Por supuesto que al instruir a su flamante secretario de la Función Pública para que investigue posible conflicto de intereses en la adquisición de bienes inmuebles por parte de su esposa, su secretario de Hacienda y él mismo, el presidente Enrique Peña Nieto incurre de manera flagrante en un nuevo conflicto de intereses. Sumó así a su conflicto una nueva pifia. Le salió peor, claro. Este aparente afán de atizar el fuego en plena quemazón ha sido una constante en la conducta del mandatario priista durante su gestión de apenas 26 meses. Pareciera aferrado a cargarle una suerte de IVA adicional, casi siempre innecesario,  a cada uno de sus tropiezos. O sea, a cada metida de pata le pone, encima, un pilón.

Semejante manía –o torpeza— por complicar los problemas la podemos comprobar con un mero repaso a los principales conflictos que ha enfrentado o protagonizado. A la matanza de Tlatlaya sumó la opacidad informativa y luego el tardío y titubeante reconocimiento de un crimen de Estado.  En la tragedia de Iguala, la suma de desaciertos ha sido patética, culminando –por ahora— con la desesperada decisión de darle vuelta a la hoja con un informe que contiene “la verdad histórica” del suceso… que nadie cree.  A las posibles anomalías en la licitación del tren bala México-Querétaro, Peña Nieto agregó primero la abrupta e inesperada decisión de anularla, luego el anuncio de que se realizaría una nueva sin la participación del Grupo Higa y finalmente la suspensión “indefinida” del proyecto. Y en el caso de las famosas casas, cada intento de “aclaración” ha sumado nuevas sospechas y suspicacias, inclusive con repercusiones internacionales, hasta meterse literalmente en un callejón sin salida.

No es posible explicar esa cadena de errores a la inexperiencia política del joven Presidente. Ciertamente no ha dado nunca muestras de especial brillantez en ese campo, pero todo mundo lo sabe rodeado de un equipo en el que hay colmillos extralargos (y retorcidos) y mentes lúcidas. Entre los primeros están políticos de la talla de los exgobernadores Emilio Chuayffet (Edomex), Manlio Fabio Beltrones  (Sonora) y Miguel Ángel Osorio Chong (Hidalgo), el actual procurador Jesús Murillo Karam y el propio Luis Videgaray, su secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense. Gente pesada, pues. Eso, sin contar la sabiduría transmitida directamente o por herencia de genios de la polaca priista como su padrino Arturo Montiel Rojas y su álter ego Carlos Salinas de Gortari. Y entre los segundos, se supone, “un grupo que conjunta juventud y experiencia”, como suele decirse, integra el “staff” de Los Pinos, su equipo más cercano, sus cuadernos: Aurelio Nuño Mayer (jefe de la oficina de la Presidencia), David López Gutiérrez (coordinador de comunicación social), Erwin Lino Zárate (secretario particular), Francisco Guzmán Ortiz (coordinador de asesores), Eduardo Sánchez Hernández (vocero) y Humberto Castillejos  Cervantes (asesor jurídico). ¿Y? Pase lo que pase –o si no pasa nada– a ninguno mueve.

Coincido con las apreciaciones del especialista  Ernesto Gómez Magaña, experto en rendición de cuentas, integrante de la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas,  cuando dice a SinEmbargo.Mx que  “el Presidente no ha roto con el viejo PRI, el de las corruptelas, la simulación, la asociación y la negociación. Por el contrario, esa cultura quedó cimentada al pedirle a un político afín al PRI que lo investigue. Es un comportamiento priista”. Sin embargo, esa cultura mamada y asumida por Peña Nieto no explica la naturaleza y frecuencia de sus pifias. Al revés: resulta totalmente contradictorio.

He llegado a pensar que el buen Quique es demasiado ingenuo, un chico inocente, del que abusan los lobos que lo rodean y que le ponen “cuatros” en los cuales irremediablemente cae. No parece posible de otra manera imaginar que nadie en su equipo de asesores le haya hecho ver la brutal equivocación de revivir la prácticamente extinta secretaría de la Función Pública (SFP) cuando una de las promesas torales de su mandato había sido la creación de una nueva fiscalía contra la corrupción que alentó inclusive a la dócil oposición panista con su propuesta de crear un Sistema Nacional Anticorrupción.

