Pocas ocasiones en la vida he sido testigo de un ataque tan frontal contra los Derechos Humanos como el que dirigió el canciller Meade, y otras pocas he visto tal aturdimiento de los organismos y activistas que nos definimos como derechohumanistas. Ahora sentimos la falta de Carmen Aristegui en la radio, que no será indispensable pero sí necesaria.
No es paranoia; el ataque contra el relator de la ONU en materia de tortura y malos tratos es, al mismo tiempo, la defensa del ejercicio inhumano del poder. Todos los mexicanos sabemos que los “malos tratos” a los detenidos por la Policía van unidos al simple hecho de someter al ciudadano.
¿Quién que lea esto no ha tenido noticia de que los policías insultaron, amedrentaron y maltrataron a sus conocidos o parientes, detenidos hasta por alguna simple sospecha? El arresto motivado porque al jenízaro le parece que el ciudadano podría estar en proceso de cometer un delito es, indiscutiblemente, abuso.
Por otro lado, cuando resulta que la detención tiene alguna base, los agentes aprehensores se convierten en fiscales, jueces y ejecutores de la sanción. “Para que aprendas pendejo” es una de las frases favoritas de los mexicanos con poder policiaco.
Me pregunto, ¿acaso los mexicanos no tenemos derecho a que se respete nuestra dignidad si resultamos involucrados en un evento que requiera la intervención policiaca? ¿No tenemos derecho a ser enjuiciados ante un tribunal y recibir la sanción si la merecemos y sólo después de que el juez haya agotado las etapas fundamentales del procedimiento?
Por eso creo, y convoco a todo aquel que se considere defensor de los Derechos Humanos, que debemos apoyar a Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de la ONU; porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados siendo testigos del peor rostro del Gobierno mexicano: la agresión a quien por función debe recomendar la verdad.
Esto es una advertencia a los demás relatores. El argumento más sólido de la cancillería es el silencio cómplice de todas las comisiones estatales de Derechos Humanos; el funcionario mexicano expresamente declaró que “el relator fue informado por los organismos públicos autónomos de Derechos Humanos de la notoria disminución de las quejas” en el rubro de tortura, pero sabemos que la falta de quejas no la desaparece, la oculta.
Esto nos dice que no podemos contar con el respaldo de tales instituciones para erradicar la práctica de las investigaciones mexicanas, lo que nos deja sólo a nosotros los defensores independientes del Gobierno, y otros organismos internacionales, para enfrentarla. Sin nosotros, la única solución sería conformarse con la lógica de que la tortura es indispensable para conseguir sentencias condenatorias, dejando a la población en una encrucijada: impunidad o tortura.
¿Hasta dónde vamos a llegar en este país si callan a las Comisiones Estatales y descalifican a los organismos internacionales de Derechos Humanos? Somos un puñado de defensores dispersos por todo el territorio y estamos vulnerables; somos rechazados por las autoridades y por buena parte de la ciudadanía que acepta el trato de tortura. ¿Debemos entonces aceptar también ese trato?
El relator Juan Méndez dice “… he visitado México desde 1980 y jamás vi cuestionada mi integridad (personal) ni mi ética…”, y continúa “Jamás espere una acusación de México en ese sentido…”.
La cancillería falsea lo dicho por Méndez al asegurar que éste afirma que “… Se cometen actos de tortura… desde que una persona es privada de su libertad hasta que la recobra”. Esta frase es perversa, ya que el relator limitó su declaración: “… desde la detención hasta la puesta a disposición ante un juez”; muy diferente a lo que Meade asegura que dijo.
Ciertamente que este gabinete oculta algo, aunque que hasta mis alumnos de primer semestre de la Universidad pudieron descubrirlo: El Gobierno mexicano la toma personal contra el relator para causarle daño directo, y de esa manera amedrentar a otros relatores especiales; lo mismo que hizo con Aristegui, le pega a ella para amenazar a todos los periodistas.
Los defensores derechohumanistas sabemos que así actúan nuestros políticos, golpean a el que asoma la cabeza para que todo mundo se mantenga tras la ventana por temor a la fuerza y brutalidad del Estado. Recuerdo cuando fui desterrado de mi domicilio y mi ciudad para proteger mi integridad personal; la gente decía: “Si a usted lo sacaron de Juárez, ¿qué no me harán a mí? Así mejor me aguanto”.
Justo esto buscan los gobernantes: perseguir a un relator para que los demás guarden silencio. Si nosotros nos quedamos con sólo nuestra voz y fuerza, no seremos más que ruido de fondo entre las leyes incumplidas, discursos demagógicos y complicidades intergubernamentales.
Sin más qué decir, cierro con las palabras del pastor antinazi Martin Niemöller:
“Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista… Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista… Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.
