Las corporaciones de las bebidas azucaradas lidian una batalla global contra el impuesto a las bebidas azucaradas establecido en México. Por un lado, su preocupación es que el impuesto se vaya a incrementar en nuestro país del 10 al 20 por ciento, como se recomendaba desde un principio.
Sin embargo, la mayor preocupación para la industria de bebidas azucaradas está en que esta medida fiscal se extienda a otras naciones como una de las políticas de salud públicas dirigidas a bajar el consumo de estos productos y cubrir parte de las externalidades que generan. En India, Sudáfrica, Colombia, Reino Unido, China, y en otras naciones más, se está proponiendo la instauración de un impuesto similar y se discute y mira a México para saber qué ha pasado.
Frente a la investigación que publicó en el British Medical Journal el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y el Centro de Población de la Universidad de Carolina del Norte (CPUCN) en la que se encontró una disminución del 6 por ciento del consumo de estas bebidas en el primer año del impuesto, las refresqueras encargaron tres estudios para demostrar que el impuesto no había funcionado. Estos estudios le han servido a la industria para divulgar, en las naciones que discuten implementar el impuesto, que esta medida no sirve. En especial, presentan el estudio realizado por investigadores del ITAM para cabildear en contra de esta medida en esas naciones. Un problema que enfrentan es que estos estudios, los financiados por la industria, no han sido revisados por pares ni tampoco han sido publicados en revistas científicas.
El propio INSP había estimado que el impuesto de un 10 por ciento bajaría el consumo en aproximadamente un 10 por ciento, considerando que no sucedieran cambios significativos en el mercado. Sin embargo, la industria impulsó toda una estrategia para evitar que cayera el consumo. En 2014, Coca Cola lanzó en México la campaña más exitosa que ha tenido en muchos años: “Comparte una Coca Cola con…..”, en la que se incluían los nombres propios. Esta campaña fue lanzada en Australia en 2011 y logró incrementar las ventas en sectores de la población por primera vez en diez años en más de un decenio. Se comenta que en China esta campaña aumentó las ventas en 10 por ciento. También, en ese año se realizó la Copa Mundial de Futbol, el evento deportivo que representa una de las mayores inversiones en publicidad de las refresqueras. En medio de estas condiciones y de las estrategias de mercadeo y promoción de presentaciones de gran volumen dirigidas a incrementar el consumo, debería evaluarse qué hubiera sucedido en el consumo de bebidas azucaradas entre los mexicanos si no se hubiera establecido el impuesto. Es decir, no puede evaluarse el impacto del impuesto sin considerar estas circunstancias, sin hacer esta pregunta: ¿en esas condiciones cuál hubiera llegado a ser el consumo de refrescos?.
Como explicamos anteriormente, el estudio del INSP y el CPUCN contó con un Comité Revisor formado por expertos internacionales, además de que fue revisado por los expertos del British Medical Journal para evaluar su publicación. Daniela Barragan de Sinembargo entrevistó a algunos de los miembros del Comité Revisor, reportando que el doctor Frank J. Chaloupka, profesor distinguido en Economía por la Universidad de Illinois y de Chicago, “comparó la táctica de la industria de bebidas azucaradas, con la de la industria tabacalera, que ha recurrido a demandas internacionales y a la negociación con legisladores para frenar los impuestos, el etiquetado y la regulación de la publicidad, esto porque la evidencia científica demuestra que los impuestos sí funcionan”.
Es interesante ver que ConMéxico, que agrupa a las industrias de alimentos y bebidas, y ha sido un actor clave en el cabildeo en contra de todas las políticas públicas para prevenir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes (contra las recomendaciones sobre bebidas para la población mexicana, 2008; contra la regulación de alimentos y bebidas en escuelas, 2010; contra el impuesto a bebidas y alimentos chatarra, 2013, etc.) ha hecho alianza con el ITAM para dar voz a estos estudios y a sus aliados fuera del país.
En el 2012 se vivió en el ITAM un proceso interesante en materia de políticas públicas para prevenir el sobrepeso y la obesidad a través de un encuentro internacional con expertos en salud pública, nutrición, legisladores y sociedad civil de América Latina. De manera abrupta el ITAM interrumpió este proceso. Poco tiempo después, de la misma forma, el ITAM brindó su espacio para iniciar la discusión sobre la necesidad de implementar en México las acciones colectivas. En el propio ITAM, a partir de la iniciativa y patrocinio de la asociación de consumidores Alconsumidor se realizó un foro con expertos nacionales e internacionales sobre las acciones colectivas. También, bruscamente se interrumpió este proceso. En ambos casos corrió la versión de que estos procesos fueron interrumpidos por la influencia de las corporaciones al interior de esta institución académica.
