Hartas situaciones y acciones en el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto parecen ser el simulacro de lo que debería suceder para que México y los mexicanos salgan adelante en santa paz, con un desarrollo social y económico que se refleje en hechos.

A cambio lo que tenemos son muchas simulaciones que definen la política peñista.

Una, de verdad-verdad, o sea un simulacro que se lleva a cabo para dar a entender lo que ocurre actualmente en Baja California Sur; de esas situaciones increíbles que solo en el México “moderno” se pueden ver y enquistar.

Quizá no lo saben –dada la lejanía de la península sudcaliforniana con el centro del país o porque en México hay más ojos puestos en la capital- pero en Baja California Sur la situación del crimen organizado y el narcotráfico es de alerta. Ante la complacencia de gobiernos estatales y municipales lo mismo del PRD, del PRI que del PAN, narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa y Arellano Félix principalmente, hicieron de Baja California Sur primero su balneario, luego su refugio y después su zona de guerra.

De hecho eso del “efecto cucaracha” que tanto les gusta hablar a Gobernadores y Procuradores de Justicia para explicar la movilidad del narcotráfico de zonas o plazas calientes a otras más cómodas, accesibles y de mayor impunidad, es una realidad en la península sudcaliforniana. Cuando se acorraló a las huestes de los hermanos Arellano en Baja California, Jalisco y Sinaloa, se fueron a refugiar al extremo sur de la península; a la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, muchos de sus lugartenientes huyeron hacia allá en busca de una guarida y de nuevos territorios.

Baja California Sur es una zona de guerra del narcotráfico y el crimen organizado. En un estado donde hace diez años las ejecuciones anuales eran cero, hoy día las muertes violentas producto del crimen organizado y el narcotráfico superan las 155. Las balaceras son cuestión de todos los días, a cualquier hora y en cualquier lugar. El horror y la saña han convertido a los niños en descubridores de cuerpos cercenados mientras va rumbo a la escuela.

En este contexto, para preparar a la población y –evidentemente- a falta de Estado de Derecho, la delegación de la Secretaría de Educación Pública en La Paz, ha organizado simulacros de balaceras para ahora sí educar a los niños sobre cómo resguardarse cuando su vida esté en peligro en el momento justo de un enfrentamiento armado entre los grupos criminales.

Así, para el simulacro de balacera, los sabios funcionarios llegan a los salones y con bocina a su máxima potencia, reproducen sonidos de disparos de distintos calibres y velocidades, sirenas de ambulancias y caos; cuando ello sucede les explican a los niños cómo deben echarse al piso, guardar la calma, resguardarse tras la pared y obedecer a su maestra. También solicitan la ayuda de padres de familia para que se eduquen y ante la adversidad y la impunidad, mínimo protejan su vida.

En el ámbito político también hay simulacros. Todavía se recuerda que el presidente Enrique Peña Nieto prometió una Secretaría Anticorrupción que ocuparía el lugar y ejercería más facultades que la Secretaria de la Función Pública para perseguir a los funcionarios corruptos, abusivos de su cargo, transas, que traficaran influencias o maltrataran al mexicano que acude de buena fe a cumplir con cualquier trámite.

Pero nada; cuando urgía una Secretaría Anticorrupción o una Fiscalía contra la Corrupción, o una Comisión Legislativa Anticorrupción, a partir del 9 de noviembre de 2014, cuando en un reportaje de Aristegui Noticias se reveló que la primera dama Angélica Rivera de Peña había adquirido una millonaria mansión aun a nombre de una filial de Grupo Higa, principal constructor en el Estado de México cuando Enrique Peña era el Gobernador, y ganador –días antes le retirarían de palabra el compromiso- de la licitación para la construcción del tren México-Querétaro, el presidente no dijo ni pio.

Después se sabría por otros reportajes, que también él había adquirido su casa en condición similar; además que su Secretario de Hacienda, Luis Videgaray también tenía su millonaria casita en campo de golf de Grupo Higa, y que para ser precisos, la mansión que Peña utilizó como oficinas de transición previo a la toma de posesión, también tenía origen en Grupo Higa.

A las peticiones de una Comisión especial legislativa que estudiase estos casos, siempre hubo una negativa por parte de los priístas en las Cámaras Alta y Baja, mientras el presidente decía que su esposa aclararía la situación y su secretario de Hacienda decía auténticas sandeces para justificar lo injustificable.

Y después de 26 meses de tomar posesión, y de cuatro meses de acumular las sospechas, las denuncias públicas y perder el respeto de sus gobernados ante la ausencia de una investigación sobre él, su esposa y su secretario de Hacienda entre otros, el presidente tuvo la idea de revivir aquello que quería acabar y de no instaurar aquello que prometió. Así sin más, reactivó las funciones anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, donde nombró a Virgilio Andrade, un abogado camaleónico en términos políticos y de poder para que lo investigue a él y a los suyos. Es decir Peña puso al Juez que le juzgará a él a su esposa y a su amigo secretario de Hacienda… si esto no es un simulacro de transparencia y política anticorrupción, cómo se le parece.

Orondo el Presidente declaró en vivo y a todo color: “He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que Investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras o contratos otorgado por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de hacienda y con un servidor”.

Olvidó el presidente mencionar los contratos que dichas empresas recibieron cuando él era Gobernador del Estado de México, su esposa era la novia oficial y el secretario de Hacienda era el de Finanzas de aquella entidad.

Pero además, no era necesario un simulacro federal, realmente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, faculta a doce entidades –entre ellas a la Secretaría de la Función Pública- para que investigue, perciba y aperciba a los funcionarios de los cuáles se presuma la comisión de un delito, acto de corrupción, abuso de poder, ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Así pues no era necesario el espectáculo mediático en vivo para que se instruyera a la Secretaría de la Función Pública a investigar lo que por Ley debe hacer. De igual manera están facultados para investigar y sancionar a los funcionarios que actúen en conductas ilícitas:

“I.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión;

“II.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal;

“III.- La Secretaría de la Función Pública; Fracción reformada DOF 26-12-2005

“IV.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;

“V.- Los tribunales de trabajo y agrarios;

“VI.- El Instituto Federal Electoral;

“VII.- La Auditoría Superior de la Federación;

“VIII.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

“IX.- El Banco de México;

“X.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“XI.- La Comisión Federal de Competencia Económica, y

“Los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes”.

Entre muchos asuntos, omisiones, excesos, abusos, ejercicio indebido y demás que se detallan puntualmente en la Ley, destaca el Artículo 8 que refiere las obligaciones de los servidores públicos. Particularmente el inciso XI:

“Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte…”.

Y el inciso XII del mismo artículo:

“Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión”.

Así de fácil, ¿no?

Y así, nada más con dejar que la Ley se cumpla –lo cual significa que existe un Estado de derecho también- es suficiente; el presidente Peña no tenía que hacer todo el simulacro de la transparencia y la lucha a la corrupción por parte de su gobierno, si desde el mismo 9 de noviembre de 2014, a la primera nota documentada, alguna de las instancias –incluida la Secretaría de la Función Pública- hubiesen cumplido con la Ley y abierto una investigación.

Nada más para que vea que Ley sí hay, voluntad presidencial no.

Y para que no quede ningún cabo suelto aquí le van otros tres incisos del Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos:

“XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

“XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley;

“XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos…”.

¿Cómo la ve?

Adela Navarro Bello

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