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Arnoldo Cuellar

30/10/2014 - 12:00 am

No se equivoquen: el tema es la seguridad

Las autoridades de todos los niveles han administrado el tema para que no los desgaste, pero nadie se ha hecho cargo con seriedad. En ese sentido, las vidas que está cobrando el incremento de la violencia asociada a los delitos patrimoniales deben entrar directo en la cuenta de la negligencia de los alcaldes y del […]

Las autoridades de todos los niveles han administrado el tema para que no los desgaste, pero nadie se ha hecho cargo con seriedad. En ese sentido, las vidas que está cobrando el incremento de la violencia asociada a los delitos patrimoniales deben entrar directo en la cuenta de la negligencia de los alcaldes y del gobernador del estado.

Durante años, los responsables del Poder Ejecutivo a nivel estatal y municipal, responsables políticos de la paz social y la seguridad y jefes directos de los funcionarios encargados de los cuerpos policíacos, nos han venido diciendo que la violencia proviene de bandas foráneas, que a nivel local las cosas están tranquilas.

Con ese argumento, el gobernador Miguel Márquez Márquez vendió la idea de que una inversión de 2 mil 700 millones de pesos, que muy probablemente deberá incrementarse, era la solución al problema de inseguridad porque impediría la llegada inadvertida de delincuentes del exterior del estado.

Hoy, sin embargo, vemos una ola de violencia que muy poco tiene que ver con la delincuencia organizada y que más probablemente se asocie a la incorporación acelerada de nuevos cuadros a la actividad delictiva común, inexpertos, torpes y sumamente crueles.

Matar de una puñalada a un joven estudiante por quitarle una mochila que solo contenía documentos escolares; o disparar a un profesionista que realizaba un trámite en un hospital donde ocurre un asalto, no tiene que ver nada con las bandas criminales de las que se nos quería aislar a costa de grandes intenciones de recursos públicos en una tecnología cuya eficiencia sigue en duda.

En cambio la cada vez más evidente y comprobada implicación de las policías, por lo menos las municipales, con bandas de saqueadores, ocurrida no obstante la pretendida depuración de las corporaciones, tiene en la absoluta inoperancia la remodelación tecnológica, pues de nada sirve la vigilancia en tiempo real sin la capacidad de reacción inmediata, incluso de anticipación.

Hasta hoy, la seguridad en Guanajuato después de inversiones descomunales, no solo en las cámaras y los arcos de Escudo, sino también en las indemnizaciones de los miles de policías despedidos por los exámenes de control de confianza, no solo no ha mejorado los índices, sino muy en contrario, los ha derrumbado a niveles no vistos en el pasado.

Escudo ha mostrado eficacia para detener un delito muy específico: el robo de combustibles, el cual daña sobre todo a Pemex, pero que se produce por la incapacidad fiscalizadora del Sistema de Administración Tributaria, pues el robo de combustible es negocio porque hay expendedores del mismo que le dan salida y lo convierten en mercancía legal.

También, Escudo ha permitido esclarecer algunos crímenes. Sin embargo, su mayor reto sería contribuir a que éstos no se produzcan o lo hagan en menor número por una adecuada capacidad de disuasión.

Los alcaldes, por su parte, desde Barbara Botello pasando por Sixto Zetina, Ismael Perez Ordaz, Luis Gutiérrez o Benjamín Solís Arzola, hasta los de los municipios más pequeños, han decidido que la seguridad no es su problema y una vez que contratan a un director del área, lo dejan a su suerte, cuando no lo entorpecen con exigencias y caprichos personales que nada tienen que ver con el servicio a la comunidad.

Hoy, Guanajuato tiene una seguridad pública que empieza a entrar en crisis y que se desliza peligrosamente a niveles de deterioro que, de no frenar urgentemente, convertirán a los cuerpos de policía en amenazas directas para la seguridad de los ciudadanos del estado, una situación que aunque ya existe en forma aislada, todavía no constituye una generalidad.

Sin embargo, lo más preocupante es la actitud de ausencia de los políticos, su superficialidad para analizar los hechos, su creencia de que necesitan “tranquilizarnos” y que, para ello, hay que mentirnos.

Lo grave, por cierto, es que las mentiras de los altos funcionarios, dichas “para no alarmar”, tales como las de “es un caso aislado”; “estamos mejor que otros estados/municipios”; “hacemos investigaciones científicas”; “gracias a Proyecto Escudo”, junto con otras muchas del estilo, terminan por creerlas ellos mismos, que se van a sus casas pensando que todo está bien y se merecen sus altos sueldos y sus ocasionales moches.

Mientras tanto, los ciudadanos venían apechugando con un crecimiento exponencial de los robos domiciliarios, los asaltos callejeros, los atracos en negocios y empresas. Sin embargo, todo eso escaló con los acontecimientos recientes: hoy vemos asaltantes que no tiene empacho en convertirse en asesinos, incluso aunque no consumen el despojo que pretenden. El gran incentivo para escalar la violencia lo sigue siendo la impunidad: hoy tenemos más crímenes, menos procesos y muy escasas sentencias.

Nadie dice, por cierto, que la responsabilidad del auge delictivo sea enteramente de los políticos. Lo que sí decimos es que es toda suya la falta de atingencia y de valor para reconocer la crisis que se aproxima, para decirnos la verdad con valentía y convocarnos a luchar conjuntamente con ellos en la búsqueda de soluciones. Por cierto, no se les pide nada más de lo que ellos mismos ofrecieron con vehemencia cuando hacían campañas y querían el respaldo de los votos para ocupar esos cargos donde ahora medirán sin asumir a cabalidad la responsabilidad que viene asociada al puesto.

En síntesis: mientras los problemas crecen por efecto de macrorealidades descontroladas, donde tiene mucha responsabilidad otro nivel de gobierno, el federal, en el nivel local la división de ópticas entre clase política y ciudadanos, deja el campo libre a delincuentes cada vez más audaces y despiadados.

Aquí no les pedimos, todavía, a los políticos que se vayan y dejen el campo libre, pero sí que se pongan a trabajar, que desquiten el sueldo, que superen las disputas de vanidad y ambición (¿será posible?), que dejen de excusarse, que acepten los errores y que se propongan enmendarlos, que le entren a todas las tareas de su responsabilidad y no solo a las lucidoras y cómodas.

Que si bien no tienen solución a los innumerables problemas que nos aquejan, por lo menos que se esfuercen en entregar las cosas en mejor forma de como las recibieron. ¿Es mucho pedir?

Arnoldo Cuellar
Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).
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