No hay ley ni pacto que valgan cuando no hay disposición a acatarlos. Miguel Márquez Márquez, gobernador panista de Guanajuato, se ha metido de lleno en la contienda electoral mandando a volar el periodo de veda de acciones y declaraciones que interfieran en el proceso, ordenado por las leyes local y federal.

Primero fue el intento de repartir 175 mil tabletas electrónicas en pleno periodo de campañas electorales, el cual se frustró no tanto por un arrepentimiento democrático, como por el retraso en la entrega del pedido por parte del proveedor.

Con ese gesto, el gobernador de Guanajuato pretendía contestar el desafío federal de haber repartido más de medio millón de pantallas digitales a fines del año pasado y principios del actual. En lugar de reclamar el cumplimiento del espíritu de la ley, se sumó a quienes la violan, en una pésima forma de educar con el ejemplo.

Ahora, después de haber guardado un taimado silencio durante los primeros días de veda electoral, roto de tanto en tanto por giras de obras en el estado, los estrategas de comunicación del gobierno decidieron subir abiertamente al mandatario a una campaña de difusión de logros.

El pretexto son las recientes definiciones de consorcios automovilísticos internacionales para instalar nuevas plantas de producción en Guanajuato, lo que viene a consolidar una vocación industrial construida en los últimos lustros.

La noticia fue suficientemente difundida en medios locales y nacionales, así como en la prensa especializada. Nadie en su sano juicio puede considerar que el hecho pasó desapercibido, sino todo lo contrario.

Por ello, no se explica la repentina euforia declarativa del gobernador Márquez, subido a medios de comunicación masiva a ofrecer entrevistas eminentemente propagandísticas, a fin de volver a machacar la historia de éxito que sin duda es la transformación fabril del estado, producto por cierto no solo de este gobierno, sino de varias administraciones.

Como el tour de medios de esta semana arrancó en el municipio de León, empiezan a surgir las especulaciones de que el gobernador ha decidido darle un empujón a la campaña de Héctor López Santillana, precisamente el responsable de la política de atracción de inversiones hasta hace poco, quizá porque el candidato no ha calado entre el electorado.

Los focos rojos se habrían encendido por las recientes encuestas publicadas donde se muestra un cierre de la brecha entre José Ángel Córdova y López Santillana.

Sea esa la explicación o cualquier otra, lo cierto es que parece totalmente indebido, absolutamente innecesario, que el gobernador de Guanajuato decida pasearse por el borde de la legalidad, cuando no incurrir en una abierta violación de ella, para hacer sentir su peso en las campañas políticas.

¿No es acaso Miguel Márquez el gobernador que más ha hablado de valores en la historia reciente de Guanajuato?

¿No impulsa junto con su esposa una cruzada por el amor, el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la benedicencia?

¿Cómo compaginar actitudes como la bonhomía, la franqueza, la transparencia, el mirar de frente, el jugar limpio, que Márquez postula como su sello personal, con este intento de chicanear la ley?

Insisto, Juan Manuel Oliva nunca presumió una doble moral: sus características de mapache electoral, de soldado de la ultraderecha siempre fueron por delante en su forma de ejercer el gobierno. No pedía cuartel, tampoco lo daba. Y por ello vive hoy su ostracismo abandonado hasta de su propio delfín.

Márquez se quiso distanciar desde el principio de esa forma de hacer política. Convocó a las fuerzas vivas del estado a incorporarse en consejos ciudadanos; le impuso a su dependencia de control el nombre de la Secretaría de la Transparencia; abrió el gabinete a propuestas externas; quiso consensuar sus grandes proyectos de inversión.

El esfuerzo duró la víspera. Hoy los consejos ciudadanos lucen arrumbados; Transparencia es la secretaría más inútil del gabinete y motivo de burlas entre el resto de los titulares; las adquisiciones del gobierno estallan en crisis una y otra vez; los grandes contratos se ocultan por años.

Ahora, además de eso, como cualquier sátrapa priista de hace medio siglo, el gobernador panista Miguel Marquez se baja de su pedestal para meterse de lleno al lodo de las campañas, poniendo el peso de las acciones de gobierno al servicio de su partido.

Por cierto, no se trata de una estrategia fortuita. Si se revisa con cuidado, el logotipo gubernamental, el GTO que alude a la imagen del gobierno marquista y que por cierto es una herencia respetada del olivismo, está presente en cientos de espectaculares en el estado donde se maneja la campaña general del PAN.

Al lado del GTO panista de esta campaña, se publican solo logros gubernamentales, lo mismo que fue a hacer el gobernador en las entrevistas radiofónicas de este martes.

Es la política sucia pero real, la que se quería expulsar del escenario con las recientes reformas políticas. Seguramente en otros estados hace lo mismo el gobernador del PRI o de cualquier otro partido, por lo cual nadie se puede quejar sin escupir sobre su propia cabeza.

Este circo de tramposos donde nadie se escapa es al que nos están sometiendo gobernantes, candidatos y partidos en estos días de penitencia forzosa. ¿Así es como piensan motivar a los ciudadanos a participar? Queda claro que viven en otro mundo.

Por lo pronto Miguel Márquez, el muchacho alegre de la política guanajuatense, el antiguo seminarista, el bracero que regresó a hacer una carrera de abogado, el que ofrecía ser diferente, deja en evidencia que el problema es el sistema, que tuerce a cualquiera.

Hoy tenemos un gobernador mapache más, como si hicieran falta. Sonriente y dicharachero, cuando no se enoja con las preguntas de los periodistas, pero mapache al fin.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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