El Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la Contraloría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa de la capital del país, tienen en sus manos nuevos casos para mostrar si es verdad lo que los más altos funcionarios y los legisladores pregonan: que se hay voluntad política para ir en contra de la corrupción y trabajar en pro de la transparencia del Gobierno central y de las administraciones locales.

Las denuncias realizadas por los delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por supuestos desfalcos, saqueos y su indebido de recursos públicos, entre otras, en las delegaciones Xochimilco y Tlalpan debieran ser suficiente motivo para emprender investigaciones a fondo en contra de quienes apenas hace unas semanas entregaron esos gobiernos, así sean perredistas los supuestos culpables.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, sabemos, no es un militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD); sin embargo, fue ese instituto político, de la mano del Partido del Trabajo y Convergencia, el que lo llevó a la Jefatura del GDF en julio de 2012, con ayuda del capital político de Andrés Manuel López Obrador, quien en esas elecciones fue candidato a la Presidencia de la República.

Es difícil que Mancera Espinosa pueda desprenderse de los muchos compromisos que tienen con el perredismo, pero si las evidencias de robo y corrupción son contundentes bien haría en no dar la espalda a la Ley y actuar de forma imparcial en los casos que se han denunciado antes las instancias autorizadas.

Ayer, por ejemplo, José Carlos Acosta, director General de Administración de la Delegación Xochimilco, dijo a SinEmbargo que realiza una auditoría interna exhaustiva de cada una de las áreas de la demarcación que estuvieron a cargo del perredista Miguel Ángel Cámara Arango, quien pidió licencia a principios de año para ir por una curul en la ALDF y quien, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es investigado desde febrero pasado por presunto lavado de dinero, entre otros delitos como peculado, desvíos de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, ecocidio y promotor de grupos invasores profesionales de terrenos.

Cámara Arango, quien mantuvo su carrera política con el apoyo del profesor René Bejarano Martínez, no consiguió la diputación a la ALDF y, en cambio, en julio pasado la Asamblea lo exhortó a cumplir con compromisos del Presupuesto Participativo –sólo el de 2014– por más de 546 mil pesos, que simplemente y con la mano en la cintura se hicieron humo.

Pero nada se sabe ni de la investigación de Hacienda ni del exhorto de la Asamblea para el hoy ex funcionario que sigue haciendo de las suyas en la demarcación, aun sin tener cargos públicos.

Ahora, de acuerdo con la denuncia de Acosta, en Xochimilco se detectó que personal de la demarcación, recluido en cárceles del DF, también cobraba sueldo.

“Hemos girado peticiones a diferentes instancias de Gobierno, solicitando información sobre personal de base que cobraba sin trabajar. Gente recluida en el reclusorio y que aquí sigue emitiéndose el pago”, dijo en entrevista.

Así las cosas, la suciedad sigue saliendo en las delegaciones que en junio pasado perdió el PRD, ante el hartazgo de la sociedad capitalina por los malos manejos de sus delegados. Pero, ¿será que Mancera está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias? O, como ha pasado desde hace tres años, ¿será que mantendrá los ojos cerrados ante las fechorías de un puñado de cuestionados líderes que hoy comandan al perredismo?

Redacción/SinEmbargo

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