Conforme se acumulan los hechos de violencia y sangre marcados por las armas largas en manos de narcotraficantes y criminales organizados, los mexicanos observadores y atentos, tienen más dudas que normalmente fomentan los prejuicios y no la falta de información.

Las instituciones mexicanas, enmarcadas en cualquiera de los tres Poderes del Estado, no cuentan con credibilidad, su desgaste se incrementa al ritmo en que esos entornos concentradores de poder e información, se vuelven más opacos, menos transparentes.

Desde que las leyes y reglamentos para el acceso a la información y la transparencia se han ejercido en este país, éstos han servido para ocultar lo que debería ser público. Al regular la información el Gobierno tuvo la oportunidad de clasificarla, de decidir de manera unilateral, con la ayuda de Consejos Ciudadanos y Tribunales Judiciales, cuál información es pública, cuál no lo es, y cuál se clasifica como cerrada por un periodo determinado.

Realmente el ejercicio de reglas para el acceso a la información pública y la transparencia ha abonado más a la opacidad de las entidades gubernamentales, que al derecho a la verdad.

Como periodista, en el pasado era común, de hecho una práctica cotidiana especialmente en periódicos independientes alejados de la línea oficial el interés particular y la manipulación de los hechos, que funcionarios honestos o en dado caso sensatos, hartos de la corrupción, el abuso y la presión hacia los ciudadanos, nos “pasaran” copias de expedientes, copias de documentos que avalaban el abuso gubernamental, el exceso de la fuerza, la transa económica. El periodista tenía entonces la responsabilidad de investigar para confirmar lo obtenido gracias a su credibilidad.

Hoy día que un funcionario saque una copia de un expediente, de un documento, de un memorándum oficial, de un convenio o contrato, equivale a cometer un delito y puede ser juzgado por ello. Le pongo un ejemplo:

Hace algunos meses, uno de esos funcionarios que consideran que la información debe conocerse cuanto más si con la propagación se combate la corrupción, proporcionó a Semanario ZETA copias de las declaraciones de Policías Municipales de Tijuana que fueron otorgadas de mutuo propio como parte de los exámenes de control, evaluación y confianza que realiza la Secretaría de Gobernación.

Bien, los Policías declararon algunas de sus fechorías, por ejemplo uno que “movió” cadáveres para las bandas del crimen organizado (para despistar las investigaciones), otro que golpeaba y torturaba detenidos, uno más que llegaba borracho a sus labores policíacas y algunos que habían sido detenidos en los Estados Unidos cuando fueron sorprendidos por las autoridades de aquel país, al intentar cruzar droga desde México hacia aquel país.

Más de 70 Policías Municipales de Tijuana confesaron y firmaron sus dichos; al análisis final de las declaraciones junto al resto de los exámenes de control, evaluación y confianza, la autoridad federal reprobó a los agentes. De acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, los Policías todos, mandos medios y altos, deben aprobar los exámenes para permanecer en la corporación.

Publicamos la información en enero de 2015, y lo primero que declaró el Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, fue que investigarían dentro del Ayuntamiento de Tijuana a quien hubiese filtrado la información a ZETA porque aquello era irregular y afectaba el debido proceso. A la fecha más de la mitad de esos Policías Municipales corruptos, torturadores y traficantes sigue laborando.

En pocas palabras, al Secretario de Seguridad Pública no le preocupó que se diera conocer que está trabajando con Policías corruptos poniendo en peligro a la sociedad, sino que debía localizar a quien hizo pública la información.

El problema de las instituciones de este país es de credibilidad, es de opacidad, impunidad y nula transparencia.

Y al día que esta columna se redacta, se cumplen ocho meses de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, y ni la PGR, ni toda la Presidencia de la República con sus asesores, sus secretarios y sus millonarios recursos, han podido convencer, primero a los padres de los desaparecidos y después a la población en general, que el caso está siendo investigado, que fueron asesinados, que hay “culpables” en prisión.

Ni el entonces Procurador Jesús Murillo Karam, ni la actual Procuadora Arely Gómez –quien por cierto no toca el tema- han podido dar certeza de lo que ocurrió aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala. No cuentan con respecto, ni con ética profesional reconocible para creerles versión alguna.

Y recordando a unos desaparecidos, aparecen otros muertos. Del caso de los 43 de Tanhuato, Michoacán, que cayeron supuestamente ante las balas de Policías Federales el viernes pasado, tanto activistas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizan investigaciones para dilucidar específicamente qué fue lo que ocurrió, pues fotografías y videos que dan prueba del cambio en la escena de los crímenes –algunos cuerpos se ven sin armas y luego rodeados de cartuchos- hacen cuestionar la versión oficial de un enfrentamiento donde tanto los civiles como los oficiales, estaban armados con gruesos calibres.

La sangre aun tibia en Michoacán y la sospecha persiste no solo en el caso Ayotzinapa sino en el de Tlatlaya, Estado de México. El Gobierno de la República no ha actuado ni con la ciencia del Ministerio Público, ni la investigación Ministerial para dar certeza de los hechos que han cimbrado al país, las decenas de muertes en Guerrero, en Tamaulipas, los más de 250 ejecutados tan solo en Tijuana en los primeros cinco meses del año.

La población mexicana se esconde, se muda, se manifiesta y en algunos casos calla, ante el temor por un lado a ser víctima de una ráfaga de los criminales organizados o los narcotraficantes, o ser presionado y violentado por el Estado Mexicano, en un intento por cubrir su ineficacia y su corrupción.

En México no hay justicia, no hay certeza jurídica y no hay transparencia, porque el origen de este entorno de seguridad está en el Gobierno Federal y en el Poder Judicial, instituciones ambas sin credibilidad y opacas. Mientras esa situación persista, mientras el Presidente Enrique Peña Nieto siga manteniendo en la Procuraduría a una señora que no procura justicia, que no da la cara, que no es transparente y no informa a los mexicanos, los muertos con verdugos intocables seguirán apilándose. Lo mismo mientras Jueces, Magistrados, Ministros sigan contribuyendo a la opacidad y el oscurantismo que rodea al Poder Judicial, que han probado de sobra su habilidad para prestar oídos sordos a las denuncias de corrupción de una sociedad mexicana tan lastimada.

Adela Navarro Bello

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