Los habitantes del estado de Guerrero gastan mucho dinero en sobrevivir. Como todo debe ser pagado por los ciudadanos, cuando sufren una desgracia familiar se quedan ellos solos con su tragedia. Y lo peor es que la mala suerte se ensaña con los pobres.
¿Cuánto les ha costado, en dinero gastado y no recibido, a los familiares de todas las víctimas de la violencia narcoficial vivir en esa entidad, donde no existe un auténtico estado de derecho? ¿Cuál es el daño pecuniario, perjuicio recibido y afectación a su futuro patrimonial por la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa?
Aquí en Chihuahua no estamos mejor, ya van más de 12 mil homicidios dolosos que dejan en la pobreza a los deudos de la mayoría de las víctimas, que son obreros de 76 centavos de dólar por hora.
Particularmente las familias de Salvárcar, que tienen esperando más de cinco años su indemnización integral de la que hablan los tratados internacionales, la Constitución y la Ley de Víctimas, simplemente porque el gobernador no quiere firmar un decreto aprobado por el Congreso del Estado.
Les platico otro caso más sencillo, sucedió la última semana pero es bastante significativo: Un patrimonio natural de Juárez son las Dunas del pueblo Samalayuca, a 20 kilómetros de la ciudad; es una zona protegida, donde no se deben desarrollar actividades que afecten a esa región específica.
Sin embargo, un convenio entre el Gobernador y empresas mineras ha provocado que se tuerzan leyes, reglamentos e interpretaciones para poder establecer allí una mina de cobre a cielo abierto, con todo el daño al medio ambiente que ello implica; el mismo Gobierno ha publicitado el turismo de aventura en esos arenales, como una bendición turística similar a White Sands en Estados Unidos. Entre las aventuras se efectúan carreras de automóviles especialmente adaptados para las arenas; durante años se han efectuado allí estas carreras de exhibición, que reúnen de dos a tres mil asistentes, y que se publicitan hasta por la televisión.
El domingo 27 de septiembre se registró un accidente allí, sobre la pista, y al revisar las causas se descubrió que no había vigilancia de Protección Civil y que toda la seguridad estaba a cargo de ejidatarios. La prensa interrogó al funcionario, “¿Por qué no estaban?”, y la respuesta fue “porque los organizadores no tramitaron debidamente su permiso, y nunca lo han tenido”.
¿Pero cómo es que hay un evento de alto riesgo sin permiso, con tres mil personas, sin que alguien lo impida? Tomando en cuenta además que hace dos años, en la capital del estado, se registró la tragedia del Aeroshow que cobró 8 vidas y por la que condenaron a 5 años de prisión efectivos a «Panchito», conductor de trocas monstruo. Simplemente porque vivimos en un estado sin derecho.
Los accidentados tendrán que pagar medio millón de pesos para reparar los daños, los civiles fueron detenidos o tienen una orden de aprehensión en su contra, pero el funcionario municipal se presentó tranquilamente a declarar y después se retiró sonriente.
Los beneficios del estado sin derecho se extienden a los millonarios dueños del aeropuerto, la empresa Ferronales, y a don Vallina, dueño de uno de los predios para desarrollo industrial más grandes del mundo (la tercera parte de la superficie de la ciudad), quienes no pagan impuesto predial; además de muchas maquiladoras que no batallan con el derecho de alumbrado.
Y mientras se vela el cadáver del subcomandante operativo de la Policía Ministerial, asesinado con una AK-47, y sepultan a un menor muerto a manos de un agente municipal, que alega que su arma se le cayó y accionó accidentalmente; el presidente municipal ha emprendido una cruzada contra la película Sicario, porque toma como escenario a la ciudad y todo mundo debe «hablar bien de Juárez».
