La solicitud de orden de aprensión contra el sub Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, el muy verde Arturo Escobar, es el strike más cantado de la administración. Decenas de columnas se escribieron sobre la inconveniencia de nombrar en dicha subsecretaría a un personaje que no solo no tenía perfil para ese cargo, sino que existía un proceso abierto contra él en la Fiscalía especializada para delitos electorales (Fepade) que podría afectar su desempeño. Fieles a su estilo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio y el propio presidente Peña Nieto, hicieron oídos sordos a la crítica y abanicaron.
La acusación con Arturo Escobar no es solo un raya más a un tigre bien pintado. Se podrá argumentar que en medio de tantos escándalos de corrupción, que van desde la «casa blanca» hasta OHL, el que un funcionario de segundo nivel sea procesado por delitos electorales no cambia gran cosa la situación. Y sí, en un gobierno tan golpeado y con un nivel de aceptación tan bajo no se notan las abolladuras, pero la Fepade puso el dedo en un tema que va más allá de la aprobación o desaprobación del presidente, puso en la mira la legitimidad misma de la elección.
Hay al menos dos explicaciones que nos deben en este proceso. Hace unos meses el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no quiso, no se animó, no encontró motivos (que al parecer no estaban tan escondidos) para quitarle el registro al Partido verde Ecologista de México (PVEM), un partido que violó sistemáticamente la ley durante todo el proceso electoral pasado. ¿Qué tiene que decir el INE al respecto al fallo de la Fepade?
Pero el que más nos debe explicaciones es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio. No solo no oyó las críticas, que no está obligado a hacerlo por supuesto, pero nombró de subsecretario de prevención del delito a un presunto delincuente. Es el equivalente a poner al frente del SAT a una persona señalada por evasión fiscal y que la postre sea efectivamente acusado de evasor. Los delitos electorales no son un asunto menor, de hecho Escobar podría alcanzar un pena hasta de 15 años de prisión. ¿Qué tiene que decir el secretario de Gobierno y principal precandidato del PRI a la presidencia al respecto; en qué momento piensa darnos un explicación de los sucedido, de cómo y por qué tomó esa decisión?
Con la evasión de “El Chapo”, Osorio hizo como que no le tocaba, a pesar el Presidente hizo público que se lo había encargado personalmente. Con el asunto de Escobar va a ser más difícil que le saque al bulto, pues al ser un asunto electoral pone en riesgo su calidad como interlocutor con los partidos políticos de oposición. Aunque los delitos los haya cometido el Verde aliado electoralmente con el PRI.
