Ambos problemas crecen cotidianamente en la sierra y los valles sinaloenses. Cada día son más familias que tienen desaparecido un padre, una madre, un hijo, una hija, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, y mayor la posibilidad de que no tenga consecuencias legales porque los expedientes se acumulan sin resultados que dejen satisfechos a las familias que viven duelos sin final. Ante una situación, como diría recientemente Sting, de “aparente indiferencia de las autoridades ante una situación que ha llegado a niveles epidémicos en México”.

Nadie parece hacerse responsable y hasta el estar desaparecido sirve al gobierno para festinar la reducción oficial de los índices de homicidios dolosos. El semanario Riodoce no hace mucho tiempo publicó una investigación periodística donde a la par de la reducción del índice de muertes dolosas había sorprendentemente un incremento de desaparecidos. Ergo, el cálculo estaba equivocado y probablemente sesgado, por la máxima policial de “si no hay cuerpo, no hay delito”.

Y por otro lado tiene años, el flujo a cuentagotas y por momentos a chorros de hombres y mujeres, que  está llegando a las cabeceras municipales buscando alejarse de la violencia criminal que se ensaña a lo largo de la Sierra Madre Occidental.

Ambos fenómenos sociológicos constituyen un drama humano que pese a ser un problema creciente no hay una política pública y eso significa abandono de quienes están en esa situación de desprotección, y frecuentemente, incapacitados para integrarse a una vida de marginación.

Los tres niveles de gobierno se desatienden del problema y no lo reconocen de manera que son frecuentes expresiones como la del alcalde de Mazatlán que ante el problema ha dicho: “Ayudamos con lo que podemos”.

Y es que reconocer el problema de los desplazados significa someterse a los protocolos internacionales de atención de las víctimas, entonces, es más fácil meter la cabeza bajo la tierra como el avestruz o hacerlo como buen samaritano.

Así, las marchas y plantones de los familiares de desaparecidos forzados, son el rostro vivo de la impotencia ante la impunidad, como también la salida repentina de decenas de pobladores de sus comunidades, es la constatación de que en Sinaloa, como en otros lugares del país, el dominio de la ley del más fuerte.

Sea la fuerza del mundo criminal o de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, que hacen una pinza estrujante del equilibrio frágil en las comunidades serranas.

De esas comunidades abandonadas por la incursión de los grupos criminales, cómo lo refiere sutilmente Betzabé García Galindo, en su magnífico documental Los reyes del pueblo que no existe, que ha sido premiado en un festival de cine en Zurich.

Un ejemplo de ello ocurrió la semana pasada. Los marinos llegaron al epicentro mítico del Triángulo Dorado, municipio de Tamazula en los límites de Sinaloa y Durango, donde  fue escenario de un operativo militar de gran alcance,  y según testimonios de los vecinos era el de una zona de guerra: Helicópteros, vehículos todoterreno, y el traca-traca infernal, que sacó a la gente de sus casas para refugiarse en el monte como lo exhiben videos que fueron entregados por ellos mismos a plataformas periodísticas.

El testimonio de Martha Marbella, una vecina del pueblo duranguense de Veranos, es uno de ellos y recuerda todavía con el terror en la sangre: "Yo estaba allá y se miraba que el helicóptero  se paraba derecho a tirarle balas a la casa, gracias a Dios no pasó nada, aquí mire recibió un impacto, entonces lo que hice yo fue quitarme de ahí y venirme para acá a la esquina  y de ahí ya no me moví". 

El motivo oficial de esa incursión es que iban por un hombre y su escolta armada que andarían vestidos de marinos, el extraoficial es que habían derribado un helicóptero oficial y buscaban a los culpables. Eso hizo sospechar que era un operativo para detener a Joaquín “El Chapo” Guzmán y sus guardias lo que fue negado por los propios marinos estacionados en los accesos que llevan a los pueblos serranos.

La información oficial es escueta y sólo queda como testimonio el dicho de los defensores de derechos humanos, los pobladores y las huellas ostensibles de la agresión en las casas ametralladas.  

Sin embargo, más allá de la narrativa de esta persecución al parecer infructuosa en la serranía, está el desplazamiento de familias que después de caminar hasta cuatro días por el monte llegaron a Sinaloa, y particularmente, a la cabecera municipal de Cósala, para buscar refugio que vecinos solidarios les han ofrecido en tanto vuelve la calma a sus comunidades.

Pero, los sucesos del municipio de Tamazula, no son hechos aislados son parte de una dinámica regional que deriva constantemente en una migración silenciosa especialmente después de sucesos como los narrados. La gente no acepta vivir así. Y eso está ocasionando el fenómeno de despoblamiento en la red de pueblos y caseríos de las estribaciones de la sierra.

La violencia criminal y militar a la vista de cualquiera de estos desplazados es una. No hay distingo cuando son o se sienten agredidos. Hay historias frecuentemente no escritas pero si habladas de lo que sucede en los pueblos de los Altos. Son historias generalmente de masacres, asesinatos, miedo, connivencia criminal, gavillas,  y pueblos abandonados dónde solo quedan viejos, mujeres y niños.

Historias muchas de ellas asociadas al vértice que se encuentra entre la resistencia de los grupos criminales y una política de tierra quemada que buscarían dejar al enemigo sin ningún tipo de apoyo logístico.

En definitiva, ambos déficits que tiene la sociedad sinaloense, gracias frecuentemente al autismo de  autoridades que entienden la política como la oportunidad de negocios, y no como servicio público, para atender estos dramas humanos que está carcomiendo lenta pero persistentemente el tejido social.

 Es urgente, entonces, la ley de víctimas y el reconocimiento oficial de los desplazados de la todavía existente, pero no reconocida, guerra contra el narco. Qué para el caso da lo mismo.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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