La democracia capturada

01/09/2015 - 12:00 am

La desesperanza que vivimos por la impunidad y corrupción que constatamos día a día, caso por caso, en nuestro país, es profunda y se agudiza con la desesperanza que enfrentamos como humanidad ante la crisis global ambiental, social, financiera y política. Si el entorno global fuera más benévolo podríamos tener una visión de futuro más positiva, sin embargo, no es así, el escenario global que configura una crisis civilizatoria agudiza los problemas que vivimos como nación.

Tanto a escala nacional como global la incapacidad que presentamos para enfrentar los retos nacionales y civilizatorios, desde la corrupción hasta el cambio climático, tiene su origen en la captura de los regímenes democráticos por los grandes intereses económicos, la captura de la democracia por las corporaciones y grupos de poder, tanto ilegales como legales. Se podría argumentar que la situación nacional e internacional es la prueba del fracaso de la democracia. Sin embargo, es la falta de democracia justamente la que ha llevado al extremo esta crisis: la imposición de los intereses privados sobre los públicos. Esta dinámica está desde el intento y captura de algunos órganos de Naciones Unidas, la imposición de los acuerdos comerciales y sus órganos por encima de los derechos humanos, hasta la captura de los poderes ejecutivos y legislativos nacionales.

Cuando hablamos de democracia, no pensamos en la democracia electoral, en elegir un candidato que no conocemos guiados por la mercadotecnia. Se trata de la democracia como expresión del interés colectivo, de los controles sociales, del estado de derecho, de la justicia social, de los derechos humanos, como base del ejercicio político. La democracia que mantiene los vasos comunicantes para el control ciudadano del poder.

No solamente vemos difícil salir de la situación nacional que vivimos, parece cada vez más imposible impedir que el cambio climático llegue a extremos irreversibles; así como presenciamos el deterioro de la economía global con la concentración de la riqueza, el aumento de las desigualdades, las migraciones y el resurgimiento del racismo en los ámbitos de poder.

A la crítica al control que ejercen los poderes económicos en la sociedad contemporánea se responde argumentando que más grave es  aún el daño que generan los gobiernos populistas y autoritarios. Se establece así una falsa dicotomía que tiene como única finalidad instituir que sólo hay dos alternativas. Ninguna de ellas deja en el ciudadano el control sobre las estructuras de poder: por un lado la falsa democracia actual subordinada a los grupos de poder económico legales e ilegales y, por otro, los regímenes que se establecen limitando las libertades, los derechos y, generalmente, llevando a crisis económica profundas. Se dejan de lado experiencias de gobierno más democráticas que han sido exitosas y que han puesto, en varios aspectos, el interés público por delante del privado, como es el caso de algunas naciones del norte de Europa, de experiencias como la uruguaya, algunas políticas en Brasil, entre otras.

En lo nacional pueden retomarse experiencias fuera de esa dicotomía que devuelvan el control del poder a los ciudadanos. Desgraciadamente, el reto civilizatorio es mucho mayor e implica al sistema económico dominante. Ni el planeta es viable y, por lo tanto, tampoco las naciones son viables en el modelo económico actual basado en la sociedad de hiperconsumo. Los recursos del planeta no dan para mantener un sistema basado en el crecimiento del consumo. Hay que saltar de lo local a lo global, como desde el principio propuso el movimiento ecologista: pensar globalmente, actuar localmente. Considerando la situación a la que hemos llegado de deterioro ambiental debemos replantear el dicho: pensar y actuar local y globalmente.

En este sentido, la transparencia y el control del conflicto de interés se están convirtiendo en herramientas indispensables para recuperar el control ciudadano sobre los procesos políticos, para defender la democracia en un sentido profundo. Esta lucha se está realizando en todos los ámbitos, desde los órganos de Naciones Unidas hasta en los poderes ejecutivos y legislativos nacionales. Una lucha especial en todos, especialmente en el científico, sobre el cual las corporaciones están con una estrategia de captura. Existe ya un ejército de expertos financiados por la industria con el fin de bloquear las políticas públicas dirigidas al interés público. Grupos de científicos que niegan el cambio climático, que niegan el impacto de las bebidas azucaradas, que niegan los impactos de los agroquímicos utilizados intensamente en los transgénicos y los riesgos de estos organismos, sociedades profesionales financiadas a modo para negar la evidencia.

Actualmente se mantienen fuertes batallas de movimientos sociales, de organizaciones civiles, de redes nacionales e internacionales, de expertos, de funcionarios comprometidos de algunas naciones, con el fin de proteger la política pública de los intereses privados, por mantener los vasos comunicantes de la sociedad para el control del poder. En ello están las esperanzas en un modelo de democracia real que permita sobrevivir como nación y como humanidad, en condiciones mínimas de dignidad.

Alejandro Calvillo
Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.
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