El relato de cómo murieron los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca, Veracruz, no podía ser más espeluznante, por el caso en sí mismo, lleno de una crueldad y cinismo policiaco espantoso, pero sobre todo por esa terrible sensación de déjà vu: el modus operandi es exactamente el mismo que el de Iguala hace año y medio. En ambos casos a los jóvenes los secuestró la policía, los entregó al jefe de plaza y luego los malandros los torturaron, quemaron y arrojaron al río para desaparecer cualquier rastro. Aquí no hay más que de dos sopas: o bien a alguien en la Procuraduría General de la República ya le gustó este relato de la verdad histórica que explica por qué no pueden encontrar a los desaparecidos, o bien los maleantes nos volvieron a aplicar exactamente la misma, lo cual, además de una vergüenza nacional, deja muy mal parada a las autoridades.

En cualquiera de los dos casos resulta imperdonable que en otro punto del país, en otra situación distinta, vuelva a suceder lo que nunca debió repetirse. Así como el Presidente dijo que sería imperdonable que el Chapo volviera a fugarse (y se perdonó a los irresponsables) resulta imperdonable que el asesinato que más ha cimbrado al país en los últimos años, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se repita paso a paso y que no exista responsabilidad política alguna.

Si, como han dicho las autoridades, fueron policías estatales los que secuestraron (porque en este caso decir detención es un eufemismo, una falacia) y entregaron a los jóvenes al jefe de plaza, la pregunta obligada es si los señores policías habían pasado los exámenes de control de confianza. Si resultaron aprobados, tenemos un problema grave en la forma de medir la confianza. Pero, si no habían pasado los exámenes hay una responsabilidad directa del jefe de la policía del estado de Veracruz y la Procuraduría General de la República tiene la obligación de procesarlo. Hasta ahora lo más lejos que ha llegado el asunto es al delegado de la policía estatal. Los de arriba se cubren entre ellos.

Pero más grave aún a que este sea el modus operandi del crimen organizado es que se trate de un modus vivendi, de una forma pactada de entre las fuerzas del Estado y el crimen organizado para “llevar la fiesta en paz”, o lo que es lo mismo, proteger los intereses mutuos a costa de la paz de los ciudadanos. En voz baja, pero audible para todo el que lo quisiera oír, los priistas presumían que ellos si sabían cómo negociar con el crimen organizado, pues lo habían hecho durante años. Con el regreso del PRI a Los Pinos no pocos esperaban que se restableciera el viejo pacto en el que el crimen organizado y el narcotráfico trabajaban para el Estado. Pareciera, tristemente, que en el nuevo modus vivendi es el Estado el que trabaja para el crimen organizado.

Diego Petersen Farah

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