El nombramiento de Manuel Mondragón y Kalb al frente de la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) no parece indicar que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté dispuesto a desarrollar una política de drogas novedosa, enfocada a la prevención y la reducción del daño, con estrategias de tratamiento que tomen en cuenta la evidencia científica y no sólo se basen en la abstinencia, y que —sobre todo— elimine efectivamente la criminalización de los consumidores.

La trayectoria profesional de Mondragón mueve al escepticismo, pues si bien es médico de formación la mayor parte de su ejercicio profesional lo ha realizado como policía. Su gran logro en materia de control de consumo de sustancias ha sido el programa del alcoholímetro de la Ciudad de México, que si bien tiene un componente adecuado de reducción de daño —el quitar del volante a las personas que han consumido alcohol, con lo que se protege a ellas mismas y a los demás—, tiene otro lado de exceso y visión punitiva del consumo: a los automovilista que superan los niveles permitidos de alcoholemia se les manda a la cárcel a dormir la mona como en los tiempos de don Porfirio, en lugar de multarlos, quitarles puntos de su licencia de conducir y enviar sus vehículos al corralón, como ocurre en los países donde los programas de control de alcoholemia se realizan con respeto a los derechos humanos. Apenas tomó posesión de su nuevo cargo, Mondragón lanzó la iniciativa de generalizar su modelo punitivo al resto de las ciudades del país. Mano dura como seña de identidad.

Pero si la trayectoria ya generaba dudas respecto a la pertinencia del nombramiento, en la ronda de entrevistas de presentación, Mondragón hizo evidente que está muy lejos de tener idea de lo que se está discutiendo en el mundo respecto a las adicciones y a la política de drogas en general. Después de afirmar que estaba abierto al debate respecto a la regulación de la cannabis, expuso todos sus prejuicios respecto al tema con base en un argumento de autoridad: como es médico, sabe de lo que habla; se trata, sin embargo, de una falacia pues al doctor Mondragón no se le conoce ninguna especialización en el tema de adicciones y por lo mostrado en sus comparecencias mediáticas, sus conocimientos al respecto son tan profundos como los que puede tener de ginecología o de nefrología: generalidades no necesariamente bien actualizadas respecto a los aspectos sanitarios del problema.

Su antecesor en el cargo, el neumólogo Cano Valle, ya nos había anunciado que de regularse el mercado de cannabis en la Ciudad de México al mes siguiente tendríamos hordas de zombies deambulando por las calles. Mondragón, en cambio, en un despliegue de conocimientos de economía agrícola, nos anuncia un campo mexicano volcado a la producción de marihuana, con el abandono de cualquier otro cultivo, sobre todo el maíz y el frijol, tan caros a la identidad nacional. La visión de Mondragón respecto a la prohibición no difiere mucho de la de su fallido antecesor en el cargo. No me deja de sorprender cómo, en el caso de las adicciones, los médicos estén tan empeñados en que la policía sea la que haga su trabajo.

Histriónico como es, Mondragón no ha hecho sino repetir los lugares comunes tan del gusto del representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) Antonio Luigi Mazzitelli, apegado presupuestal y afectivamente al sistema internacional de control de drogas establecido por los tratados internacionales y que hace agua por todos lados, tanto desde la perspectiva de salud —pues ya es evidente que la prohibición genera muchos más riesgos que las drogas mismas— como desde la perspectiva de la seguridad pública, donde las ingentes ganancias de los mercados clandestinos de drogas han permitido a los delincuentes armarse y reclutar personal con el cual se enfrentan a los Estados institucionalmente mal equipados no sólo para mantener su mercado sino para ampliar su campo de acción a otros delitos mucho más depredadores.

Mientras en México se nombra a un provecto policía al frente del organismo encargado de prevenir y tratar las adicciones, en el Reino Unido el ministerio del interior presentó un reporte histórico en el cual se hace cargo de las evidencias internacionales de la eficacia de políticas de drogas distintas a la persecución policiaca, como las salas para consumo seguro, los tratamientos con provisión asistida de heroína, la reducción de daño, la plena descriminalización de los consumidores, las comisiones de disuasión y la regulación de la oferta de cannabis. La discusión en el mundo avanza rápidamente rumbo a la sesión sobre el tema que realizará la Asamblea General de la ONU en 2016. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto se queda atrás en el debate y ofrece más de los mismo, precisamente cuando la evidencia muestra que el mercado clandestino de drogas le carcome las entrañas al Estado mexicano. 

Jorge Javier Romero Vadillo

https://dev.sinembargo.mx/author/javierromero/

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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