El sábado, los medios televisivos informaron que “(ese día) por primera vez no hubo disturbios en Chilpancingo o Iguala con motivo de los jóvenes desaparecidos”. Era la mala noticia que estábamos esperando.
Aunque SinEmbargo tenía distinta información del tema (estudiantes de la normal de Ayotzinapa denuncian que la esposa del nuevo gobernador quiso apoyarlos con 300 mil pesos, atacan a Andrés Manuel López Obrador por exigir durante un mitin la entrega de los jóvenes desaparecidos y descalifica la arquidiócesis a Ebrard y su “falsa izquierda”), en otros medios, salvo Excélsior que actualizaba sobre la búsqueda de los jóvenes en ranchos y casas abandonadas, las notas del día eran que el no crecimiento de la economía es razonable, la operación exitosa de Mancera y el empate de las Águilas y las Chivas. Noticias que no son noticia.
¿Qué pasó con lo que al principio se denunció? Los políticos aguantaron el vendaval inicial, aquellos que controlan a los medios crearon distractores, la gente se cansó, la iglesia acusó y los acusados se defendieron… ¿y el crimen y los criminales?, ¿ dónde están?, ¿dónde está la justicia?, ¿por qué sigue libre Aguirre?, ¿porque no han detenido a Abarca?
Hoy, el tema ya no es la complicidad del Gobierno en el crimen ni la omisión de la ley durante las tres horas que los jóvenes pasaron en poder de los policías de Iguala, cuando ninguna autoridad (ni federal, ni estatal, ni municipal) se hizo cargo de lo que pasaba.
Por un lado, la Iglesia culpa del delito a la “falsa izquierda” y discute sobre Ebrard, la interrupción dela concepción y la existencia o no de la moral en la izquierda, mientras los partidos políticos se lanzan contra Andrés Manuel López Obrador como si él hubiera apretado el gatillo y finalmente, a la esposa del gobernador se le ocurre ofrecer dinero en efectivo a la Normal de Ayotzinapa.
¿Por qué no aparecen los jóvenes? Este es el asunto, lo demás son tonterías.
No debemos perder la puntería, este acto horrendo es un crimen de lesa humanidad, que según el Estatuto de Roma es fundamento normativo para llevar a los acusados frente a la corte internacional. Este tipo de delito es tipificado como cualquier conducta inhumana motivada por cuestiones políticas, religiosas, ideológicas, raciales, étnicas, de orientación sexual u otras, que cause sufrimiento o atente contra la salud mental o física de la víctima y se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque (en este sentido, los estudiantes de una escuela, por el solo hecho de serlo, son una población civil victimizada).
Es un crimen terrible y las reacciones de la clase política y religiosa son perversos actos de complicidad que buscan ocultar un hecho criminal y a sus autores intelectuales, materiales y demás involucrados.
Los políticos ya no quieren encontrar a los asesinos ni someterlos a proceso, quieren restablecer la coordinación sistémica entre ellos y los sicarios; ya sólo esperan que se encuentre a los jóvenes (vivos o muertos) para que termine de amainar la tormenta.
¿Pero los mexicanos qué?
Así pasó en Ciudad Juárez cuando se registró la masacre en Villas de Salvárcar, aquí tan siquiera se obligó al Gobierno a dialogar con un grupo ciudadano y, manteniendo el diálogo en un buen nivel, se logró una intervención federal que duplicó la inversión de recursos en el municipio, alcanzando los 7 mil millones de pesos.
Aun así, la cuestión quedó: ¿dónde están los culpables?, ¿dónde los 15 asesinos que participaron en los hechos y faltan de localizar?, ¿y qué pasó con el autor intelectual, supuestamente el Diego, quien fue extraditado “fast track” a Estados Unidos sin ser procesado aquí por el crimen?
Convivo con las víctimas de entonces y es impresionante el abandono en que hoy los tiene la autoridad.
No los visita el representante del Gobierno en Juárez, menos la esposa del gobernador. No les reconocen el carácter de víctimas para que tengan derecho a los beneficios de ley y los hermanos de los occisos perdieron las becas que les asignaron al entrar el Gobierno de Peña Nieto, porque sus familiares fueron muertos de Calderón. Los funcionarios gastaron miles de millones de pesos en la ciudad pero se les olvidó abrir un fideicomiso para el bienestar de las familias huérfanas de hijos y padres.
La resolución de los jueces del caso fue un mensaje macabro: asignaron cuarenta mil pesos por reparación de daño (la perdida de la vida) por cada hijo. De las 14 familias afectadas, solo media docena tienen trabajo con salarios mínimos y las otras ocho están en el desempleo.
La casa del crimen permanece idéntica, aún se pueden ver las gotas de sangre derramada y los padres sufren cada día que pasan frente a ella al recordar que su hijo fue asesinado ahí. El Infonavit se niega a entregar el inmueble para hacer algo con él.
Las víctimas de Salvárcar sólo han ganado el olvido y la desatención mientras los criminales siguen impunes y los policías que tardaron 30 minutos en llegar cuando estaban a cinco del lugar, además del general que vigilaba la zona cuando ingresaron los 10 vehículos con gente armada, permanecen tranquilos.
Ni siquiera se abrieron quejas en las comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos.
Así como ya no “Todos somos Juárez”, muy pronto ya no todos seremos Ayotzinapa.
Los criminales y políticos desvergonzados, perversos y cómplices, seguirán tan tranquilos desayunando en el restaurante de moda, incluso habrá algunos que comentarán con orgullo “cómo embarramos a López Obrador”.
Esto no es un conflicto político, religioso o moral, es un crimen de lesa humanidad y los asesinos responsables y sus cómplices permanecen en libertad.
