El contubernio de los partidos políticos con el crimen ha herido a la ciudadanía y debilitado a la República.

La institucionalidad democrática está fracturada y requiere de una cirugía mayor. La frustrada reforma política, que fue en realidad un producto de las componendas de la elite sustituyendo al IFE por el INE y dejando así de lado lo sustancial (Plebiscito, referéndum, candidaturas ciudadanas, etc.) que pudo haber fortalecido los derechos de los ciudadanos y no las prerrogativas de los partidos como sucedió, solo abonó al corto circuito que hoy vivimos y que puede convertirse en un incendio de proporciones no vistas.

La riqueza social de la población mexicana, su fortaleza cultural, su potencial histórico no pueden estar constreñidos por las reglas políticas electorales que impiden que la nación elija su destino.

Se requiere modificar sustancialmente los caminos hasta ahora seguidos en la construcción democrática que se está desmoronando y llevando al país a una confrontación violenta.

El territorio nacional se ha convertido en el cobro de piso y expoliación por parte de bandas criminales que conviven con políticas económicas cada vez más desiguales y desarticuladas con el tiempo y lugar de los habitantes de México.

Los múltiples rostros de las organizaciones ciudadanas, sus capacidades e imaginación obligan a un profundo rediseño institucional cuya amalgama se encuentra en los senderos de la no violencia que puede permitir articular diferencias a partir de reconocer la plataforma común de humanidad que se requiere rescatar.

La degradación de la condición humana que la impunidad, corrupción, violencia y los estertores del terror expresan, son ajenas al espíritu de la mayoría de los mexicanos.

Si los partidos erosionaron la representación nacional, es el tiempo de los ciudadanos para reencontrar el camino perdido.

La tragedia de Iguala demolió la pesada loza de una estructura que se pretende como única posibilidad democrática y resquebrajó la percepción de que la autoridad tenía algún sentido para generar convivencia.

El gobierno se ha convertido para muchos en una amenaza a la paz, más que el garante del orden para compartir la casa común de la república.

La incapacidad de los gobiernos de responder ante el crimen y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y la comicidad trágica de los discursos de los principales actores políticos arrojándose unos a otros el lodo de sus cuentas pendientes, son una triste y penosa exhibición de la pérdida de rumbo que vive actualmente el país.

Existen otras vías no violentas cuya diversidad de representación, étnica, de género, cultural, regional, de talento, etc. puede ayudar a romper los monopolios clientelistas de las franquicias en que se han convertido los partidos.

Desde abajo, desde todos los lados, desde arriba se debe liberar la fuerza social que permita diseminar y hacer vigente la justicia, la seguridad y la libertad en el territorio nacional.

En la campaña electoral de 1990 para la gubernatura de San Luis Potosí, el doctor Salvador Nava, tomó una decisión que le provocó agrias críticas, aún de sus propios aliados, cuando desconoció a las instancias electorales para presentar las pruebas contra el fraude electoral; misma decisión que a la larga sería apreciada como un acierto (Ya que fue más que relevante para el surgimiento del IFE). En aquel momento diferentes actores dentro y fuera del gobierno lo acusaron de romper la institucionalidad, el Dr. Nava advirtió de ese contubernio de las autoridades electorales del país con el gobierno y el partido hegemónico, señalando que eran juez y parte de la infamia perpetrada.

Ante las próximas elecciones y frente a los circuitos territoriales del crimen que el caso de Iguala exhibió con incalificable crueldad, una acción en esa dirección, sería darle la espalda al sistema electoral; una acción cívica no violenta que está en el escenario de las opciones que los ciudadanos tienen ante la profunda crisis que vive el país. Una acción perentoria, que obligue a todos los partidos políticos a limpiar sus filas, que devuelva los ciudadanos sus derechos terminando con la partidocracia. Un abandono activo a la participación electoral como signo irrefutable de rechazo a un sistema electoral que está financiando a las bandas criminales del país a través de los partidos políticos.

El caso de Iguala, no es una excepción sino en mucho la regla, matizada ciertamente, entre incapacidad, dejar hacer, administración, asociación, alianza e incluso apropiación, de los gobiernos con los negocios y la violencia promovida por los actores del llamado crimen.

¿A quiénes y para qué elegir?

Tomás Calvillo Unna

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