La semana pasada se abrió una nueva discusión sobre las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos en México.
La CIDH señaló en su informe anual que no se ha superado la falta de respeto ancestral del Gobierno hacia los gobernados en el país, destacó los “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas [de violaciones a sus derechos humanos] y a sus familiares” y como puntos críticos, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la inseguridad y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos.
La SRE salió en defensa de la nación con el mismo discurso de insistir que todos los casos “son casos aislados” y que no se reconocen avances, sin embargo cuando hacemos un análisis comparativo entre los principales puntos del informe y la realidad de esta ciudad fronteriza, los tercos hechos dan la razón a la CIDH.
El abandono y engaño a las víctimas que sobrevivieron a la guerra multilateral (cárteles, soldados, federales, municipales, policías infiltrados por el narco y particulares) es indiscutible, con más de 50 mil víctimas directas de los 10 mil 500 homicidios entre 2008 y 2013.
El caso de las víctimas de Salvárcar ejemplifica el abandono. Han pasado 6 años sin encarcelar a 12 asesinos que participaron en la masacre y aún pasean libres por la ciudad, 6 años de insistir al Gobierno que la indemnización legal es de 40 mil pesos por muerte y de obligar a los deudos a ver el lugar donde mataron a sus seres queridos. Si fuera cierto que han avanzado en el primer punto, al menos ya estaría resuelto ese caso.
Salvárcar de Juárez esta semana ha sido incorporado al memorial de víctimas de la violencia del Estado, junto con los casos del New’s Divine, Casino Royale y los múltiples asesinatos de periodistas.
Aunque se grita a todo el mundo que en Chihuahua se acabó la violencia y regresó la paz, ¿cómo puede hablarse de paz si hay más de 10 mil crímenes sin justicia, sin detenido y sin enjuiciado? Jesús Ernesto Chávez Castillo, “El Camello”, confesó más de 900 homicidios y fue detenido en Juárez, pero no había orden de aprehensión en su contra. Fue extraditado ipso facto a El Paso, donde reconoció participar en la masacre de Salvárcar, aunque sólo es enjuiciado por la muerte de dos empleados consulares de EU en la ciudad.
El Código de Procedimientos Penales se reformó para validar las confesiones obtenidas bajo tortura y descalificar las declaraciones de más del 80% de los judicializados que alegan tortura exhibiendo las huellas de la misma, en cientos de casos no se ha sentenciado a un solo agente por denuncias en su contra.
En el Rancho La Herradura, del Valle de Juárez, hallaron ochos cadáveres de desaparecidos y ni siquiera quieren incorporarlos en las estadísticas porque el rancho no está en este municipio. Así como esos desaparecidos hay cientos que ni siquiera los familiares se atreven a denunciar por el temor a ser víctimas de nuevas agresiones.
Más de 500 están enterrados como desconocidos en la fosa común del panteón San Rafael. Todos esos son desaparecidos para sus familias.
Igual que en Veracruz, en Marzo de 2011 cuatro jóvenes fueron detenidos por 15 policías municipales y diez días después aparecieron degollados. Sólo se procesó a cuatro por desaparición pero a nadie por homicidio, y no se ha encontrado al que les cortó el cuello con pulso profesional. Los familiares tuvieron que huir de la ciudad.
Hay más de 20 denuncias concretas, con el cuerpo del delito comprobado de que se trató de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, y sólo dos casos se han procesado. Se dictó sentencia contra varios por los homicidios de 21 mujeres encontradas en un arroyo, forzadas y prostituidas en vida en un hotel frecuentado por agentes de los tres niveles, y no se sentenció a ningún autor material, ni a algún funcionario. El caso se cerró con encubridores declarados, pero los criminales que destrozaron a las mujeres siguen libres.
Quién podría creerle a la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando dice que vamos avanzando si el Gobierno federal no ha podido obligar al Gobierno estatal a que cumpla con una obligación establecida en la Ley General de Victimas, votada por el Congreso de la Unión y sancionada por el presidente Peña Nieto, pero el Gobernador sigue incólume y el presidente incapaz.
De verdad quisiéramos que lo que dice la SRE fuera verdad, pero creo que los hechos, los tercos hechos, dicen que la violación a derechos humanos continúa siendo generalizada y no se ha remediado nada.
