La semana pasada pregunté por qué el precio del litro de gasolina al consumidor es de 13 pesos si su valor de mercado es de 8 pesos y hasta hoy no he obtenido más que nuevas dudas y una sospecha: el costo agregado es un gravamen disimulado al consumidor.
El cargo anticonstitucional equivale a un 37 por ciento adicional al impuesto al consumo, que es de 16 por ciento y ya está incluido en el precio de mercado de 8 pesos por litro.
Lo que me sorprende es que los mexicanos, de Chihuahua para abajo, y las grandes empresas transportistas y comerciales, que consumen diariamente miles de litros, sigan pagando ese gravamen sin chistar, e incluso declaren que las políticas económicas del régimen actual son una buena oportunidad de desarrollo.
Comparemos los precios de julio de 2014, cuando Pemex aún era una institución gubernamental monopólica, con los de enero, ahora que la petrolera es una empresa que forma parte del libre mercado.
En julio del año pasado, costaba menos de diez dólares producir un barril de crudo mientras que cada uno se vendía por 100 dólares en el mercado internacional; la paraestatal procesaba alrededor de mil quinientos barriles diarios para consumo interno y solventaba el déficit energético adquiriendo combustible extranjero en 14 pesos por litro.
El precio de venta de la gasolina al público mexicano era de 12.50 pues Pemex otorgaba un subsidio de 1.50 pesos para evitar un impacto negativo a la economía. Aun así el costo del combustible era muy alto para ser un país petrolero, Venezuela lo vendía aproximadamente a peso el litro por ejemplo, pero era el precio a pagar por no haber desarrollado refinerías para transformar el crudo.
Este mes de enero, el costo de la extracción sigue siendo el mismo (menos de diez dólares por barril) y se vende en 40 dólares, además de que prácticamente toda la producción se utiliza para el mercado interno; por lo tanto Pemex, como empresa que funciona dentro del mercado libre, consume un crudo mucho más barato que en 2014 e incluso nos informa que adquirirá crudo extranjero, mientras que el déficit de gasolina se importa al mayoreo a un estimado de siete pesos por litro.
Considerando lo anterior, el precio del litro de gasolina al consumidor es de 8 a 9 pesos y el Estado ya no tiene necesidad para, ni puede en justicia, gastar dinero público en apoyar a una empresa que forma parte del comercio mundial.
Es evidente que alguien está haciendo trampa, el precio de la gasolina debe tener como tope el precio de Estados Unidos porque allá extraer un barril de crudo resulta más caro y el combustible se vende entre 8 y 9 pesos por litro. El costo lo fijaron los legisladores en un acto autoritario completamente violatorio del Artículo primero de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a considerar el interés de las personas sobre el de las instituciones y corporaciones.
El precio del combustible, como el de las tortillas, es regulado por las reglas de oferta y la demanda; para eso se reformó la Constitución y se expidieron todas las leyes que liberan al petróleo del monopolio estatal y permiten que Pemex compita en el mercado global.
Aprovecho para agregar que no dejo de exigir que debe castigarse a todos los responsables (por comisión u omisión) de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales cometidas en Iguala, porque aún considero que todos los altos funcionarios que pudieron evitarlo y no lo hicieron tiene tanta responsabilidad como los autores materiales. Las autoridades investigadoras no pueden dejar de lado a los militares, políticos, funcionarios de Gobernación, incluso a Chuayffet y hasta dónde tope.
Mientras no tengamos una solución satisfactoria, aunque sea para el combustible que consumimos, este sigue siendo el país de la impunidad, la corrupción y la injusticia.
