Si todo avanza conforme, ya no digamos a derecho, sino a justicia, el día de hoy miércoles 9 de diciembre de 2015, la Jueza Rosa María Cervantes Mejía estaría concediendo la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía Especial para Delitos Electorales al consignar la Averiguación Previa 618/2015 contra Arturo Escobar y Vega, representante del Partido Verde Ecologista de México, por desvío de recursos, coacción, compra de votos, y reparto indebido de 10 mil tarjetas en el proceso electoral de 2015.

Este día, el miércoles 9, se cumplen los 10 días –de acuerdo a la filtración de la FEPADE- que por Ley tiene el Juez para resolver la petición de una orden de aprehensión. Este día, el Poder Ejecutivo que encabeza Enrique Peña Nieto, ligado –desafortunadamente- al Poder Judicial, demostrará si lo suyo será la constante impunidad, o si, en algunos casos, la justicia puede, de manera inesperada pero políticamente correcta, cumplirse.

El de Arturo Escobar es uno de esos casos ideales para pretender dar una lección y quedar, el todopoderoso, como un hombre justo (aunque no lo sea, ni esté cerca de serlo). El ex Senador Verde junto a los suyos, ha gozado de años de impunidad, tanto en materia política como financiera y de administración de recursos. Sin olvidar los hechos de probable corrupción en que los ya no tan jóvenes verdes se han visto inmiscuidos sin que la hoja de una averiguación los toque.

Ahora, si Peña por un lado y el Poder Judicial por otro, quieren enviar a los mexicanos un mensaje para demostrar que en este país, y por lo menos en un caso sí se ejerce el Estado de Derecho, y que además hay separación de Poderes, lo lógico es que el miércoles 9 de diciembre se libere la orden de aprehensión y Arturo Escobar sea detenido y puesto tras las rejas… aunque eso solo será momentáneamente, pues los delitos electorales que cometió el Verde no son considerados graves por la Ley, con lo que podrá recuperar su libertad a través del pago de una fianza.

En este escenario: que se libere la orden de aprehensión, que sea detenido, que pague la fianza, que recupere la libertad, se habría cumplido el cometido político de “sancionar” una conducta ilícita a una persona “cercana” al Presidente de la República. Y el mensaje, aun débil, sería de un intento por ejercer el Estado de Derecho “sin miramientos y hasta las últimas consecuencias”, como gusta a los políticos de éste País decir para anticipar que no pasará nada…

Ahora, de otra manera, negar la orden de aprehensión después del impacto político, mediático y social que ha tenido el caso de Arturo Escobar, exhibirá una vez más el Gobierno Federal sospechoso de corrupción que tenemos desde hace algunos años, y que –es evidente- tanto molesta a Enrique Peña Nieto.

El Partido Verde, por su parte, se resiste a caer sin pelear. En un dejo de soberbia política, denunciaron hace unos días al titular de la FEPADE, Santiago Nieto, por la presunta comisión de delitos contra la administración de la justicia. Se refieren, específicamente, a la liberación de la información sobre la solicitud de la orden de aprehensión, acusan que el Fiscal Nieto violó la reserva de confidencialidad de la Averiguación Previa contra Arturo Escobar, perjudicando el Estado de Derecho.

Bien; ciertamente que se haya conocido de la solicitud de una orden de aprehensión constituye una falta. Más que un delito es eso, una falla en el sistema que es sancionable pero no es definitiva para perjudicar el caso de fondo. Vaya, a lo más que llegarán es a que el Fiscal sea multado, pero el caso seguirá, pues la liberación de la información no perjudicó de manera alguna el debido proceso del indiciado Escobar. De hecho la secrecía, la reserva en la consignación de Averiguaciones Previas, se tiene para evitar que los delincuentes se amparen –no es el caso de Escobar, hasta ahora- o huyan del País al saber que van tras ellos. Vaya, que quien sale perdiendo con el hecho que esta información sea pública es el Fiscal y no el indiciado.

Así lo más probable será que el caso Arturo Escobar se convierta en la nueva burla del Gobierno de Peña. Una más para la historia moderna de impunidad, coalición y corrupción.

Como el caso expuesto, una vez más, por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes para derruir de manera definitiva la investigación de Jesús Murillo Karam cuando Procurador General de la República fue, y en el caso Ayotzinapa, establecieron, de la mano de Instituciones -seguramente de los Estados Unidos- que los días en que los criminales haber quemado los cuerpos de los 43 estudiantes de la normal, no se registró fuego alguno en el basurero de Cocula. Los expertos, a diferencia de Murillo quien obtuvo esa información por parte de criminales a quienes concedió credibilidad, recurrieron a imágenes satelitales de los días señalados, las horas y las coordenadas geográficas, para probar que no hubo tal incendio.

Los presos por el caso Ayotzinapa seguirán en prisión. Sus delitos son varios y más allá del homicidio y la manipulación de cuerpos, se encuentra la asociación delictuosa y otros delitos contra la salud, pero la verdad de Murillo, el circo que erigió para comprobar los hechos que aseguró eran verdad histórica, se hace añicos… sin que nadie lo investigue a él, por la procuración de justicia.

Los cercanos al Presidente Peña no son sancionados. Son parte de un enroque, de una desgracia momentánea, caen parados, son impunes. Como Jesús Murillo, como el Secretario de Hacienda, como Arturo Escobar, aunque este podría, solo por hoy, ser el ejemplo de la aplicación de la justicia, pero en versión “light”, al estilo del PRI –viejo y nuevo- siempre preparado para burlarse de los mexicanos que lo llevan una y otra vez al poder.

Adela Navarro Bello

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