Doña Ángeles de la Roca llegó a mi despacho de Derechos Humanos y me dijo: “Ya no sé qué hacer con mi hijos, traen un desmadre en la casa, ¿quién puede encargarse de ellos?”. Así está la justicia mexicana.
Los casos penales más significativos que van en el año son los juicios contra Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y Humberto Moreira Valdés, y nuestra justicia es incapaz de procesarlos mientras ambos son presuntamente responsables de delitos muy similares en Estados Unidos.
El estado de Texas acusa a Moreira de lavado de dinero por aproximadamente 35 millones de dólares “robados del erario de Coahuila”; además se le investiga por supuestas relaciones con Los Zeta, perseguidos por conspiración para introducir cocaína a Estados Unidos. Por otro lado, a Guzmán Loera lo busca una corte de California que le ha imputado cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína. A ninguno se le ha dictado sentencia, por lo tanto ambos son presuntos inocentes.
Realmente los dos, Moreira y «El Chapo», deben ser considerados como los mexicanos procesados de mayor peligro por las acusaciones que cargan; habría que esperar los procesos y las pruebas para conocer las sentencias y entonces saber cuál de los dos es más peligroso.
Imaginen que se comprobara que el ex Gobernador llegó a un acuerdo con Los Zeta para que trabajaran impunemente en Coahuila, asesinando, secuestrando y enfrentando una cruenta guerra contra el cártel rival en Durango, y que además se robara 35 millones de dólares del erario; o que se comprobara que «El Chapo» ordenó a sus subalternos que trabajaran impunemente en Durango, asesinando, extorsionando y enfrentando una cruenta guerra contra el cártel rival en Coahuila.
Hay quien dice que Moreira, cuando le denunciaban algún crimen de gente de Durango, respondía: “pues que se queden en Gómez Palacio, que no vengan a Torreón”, mientras que «El Chapo» dio la misma orden de su lado. Sucedía entonces que los taxis y automóviles con placas de Durango o Coahuila se paraban en el límite del puente que une a las dos ciudades, cada uno en su lado respectivo.
La guerra entre los grupos delictivos representó una tragedia colectiva para la Comarca Lagunera, y las investigaciones se hacen bajo la hipótesis de que ambos habrían estado implicados en ella. Pero son sospechas, no hay sentencias y como serán enjuiciados en el extranjero, las pruebas están en México y aquí es muy difícil obtenerlas.
Los estados de Durango y Coahuila están sufriendo graves deterioros económicos y sociales, y no hay quién responda por los daños. El sistema de justicia es incompetente, lo dicen las investigaciones, y las órdenes de aprehensión y extradición, en su caso, han sido giradas por autoridades judiciales de otros países que reclaman competencia para condenar a los sospechosos.
¿Cuándo veremos en México un sistema judicial capaz de aprehender a personajes como «El Chapo» y Moreira y que, aun considerándolos presuntos inocentes durante su juicio, finalmente los sentencie según las pruebas aportadas legalmente por el fiscal y conforme a la letra de la ley, independientemente de su lugar en la sociedad y su capacidad corruptora?
Ésta es la prueba de ácido de la justicia nacional; debería hacerse cargo de ejecutar la sentencia legal en la persona de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, y exigir la extradición de Moreira para enjuiciarlo en el país, ya que es dinero de los mexicanos el que supuestamente robó. ¿Pero qué hace el Estado mexicano? Lo mismo que doña Ángeles, “ya no hallo qué hacer con mis hijos, ¡encárguense ustedes!”, y la Suprema Corte se queda callada.
Ni siquiera hay igualdad jurídica para ambos reos. El Presidente ha dicho, textualmente, “Misión cumplida, lo tenemos” sobre Guzmán Loera: ya dicto sentencia antes del Juicio, «El Chapo» es un criminal. En cambio con Moreira pide no adelantar juicios ni defensas, y esperar que avance el proceso mientras la Secretaría de Relaciones Exteriores “velará porque el caso del señor Moreira Valdés se apegue al debido proceso y con respeto a sus derechos humanos”.
En México no serían enjuiciados con la misma vara, así como en la Francia de los luises no eran enjuiciados con la misma vara los delincuentes de la Corte de los Milagros que los miembros de la aristocracia culpables de la masacre de San Bartolomé. La Bastilla para aquellos, el palacio real para estos.
Seguiremos esperando que, en materia de Estado de derecho, México ingrese al mundo moderno inaugurado en Francia, en 1789… Aunque sabemos que eso no sucederá este año.
