El Estado mexicano se encuentra bajo asedio. Sin embargo, ese no es su principal problema, lo más grave es la quinta columna que significa la corrupción, la ausencia de profesionalismo y la superficialidad con la que buena parte de los políticos asumen sus responsabilidades.

Vicente Fox nunca consideró necesario refundar el gobierno que recibió y reorganizar al Estado, sino que simplemente se montó sobre los privilegios de la alta burocracia priista para fracasar igual que ellos y caer en una administración fallida, dependiente de pactos vergonzantes como los que sostuvo con Elba Esther Gordillo.

Hoy Enrique Peña Nieto ve como fracasa el intento cosmético de promover reformas bajo complicidades con las principales fuerzas de oposición (votos a cambio de privilegios económicos y políticos), así como la peregrina idea de borrar de un plumazo la emergencia de seguridad que representa la delincuencia organizada, recurriendo al expediente de censurarla en los medios de comunicación.

A ambos, Fox y Peña Nieto, la realidad les estalló en las manos de la misma manera simbólica; con la fuga del narcotraficante más buscado del hemisferio, Joaquín Guzmán Loera quien salió de prisiones de alta seguridad como Pedro por su casa.

El fondo que permite estas vergonzosas y espectaculares acciones criminales no es la corrupción de unos cuantos custodios o funcionarios penitenciarios, sino la normalidad de una clase política que a sus más altos niveles funciona bajo un pacto de impunidad en el que se han decolorado las escasas ventajas del pluripartidismo y la alternancia.

Como los seis años de Fox y los seis de Calderón, el de Peña Nieto es un sexenio perdido en la dura, urgente y enorme tarea de convertir la normalidad corrupta de la vida política mexicana en una formalidad democrática de estándares mínimos, donde quien delinca desde el poder reciba un castigo.

De nada sirven comisiones y sistemas anticorrupción sin dientes, como no sirvieron las contralorías delamadridianas. De nada sirven dientes, si no hay voluntad de presentar a la justicia los funcionarios venales, algo que por supuesto no hará ningún político con capacidad de decisión que también sea venal.

En un sistema donde las decisiones del Estado, en sus distintos niveles, parecen estar siempre abiertas al mejor postor; donde la legalidad no es igual para todos, pues la división en clases y en ingresos genera a su vez divisiones en el reparto de los beneficios y los perjuicios de la ley, no habrá  prisión que logre mantener a uno de los hombres más ricos de México, así sea un multiasesino y el mayor productor de narcóticos de América Latina.

Por eso Enrique Peña Nieto no puede confundirse ni tratar de confundirnos: la fuga del Chapo del Penal de El Altiplano no es una afrenta a un estado que todos los días se afrenta a sí mismo por su incapacidad para hacer cumplir el marco normativo que lo rige. La fuga de Guzmán Loera es una afrenta que nos causa el Estado a los ciudadanos, que lo sostenemos en lo material y le otorgamos legitimidad en lo político, por la incapacidad para hacer viable la justicia.

En ese sentido, tan afrenta es la fuga del poderoso delincuente como la inexistencia de sanciones por la corrupción, el tráfico de influencia y la incapacidad de los funcionarios del gabinete federal.

Hoy, más que nunca, queda claro que tras el proyecto de consorcios empresariales, políticos y mediáticos de hacer regresar al PRI a la presidencia a través de la imagen de un político vendible, no había otra cosa que un interés para repartir beneficios inmediatos, no para atender la complicada agenda del país.

Y nos faltan tres años.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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