Entre las élites mexicanas (políticas, económicas, incluso delincuenciales) las leyes se callan. Las élites están siempre por encima de la ley, porque son la Ley. De las élites hacia abajo, sobre todo entre las clases más desprotegidas, el estado de Derecho es tan invulnerable que termina por ser arbitrario y represor.
Un Estado, pues, donde la justicia es desigual, parcial y sin ética, incapaz de dar a cada quien lo que le corresponde, es un Estado fallido.
Un ejemplo paradigmático de esto lo tenemos con la reciente exoneración de todo cargo de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a Raúl Salinas de Gortari. Dar detalles de las sumas millonarias que tenía en diversas cuentas bancarias extranjeras el hermano del ex presidente de México basta para saber que nunca pudieron llegar ahí por la vía del trabajo honrado. Pero esta evidencia contundente (lógica, a saber) no la ven nuestras leyes mexicanas. Claro: porque son ciegas.
Así como nuestro sistema de justicia encarceló, cuando quiso y como quiso, en un cerrar de ojos a la maestra Elba Esther Gordillo, sobre la que nadie dudaba de sus corruptelas dentro del sindicato nacional de maestros, así también, cuando quiso y como quiso, en un cerrar de ojos dejaron libre de toda culpa a Raúl Salinas de Gortari, quien un día después de haber sido declarado inocente ya estaba subiendo a un avión de camino a Europa.
En este contexto podría enmarcarse el caso Ayotzinapa. Ya casi se cumplen tres meses de la desaparición de los normalistas y el gobierno federal no tiene aún una respuesta convicente al respecto. Parece que lo único que le preocupaba era que los reclamos no llegaran a sacar de Los Pinos al presidente Peña Nieto. Disuelta esa posibilidad, todo ha vuelto a la normal injusticia, impunidad y corrupción consuetudinaria de nuestro sistema de justicia.
O para decirlo gráficamente: Raúl Salinas de Gortari riéndose, desde el avión de Air France, de los padres de los 43 normalistas asesinados en Iguala.
@rogelioguedea
