Siempre se ha dicho que existen muchos Méxicos, resultado de las diferencias regionales, étnicas y sociales. No obstante en este 2015 esa perspectiva se ha focalizado en la distancia cada vez mayor entre la clase política y la pluralidad ciudadana, en la manera que éstas asumen y ven el país. Las elecciones de 2015, van a ser un punto crucial para advertir si esta afirmación es errónea o no.

Si algo está claro es que apuntan a ser las elecciones más desanimadas de los últimos tiempos, sostenidas solo por el peso de la inercia de la maquinaria electoral y el negocio que representan para el sistema político resquebrajado. Tal vez en algunos lugares mantengan sus bases sociales necesarias para reciclarse, pero aun así, hay en la atmósfera un malestar generalizado que ha despojado al proceso electoral de su ánimo democrático.

Es en estas condiciones que diversos grupos de ciudadanos empiezan a coincidir al afirmar que la democracia en México se extravió y que será necesario replantear el sistema de partidos vigente que convirtió la transición democrática en una gran tranza de élites, mismas que se han visto rebasadas por los grupos criminales que se enquistaron en la cotidianidad del quehacer económico, político y social del país.

Uno de los caminos que se vislumbra y discute para recuperar la vitalidad y rumbo y sobre todo el ánimo democrático enraizado en la justicia, busca darle la espalda a las elecciones del 2015, y plantear una acción colectiva interclasista, interregional que acompañe el boicot electoral con una agenda de reformas que no se pacten en la cúspide de la pirámide del poder sino que resulten del acuerdo de la pluralidad social de esos diversos Méxicos que conforman la nación.

Solo un estremecimiento así podrá comenzar a detener la epidemia de violencia que los partidos políticos en sus acuerdos de impunidad han multiplicado. La incapacidad de respuesta frente al caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa los exhibe en una parálisis política que es una amenaza para el conjunto de la sociedad mexicana.

Hay una conciencia cada vez mayor sobre el discurso obsoleto de la soberbia que muchos de los gobernantes y legisladores encarnan y que en realidad solo oculta una vida parasitaria a costa de millones de mexicanos. El discurso político se ha vaciado dejando al desnudo el carácter ventrílocuo de quienes ejercen una representación.

Lo que sucede en Michoacán es una vergüenza, la versión oficial sólo arroja más leña al fuego (ver el valioso artículo de Juan Pablo Becerra Acosta 05/01/15 Milenio.com). Es insostenible una figura como el comisionado que termina por hacer un corto circuito en el maltrecho sistema de seguridad y justicia. ¿Quién es responsable de las decisiones, de  armar y desarmar a grupos de ciudadanos y después enjuiciarlos? ¿Y los partidos, sus diputados y demás; qué aportan, qué dicen, qué proponen?

El análisis de la complejidad de la sociedad contemporánea, de la dinámica de la libertad de sus diversos discursos en el circuito global de las redes y el impacto de la relación con las formas tradicionales de autoridad y sus representaciones ha sido minimizado, convirtiendo así a los espacios del poder público, congresos y gobiernos en dimensiones aisladas cargadas de una retórica que no termina de encontrar su lugar, porque no encaja en el ritmo de los tiempos culturales políticos.

La iconografía propia y sus formas explícitas de autoridad que utilizan, están desfasadas y los intentos por asemejarse a una serie norteamericana de las varias que retratan los equipos de mando de un gobierno, son un ejemplo de ese desaliento que está impregnando la relación entre gobernantes y gobernados.

La televisión como estructura conceptual de lo virtual aplicada al ejercicio de la autoridad y convertida así en alma del poder público y democrático en su demostración y expresión, está conduciendo al gobierno a un descalabro de proporciones dramáticas.

Estas percepciones colectivas que se generalizan, obligan a encontrar rumbos ciertos para impedir quedar atrapados en el callejón sin salida de la violencia. El boicot electoral es una de las opciones que apunta a generar la fuerza social democrática necesaria para impedir que los grupos que actualmente ostentan el poder ejerzan la violencia represiva y lograr en cambio, el condicionarlos a aceptar un nuevo congreso constituyente de la nación mexicana.

El dar la espalda al proceso electoral del 2015 significa mirar de frente a la nación, al reformular el sistema político mexicano y hacer posible un nuevo pacto constitucional enraizado en la riqueza social del país.

La tarea va tomar tiempo pero entre más pronto se comprenda por los diversos actores la magnitud del dilema que vive nuestro país, mejor será para todos; ayudando así que las vías no violentas permitan superar las fuertes tensiones sociales y desmantelar la versión de la “democracia mexicana” que implican las nupcias entre el crimen y la política.

Tomás Calvillo Unna

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