¿Aguantamos un año más?, ¿cuánto tiempo más aguantamos? ¿Hasta dónde llegaremos en materia de corrupción, de violencia y desigualdad? ¿Hasta dónde llegará la penetración del crimen organizado en los partidos políticos y las instituciones federales, estatales y municipales? ¿Hasta dónde las políticas públicas estarán cooptadas por las grandes corporaciones y sus aliados en el gobierno? ¿Hasta cuándo aguantaremos?.
De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional en 2014, México estaba en el último lugar dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En una puntuación en la que cero es la mayor corrupción y 100 la menor, México alcanzaba solamente 35 puntos. Por países, se encuentra 82 posiciones por debajo de Chile y 34 lugares por debajo de Brasil.
Por su parte, en cuanto a violencia, el Índice de Paz Global 2015 del Instituto para la Paz Global 2015 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) establece que México está en el lugar 144 de 162 países. Este índice considera la criminalidad, el gasto militar y la participación en conflictos armados. Este índice es más integral que el de la Organización Mundial de la Salud que sólo reporta la cantidad de homicidios por cada 100 mil habitantes, donde México se encuentra por debajo de Brasil, Colombia, Venezuela y naciones centroamericanas. En el índice del IEP se reflejan indirectamente los costos asociados con otros delitos y la inseguridad generada por el control del crimen organizado de varias regiones del país.
México también destaca como una de las naciones con mayor desigualdad, donde cada vez más se concentra la riqueza en menos manos. De acuerdo al reporte publicado por Oxfam, “Desigualdad Extrema en México: concentración de poder económico y político”, el 1 por ciento de la población tiene el 43 por ciento de la riqueza. Los cuatro hombres más ricos del país que en 1996 tenían una riqueza aproximada de 25.6 mil millones de dólares para hoy en día se calcula que concentran 142.9 mil millones de dólares. Es así que el 10 por ciento de la población concentra el 64.4 por ciento de la riqueza del país. El resultado son 53.3 millones de personas viviendo en pobreza. México está en el lugar 87 de desigualdad entre 113 países, lo que significa que el 75 por ciento de las naciones del mundo tienen menor desigualdad que el nuestro o que estamos entre el 25 por ciento de las naciones con mayor desigualdad.
Estos indicadores junto con muchos otros muestran el abandono de lo público, la captura del Estado tanto por el crimen organizado como por los intereses de las grandes corporaciones y por una corrupción que hace negocios por todos lados, volviendo empresas inexistentes o pequeñas en grandes corporaciones, así como haciendo grandes negocios con las más poderosas transnacionales, ya sean estas mineras, farmaceúticas, automotrices, de alimentos, etc.
No es de llamar la atención que la riqueza de los cuatro hombres más ricos del país no pueda pensarse sin el contubernio del gobierno con ellos: la venta de las compañías estatales de telefonía y televisión a Carlos Slim y a Ricardo Salinas Pliego; la impunidad en materia de impactos ambientales, daños a la salud y violación de derechos laborales con la que creció la fortuna de German Larrea y su grupo minero; y por su parte Alberto Bailleres, quien recientemente fue galardonado con la medalla Belisario Dominguez por el Senado de la República, carga consigo el envenenamiento por plomo, durante años, de miles de niños de Torreón vecinos de la planta metalúrgica de Peñoles con toda la protección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En este último caso, fue clave la protección que le otorgó el gobierno a pesar de los propios estudios realizados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que reconoció estos hechos en un radio de 4.5 km alrededor de la planta.
La penetración del crimen organizado en los partidos políticos y en las instituciones federales, estatales y municipales, junto con la penetración de los intereses económicos de las grandes corporaciones, encuentran en la corrupción su mejor aliado. Sin dejar de reconocer la existencia de funcionarios que actúan como verdaderos servidores públicos, son los funcionarios corruptos los que reciben todo el apoyo de los poderes ilegales (crimen organizado) y legales (intereses corporativos) para ascender y ocupar lugares claves para llevar adelante sus negocios. Aunque el sector empresarial se queje de la corrupción, un grupo importante de este sector ha sido fundamental para empujar y apoyar a los funcionarios corruptos que ocupan sus cargos con el fin de realizar los mayores negocios personales posibles, negocios que les reditúen riquezas o favores para seguir escalando en la carrera del poder. Sin duda, una parte poderosa y activa del sector empresarial ha sido clave en nuestro país para profundizar la corrupción del sistema político, ha sido clave también para agudizar la desigualdad, basta ver su posición para mantener el salario mínimo en los niveles más bajos.
Además de los ataques directos del crimen organizado, los funcionarios vinculados a estas organizaciones o a los intereses de las grandes corporaciones, participan en sus estrategias, hacen uso de las herramientas que tienen a su alcance, como sus vínculos dentro del gobierno, para atacar a quienes defienden los intereses públicos, ya sea al medio ambiente, la salud, la economía y el territorio de las comunidades.
La corrupción se agudiza, la violencia se expande y la desigualdad se profundiza: la descomposición avanza.
¿Aguantamos un año más?, ¿cuánto tiempo más aguantamos?.