La asociación del ITAM con Conméxico indica ir más allá de un evento para dar la versión de la industria de bebidas contra la medida fiscal del impuesto a sus productos, se comenta que se volverá un acuerdo de colaboración permanente. Para ello, al parecer, se pretende crear una instancia académica patrocinada por Conméxico al interior de esta institución para el estudio de las políticas frente a la obesidad. Es decir, esta instancia académica estaría patrocinada por un organismo que ha estado abiertamente en contra de las políticas de salud pública en materia de prevención de la obesidad y la diabetes. ¿Puede encontrase un mayor conflicto de interés en una instancia académica enfocada al estudio de políticas públicas contra la obesidad patrocinada por un organismo que se ha destacado por combatir las propias políticas públicas contra la obesidad que recomiendan organismos internacionales como la OMS y la OCDE? ¿Veremos en el futuro próximo al ITAM y a algunas otras instituciones académicas de nuestro país metidas en casos de conflicto de interés, como lo han estado instituciones académicas de los Estados Unidos tras el escándalo de los recursos que Coca Cola les ha entregado para investigación?. Diversas filtraciones en el New York Times, en el Wall Street Journal y agencias internacionales, sobre este tipo de financiamientos, obligaron al CEO de Coca Cola a revelar los recursos que esta empresa ha otorgado a investigadores, instituciones y asociaciones en los Estados Unidos, aunque se ha reservado parte de la información y en varias naciones más se le presiona a esta empresa para que dé a conocer el mismo tipo de información.
En el caso de Estados Unidos fue ampliamente difundida la situación en la que se involucró la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado que tuvo que regresar dinero a la empresa Coca Cola. La refresquera había financiado a un grupo de académicos que crearon el Global Energy Balance, una organización académica para hablar públicamente sobre el problema de la obesidad y que se demostró estaba enfocada en llevar la discusión de la obesidad y sus consecuencias en salud a un asunto únicamente de falta de actividad física y de balance energético, retirando su responsabilidad a las bebidas azucaradas.
En las más prestigiadas revistas científicas especializadas en salud es obligado señalar el conflicto de interés, es decir, los investigadores tienen que declarar si recibieron recursos de una entidad o empresa que pudiera tener un interés económico en los resultados del estudio. Esta práctica se está demandando en revistas científicas especializadas en otras materias ya que se ha demostrado el conflicto de interés generado por el patrocinio de corporaciones y su influencia en los resultados de las investigaciones. Este hecho ha provocado que varias revistas científicas se nieguen a publicar los estudios financiados por empresas que pueden tener un conflicto de interés en el tema. Este es el caso también del patrocinio de la industria del petróleo a estudios que concluyen que el cambio climático no existe o no está causado por las actividades humanas.
Marion Nestle, posiblemente, la más reconocida experta estadounidense en nutrición y salud pública, revisó 152 estudios financiados por la industria y encontró que 140 de ellos daban resultados que favorecían los intereses de las corporaciones. Además de distorsionar la ciencia, la industria de bebidas ha invertido sumas enormes en cabildeo con el poder ejecutivo y legislativo. En Estados Unidos la información sobre el dinero invertido en cabildeo es pública. Al menos se reporta parte de estos gastos. En 2009, cuando se pretendía discutir en el Congreso de los Estados Unidos una iniciativa para establecer un impuesto a las bebidas con azúcar añadida, la industria refresquera gasto 38 millones de dólares en cabildeo en ese país.
La industria refresquera, a través de Conméxico, ya anunció que llevaría los estudios que financió al Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles (OMENT), organismo creado por la Secretaría de Salud para evaluar las políticas públicas en materia de salud, especialmente, en la prevención y atención a la obesidad y la diabetes. Es interesante ver que en este organismo existe una muy fuerte representación de la industria y de asociaciones civiles que aparecen como independientes, aunque han recibido financiamiento de las refresqueras, y no participan los institutos de salud del Gobierno federal.
Como comentó Corinna Hawkes, miembro del Comité Revisor del estudio realizado por el INSP y la el CPUCN e investigadora honoraria de la Universidad de Londres: “México tiene que tener un enfoque más fuerte para reducir la obesidad y la diabetes, un plan integral”. En este sentido se creó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Desgraciadamente, políticas regulatorias fundamentales para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes, como lo son el desarrollo de etiquetados frontales en alimentos y bebidas realmente entendibles y útiles para la población, así como una efectiva regulación de la publicidad dirigida a la infancia de estos productos, se establecieron bajo los criterios de la industria profundamente ineficientes e, incluso, como lo es el caso de los criterios utilizados para el azúcar, representando un riesgo a la salud.xico tiene
