Pero como una cosa es la intención y otra la realidad, habrá que esperar hasta el último minuto».

Acapulco, fuego y armas
En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticosasegura que: «todo el mundo sabe que la delincuencia se ha desatado en Guerrero desde hace mucho tiempo. ¿Qué sigue ahora? ¿Que el puerto sea sitiado con tanquetas, helicópteros y lanchas torpederas?, ¿aplicar el toque de queda e ir peinando casa por casa?, ¿controlar el suministro de agua y luz a cambio de que delaten a sus familiares criminales? Héctor Astudillo, el Gobernador, quiere que se hable bien de Guerrero, pero la situación ya se le salió de control. Mientras, los visitantes no volverán hasta que haya una verdadera disminución de la delincuencia. Bien lo alertaba hace unas semanas el gobierno de EU lanzando un ‘Warning’ a sus ciudadanos para que no visitaran el puerto. ¿Algo saben o sabían que nosotros no?»

Sorpresas en el tema de seguridad
En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: «soy se dará a conocer el Índice de Paz México 2016, que produce el Instituto para la Economía y la Paz, y nos adelantan que presenta varias sorpresas. La tasa de delitos con violencia y la de crímenes de la delincuencia organizada disminuyeron 8 por ciento y 10 por ciento respectivamente. El reporte añade que 2011, uno de los más álgidos de la guerra contra la delincuencia organizada, el nivel de paz en México mejoró 13 por ciento. De acuerdo con el reporte, 25 de los 32 estados son más pacíficos hoy que en 2011. Los cinco estados más pacíficos son: Hidalgo, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí. Mientras que las entidades menos pacíficas son: Guerrero, Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur. Aunque llama la atención que entidades como Guanajuato y Querétaro empiezan a despuntar con aumento en la violencia.»

Que fácil es ser estado
En El Universal, su Editorial, escribe que: «en este 2016, por primera vez en siete años, se usaron recursos ahorrados en el Fondo de Estabilización de los Ingresos para las Entidades Federativas para cubrir la caída en los recursos que los estados suelen recibir gracias a la venta de petróleo […]. Ayer Hacienda anunció la entrega a los estados y los municipios de 10 mil 300 millones de pesos. Marcela Andrade, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, acompañó la información con un llamado a los gobiernos locales: ajusten su gasto con miras a 2017 porque no habrá en ese año más recursos que ahora. Fue una manera amable de decirles: ¿cuántos de ustedes, señores gobernadores, han mejorado sus ingresos locales; generado una mayor recaudación o cortado su gasto en previsión de futuras complicaciones? Aunque en los últimos años ha habido avances en la recaudación a nivel nacional, el país aún está rezagado […]. Prácticamente todos los recursos que ejercen las entidades del país provienen de las transferencias federales; sin éstas, su situación financiera sería insostenible. Hasta ahora, cuando la Federación no los rescata de sus dificultades, los gobiernos estatales recurren a créditos bancarios que después heredan a sus sucesores. La población, vía el erario, termina pagando por el despilfarro. Es momento de que los estados flojos comiencen a considerar incrementos en impuestos locales como el cobro del predial o de otros servicios para compensar la disminución de recursos disponibles, además de apretarse el cinturón con programas de austeridad y recortes al gasto. Desde luego, cobrar impuestos no gusta a nadie […]. El día en que las entidades dejen de tener la herramienta fácil de estirar la mano a la Federación, no tendrán otra opción que hacer su trabajo.»

Redacción/SinEmbargo

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