Cualquiera pensaría que las contiendas electorales competidas, como han sido de un tiempo para acá la mayoría en comicios estatales en nuestro país, derivarían lógicamente en mejores gobiernos, más eficientes y honestos. Es evidente que no ha ocurrido así. En casi todos los casos, la disputa enconada y necesariamente costosa lleva al vencedor a una suerte de revancha enloquecida que se manifiesta en autoritarismo y saqueo. Pareciera que a mayor gasto en las campañas se incrementa la magnitud del desquite. Y es más descarado el latrocinio.

No es sólo el caso del coahuilense Humberto Moreira Valdés, capaz de endeudar de manera ilícita a su estado con 36 mil millones de pesos. La galería de ex gobernadores ladrones que nos ofreció hace unos días Sinembargo.Mx, aterra; aunque es incompleta. Están en ella el veracruzano Fidel Herrera Beltrán, el chiapaneco Juan Sabines Guerrero, el neolonés Rodrigo Medina de la Cruz, y el perredista sudcaliforniano Narciso Agúndez Montaño, entre otros. No están en cambio, por ejemplo, el tabasqueño Andrés Granier Melo ni el panista Guillermo Padrés Elías, que en lugar de gobernar Sonora lo saqueó, literalmente, con maletas repletas de billetes. Y a esa nómina habrán de sumarse pronto, al terminar su mandato, especímenes como el chihuahuense César Duarte Jáquez –acusado penalmente de enriquecimiento ilícito– y el veracruzano Javier Duarte de Ochoa, autor de atrocidades sin cuento.

Algunos ilusos soñamos alguna vez en esa idílica “democracia sin adjetivos” que vaticinó Enrique Krauze hace justo 31 años, en célebre ensayo publicado en enero de 1984 en la revista Vuelta, dirigida entonces por Octavio Paz. En un México dominado por un partido hegemónico y sumido en una profunda crisis, Krauze proponía –así lo dijo— algo sencillo para enfrentar el agravio de desigualdad, despilfarro y corrupción: la democracia plena. Dos años más tarde, en 1986, ocurrió el histórico despertar cívico electoral en Chihuahua sofocado por un fraude brutal y, en 1988, el levantamiento encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Vino por fin, con el año 2000, la anhelada alternancia cuando Vicente Fox Quezada echó al PRI de Los Pinos.

Ocurre sin embargo que hoy, 15 años después, el PRI habita de nuevo en la emblemática casa presidencial de Chapultepec y tiene en sus manos a la mayoría de los gobiernos estatales de la República. Tenemos ahora elecciones relativamente confiables –que nos costaron más de 18 mil 500 millones de pesos el año pasado– pero la democracia que soñamos se esfumo demasiado pronto. Los políticos y sus partidos la pervirtieron. La pudrieron. Si nunca había sido un oficio de gente precisamente proba, salvo excepciones, la tarea de gobernar se ha convertido casi sin excepción en ocasión de lucro ilegal. Nuestros gobernantes y sus partidos, que reciben cada año cerca de cinco mil millones de pesos en prerrogativas, toman el poder como botín a repartirse. Lo más lamentable –y significativo— es que lo mismo ocurre con gobernantes del PRI que con panistas y perredistas… a menudo expriistas. Todos son iguales. Unos tapan a los otros. La corrupción es su divisa, el cinismo su estigma.

Nada ha cambiado tampoco con los gobiernos fruto de coaliciones entre partidos. Oaxaca, Puebla y Sinaloa son ejemplos de eso. Ninguna de esas administraciones estatales respondió en absoluto a las expectativas del electorado que votó por una alternativa supuestamente distinta. Quedó demostrado que en esas alianzas, en las que todo se vale en aras de “detener al PRI”, la ambición prevalece sobre cualquier principio. No hay límite al pragmatismo corrupto, a la politiquería interesada. Es ya común que PAN y PRD se junten para postular a un priista despechado. El resultado en el mejor de los casos es que el triunfo electoral no tenga nada que ver con un gobierno mínimamente aceptable. Y respetable.

El espectáculo de la rebatiña entre políticos de todos los niveles y todos los uniformes, que no convicciones, es tan cotidiano como atroz. Rebatiña en su significado más puntual: “Acción de coger deprisa algo entre muchos que quieren cogerlo a la vez”. La impunidad campea a sus anchas, mientras los dirigentes partidarios solapan a sus propios trasgresores y postulan campañas contra la corrupción en las que ofrecen meter a los ladrones a la cárcel y advierten “que nadie nos diga que no se puede”.

Claro, pienso en el PAN y en Ricardo Anaya Cortés, su dirigente nacional, ante los casos flagrantes como el del propio Padrés Elías, los “moches” albiazules, el sinvergüenza exdelegado en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera (que pretende ahora ¡ser diputado constituyente de la CDMX!), y su pandilla; el extorsionador Luis Vizcaíno Carmona, o Jorge Luis Preciado, el derrotado candidato de ese partido a la gubernatura de Colima, que ofreció no impugnar la elección extraordinaria del pasado 17 de enero a cambio de que su contrincante y vencedor, el priista Ignacio Peralta, no continúe con las acusaciones penales que existen en su contra… De ese tamaño.

Lo más grave de todo es que los pervertidores principales de nuestra enclenque democracia, enriquecidos por el saqueo, tienen nombre y apellido. Están a la vista. Disfrutan de viajes y mansiones, lujos. Invierten lo mismo en campañas políticas que en empresas privadas o negocios ilícitos. Gozan de respeto y hasta admiración. Mantienen canonjías y privilegios. Algunos inclusive tienen fuero constitucional como legisladores o detentan nuevos cargos públicos, con envidiables sueldazos. Y nadie los toca. Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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