En realidad, la SFP nunca funcionó como un órgano eficaz para paliar siquiera las conductas  indebidas de los funcionarios públicos. Ni priistas ni panistas. No hombres ni mujeres.  Ni como la original secretaría de la Contraloría General de la Federación creada por Miguel de la Madrid Hurtado en 1983 (que puso al frente del nuevo organismo a Francisco “Rejas” Gutiérrez), ni como secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, renombrada así por Ernesto Zedillo Ponce de León; ni ya como secretaría de la Función Pública, invento del panista Vicente Fox Quesada en 2003. Por ahí pasaron en la época priista, después de Rojas Gutiérrez, Ignacio Pichardo Pagaza, María Elena Vázquez Nava, Norma Samaniego y Arsenio Farell Cubillas. Sin pena ni gloria.

En la inauguración del gobierno de la anhelada alternancia que encabezó Vicente Fox Quezada (2000-20006), la esperanza volvió a aletear con el nombramiento de un hombre intachable al frente del organismo, el chihuahuense Francisco Barrio Terrazas. Fue Fox quien le endilgó a Pancho Barrio, y no presunción propia, la tarea de pescar “a los peces gordos” para llevarlos a la cárcel. Ni uno solo calló en las redes del comedido exgobernbernador panista en los tres años que estuvo en las oficinas de Insurgentes Sur (2000-2003). Tampoco tuvo suerte en alta mar su sucesor, el también chihuahuense Eduardo Romero Ramos. Y menos, ya durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas ni Rafael Morgan Ríos. Fueron tan ralos y  decepcionantes los resultados de la SFP que el propio Calderón Hinojosa decidió su desaparición en septiembre de 2009, lo que fue impedido por el Congreso al rechazar inopinadamente la propuesta de su extinción.

La SFP quedó ahí como un muerto insepulto, a tal grado excluido de cualquier posibilidad de resurrección que al llegar al poder en 2012 el propio Peña Nieto decidió dejarla acéfala hasta en tanto fuera sustituida por la nueva entidad anticorrupción que pregonó en su campaña. Y ahora, inesperadamente otra vez, le inyecta vida y pone al frente a un amigo suyo,  exconsejero del IFE y titular en ese momento de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,  Virgilio Andrade Martínez.  El ensortijado secretario de 47 años de edad reconoció de entrada  su relación previa con Peña Nieto, pues participó en el equipo de transición del entonces Presidente electo, y dijo que tiene una relación cercana desde hace muchos años con el titular de Hacienda Luis Videgaray, el otro supuesto objetivo de su ojo investigador.

En otras circunstancias, y sin el absurdo y contradictorio encargo oficial con el que el Presidente lo recibe, nadie hubiera cuestionado quizá el nombramiento del simpático Virgilio, un hombre del sistema pero con fama de honesto, trabajador y austero. No ocurrió así, por cierto. Y menos ahora, cuando el propio Andrade nos sale con la noticia de que a pesar de que fue nombrado por el presidente Peña Nieto con la orden expresa de investigar y resolver si hubo o no conflicto de intereses en los contratos otorgados a empresas que les vendieron inmuebles a «mi esposa, el titular de la Secretaría de Hacienda y un servidor» en realidad (¡glup!) no podrá cumplir este mandato.  El nuevo secretario esgrimió ante los medios que no está dentro de las facultades de la Secretaría a su cargo investigar contratos entre particulares incluyendo a Peña ni de Gobernador ni de Presidente. Salió con que la dependencia sólo está facultada para indagar contratos federales. «Lo que se va a investigar, específicamente», aclaró, «es si estos particulares (las empresas de Grupo Higa) que vendieron las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos. «La compra en sí no es competencia de la secretaría de la Función Pública porque no entra a verificar operaciones de carácter mercantil». Válgame.

Twitter: @fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://dev.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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