Alguna vez Winston Churchill dijo: el político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué no ha ocurrido. Entonces, el tiempo en política es decisivo para las buenas y las malas decisiones. Se puede jugar con él pero en clave de costo beneficio. Adelantar o retrasar una decisión puede ser beneficioso o costoso incluso habría que preguntarnos beneficioso o costoso, ¿para quién?

En el México de Iguala, por poner el ejemplo más doloroso, no se fue capaz de predecir y ahora menos de explicar razonablemente no qué no haya sucedido, sino la causa por la que sucedió la tragedia de Iguala.

Quizá, explique el silencio de fondo, el desdén de las élites por los pobres, la incapacidad de resolver los problemas regionales o los efectos de un país minado, donde poco parecen preocupar la indiferencia de un gobernador o la complicidad criminal de un alcalde.

Y, entonces, la brutalidad de la policía encontró el silencio para ganar tiempo, buscando que este hiciera su trabajo silencioso de construcción del olvido y la desaparición paulatina del tema en las ocho columnas, el debate público, la irritación social, la sobremesa.

Correr el tiempo

Se dejó correr el tiempo impunemente, sin qué el gobierno fuera capaz de resolver el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y como se dice en las cosas sacras, en el pecado llevan la penitencia.

El mal manejo del tiempo político se ha transformado en una suerte de boomerang mediático que ha golpeado severamente el rostro modernizador que se vendía en el extranjero y qué ganaba elogios en las primeras planas de los principales medios de comunicación de la economía mundial.

De la noche a la mañana, todo cambió repentinamente, ya no se habla de la reforma energética sino cada vez más se preguntan dónde están los 43 jóvenes desaparecidos y hasta muchos inversionistas se preguntan preocupados si México es un país de leyes. Si realmente es un país seguro. Si hay garantías.

Hoy, como el primero de enero de 1994, la fiesta neoliberal se hecho a perder por la presencia de la violencia contra los pobres. La irrupción de los pobres entre los pobres, los que hicieron presencia en San Cristóbal de las Casas y ahora en forma de ausencia los normalistas aparecen como fantasmas en Iguala.

Esa dicotomía presencia/ausencia nos recuerda nuevamente que en la historia los hechos se repiten unas veces como tragedia y otras veces como drama. El olvido en las cañadas chiapanecas ahora está en las fosas de Guerrero; lo que no pintaba en los medios hoy es tema no solo de ellos, sino de las voces comprometidas de políticos e intelectuales del mundo. Cuanta fragilidad de esa pretendida uniformidad mediática se produce en torno a los pobres. Cuanta resonancia llegan a provocar producto de un levantón de policías al servicio de criminales.

El tiempo en política

El caso de los desaparecidos de Iguala se le aplicó el mismo protocolo siniestro de la masacre de San Fernando, Tamaulipas o cualquiera asunto que está detrás de las fosas que se siguen encontrando en distintas partes del país, dejar que la vorágine de los temas nacionales lo volviera en un asunto irrelevante a golpe de repetición. Pero, no, el tema trascendió rápidamente gracias a qué eran estudiantes, a las redes sociales y el pésimo manejo de la información gubernamental y la incapacidad para encontrar a los desaparecidos.

La estrategia de comunicación de casi no hablar de la estadística de los homicidios dolosos que ya superan los primeros años del gobierno de Felipe Calderón, más que expresar manejo eficaz, se ha transformado en impotencia ante una realidad renuente a la manipulación de la información.

Ahí están los datos de INEGI y qué presenta el periodista Jorge Ramos en un artículo reciente: En el 2013… hubo más hogares que sufrieron delitos (33.9%) que en los dos últimos años de Calderón (32.4% en 2013 y 30.4% en 2011). Además, la última encuesta del INEGI es aterradora: en 10,7 millones hogares hubo al menos una víctima de delito. En 2013 se registraron 131, 946 secuestros, 25 por ciento más que en el 2012.

Sorprendentemente estos acontecimientos ocurrieron en medio de la alegría de la elite política y económica, que festinaba la aprobación de las reformas estructurales y pronosticaba un futuro promisorio de buenos negocios para ellos y sus aliados algo qué solo tiene parangón con la firma del TLC en 1994 y la insurrección zapatista.

Son nuevamente los estudiantes los protagonistas acompañados de cientos de miles de ciudadanos que han decidido dejar el silencio para protestar y exigir con la máxima de “Vivos se los llevaron, con vida los queremos”, una expresión ubicua qué convertida a zozobra amenaza a cualquiera en este país.

Ante esto tenemos un gobierno atónito sin capacidad de reacción ante las evidencias literalmente descarnadas. El sacerdote Alejandro Solalinde provoca al poder dando voz a los testimonios y hacer más fuerte el rumor de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos se encuentra en alguna fosa del entorno geográfico de Iguala.

Así, sí el gobierno llevado por la idea de qué “sin cuerpo no hay crimen”, lo único provocó fue mostrar su provincianismo en materia de impartición de justicia e incapacidad de brindar seguridad a los ciudadanos.

Incluso, peor, para muchos mexicanos el gobierno tenía está información en sus manos desde el primer día y tomó la decisión de dejar correr el tiempo, para que este hiciera su trabajo de despresurización y reducir los menores costos políticos.

Pero, acaso, a más de un mes de la desaparición de los normalistas ¿se puede hablar de una economía de costos políticos? Evidentemente no. Desde el 26 de septiembre el problema dejó de ser de Guerrero y ahora adquiere un carácter internacional de violación flagrante de los derechos humanos.

La imagen patética de una protesta en la India ante el Secretario de Relaciones Exteriores nos da cuenta de los alcances geográficos qué está adquirió, como también de la incapacidad del gobierno de explicar y procesar la crisis administrando adecuadamente los tiempos del conflicto.

Quizá por ello, es la inmovilidad pasmosa del gobierno ante la protesta, los bloqueos y los saqueos que estamos conociendo en Chilpancingo, ante la impotencia de los empresarios.

Y es que aplicar el tan llevado y traído Estado de Derecho, sin que aparezcan los estudiantes desaparecidos y sin qué se castigue a los culpables materiales e intelectuales, resulta una contradicción antes que un acto de justicia en una sociedad con reglas.

Luego entonces lo ocurrido en Iguala tensa el equilibrio entre Estado y sociedad. No puede existir un Estado en un sentido estricto sin que este tipo de hechos dramáticos hayan sido resueltos con las consecuencias legales.

Si eso se logra, se sentarían las bases, para garantizar el restablecimiento de un sistema de leyes, de lo contrario, se vería como un manotazo autoritario sobre la mesa no el ánimo de reconstruir la estabilidad y restablecer la gobernabilidad.

Quizá eso explica, los golpes de ciego que dan los lideres priistas buscando primero sacrificando a Ángel Aguirre y ahora culpar a López Obrador, de sus propias incapacidades e impotencia ante el desastre de Guerrero.

En definitiva, es hora de qué si no se pudo explicar porque no ocurrió, al menos deberían darnos una explicación razonable de lo que se podría hacer para qué no vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias que han partido el corazón al país.

Pero, eso, sería pensar y actuar como el estadista Churchill.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://dev.sinembargo.mx/author/ernestohernandez/

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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