La salida de Ángel Aguirre como gobernador de Guerrero, se suma a la de Fausto Vallejo en Michoacán para llegar a dos mandatarios defenestrados en lo que va del sexenio. En ambos casos se trata prácticamente de un manotazo de la federación en detrimento de las autoridades estatales.

En primera instancia uno pensaría que lo anterior es resultado del regreso de un presidencialismo de nuevo cuño y el principio del fin de los virreinatos absolutos en los que se convirtieron las gubernaturas en los dos últimos sexenios. Después de todo, uno de los rasgos del centralismo del pasado era la capacidad de los presidentes para deponer gobernadores a su antojo. Carlos Salinas lo hizo 14 veces durante su administración; Zedillo intentó hacerlo, sin éxito, con Roberto Madrazo en Tabasco y su fracaso fue el primer indicador de que los ocupantes de Los Pinos habían perdido su jerarquía como árbitros absolutos del resto de los poderes de la escena pública.

Una lectura superficial podría hacer pensar que Peña Nieto ha logrado imponerse al resto de los poderes fácticos como en el pasado lo hicieron los presidentes priistas. Pero una mirada más detallada nos mostraría que esto no es lo que parece. En realidad ambos gobernadores fueron convertidos en cadáveres políticos por la intervención del crimen organizado. Fueron los Narcos quienes les quitaron el poder mucho tiempo antes de que la Federación los hiciera a un lado.

Peor aún, habría que preguntarnos cuántos gobernadores se encuentran también en dicho caso. Si lo de Michoacán y Guerrero finalmente explotó fue debido a coyunturas que hicieron las veces de un detonante: las guardias de autodefensa en un caso, la desaparición de los 43 estudiantes en el otro. Pero habría que preguntarnos si Oaxaca, Morelos, Sinaloa o Tamaulipas (por mencionar algunas entidades) no se encuentran en la misma situación: territorios que ya no dependen de la capital de su estado sino de los caprichos de los narcos locales. Entidades en espera de su propio detonante para convertirse, también ellas, en incendios imparables que ameriten la desaparición formal de poderes que, en la práctica, se esfumaron hace tiempo.

Se suponía que el regreso del PRI restablecería la noción de un centro de gravedad capaz de poner un principio de orden entre los poderes fácticos que se habían salido de curso con la alternancia política. Sindicatos sin control, gobernadores convertidos en señores feudales, multimillonarios operando como amos del universo en absoluta impunidad, cárteles de la droga dueños del territorio. La aprehensión de la maestra Elba Esther Gordillo, del sindicato de maestros, y las supuestas leyes antimonopólicas en contra del imperio de Slim y Televisa, hicieron suponer que había regresado ese árbitro. Quizá no para reducir a los otros poderes, pero al menos para instalar una lógica de prioridades, una agenda mínima para impedir la arrebatinga salvaje.

Pero lo de Elba Esther muy pronto se reveló como una simple vendetta al interior de las fracciones priistas; las cúpulas sindicales han mantenido su poder incólume y las últimas negociaciones contractuales lo confirman. Por su parte, Slim y Azcárraga lograron muy pronto maniatar las aristas incómodas de las reformas para minimizar su alcance.

Y por lo que respecta a los cárteles de la droga,  lejos de menguar su poder se ha extendido. Quizá ya no tengan en su cúspide a los grandes capos del pasado ahora que el Chapo está detenido y los Beltrán Leyva desmantelados, pero lo que ha surgido es aún más desesperanzador: multitud de organizaciones locales de ferocidad inusitada, sujetas a mafias arbitrarias incapaces de sostener una estrategia funcional de largo plazo. Justamente, la desaparición de los normalistas en Iguala habría sido el resultado de una decisión absurda de la esposa del presidente municipal, al parecer cabeza local de la organización Guerreros Unidos. Membretes efímeros que brotan a todo lo largo de las sierras  y lomeríos del país y aterrorizan a las comunidades en respuesta a las rivalidades fratricidas que ni ellos mismos entienden.

Frente a estos poderes fácticos, salvajes e ilegales, la presidencia ha perdido terreno. Y no porque Calderón o Fox hayan tenido más fuerza, sino porque la decapitación de los capos de los cárteles ha provocado su fragmentación infinita e incesante y ha hecho del monstruo uno de mil cabezas. El verdadero drama es que el crimen organizado ha dejado de serlo para convertirse en el imperio del crimen desorganizado. Y ese es el que está ganando la batalla.

 Por lo pronto, los Narcos tienen en su haber dos gobernadores depuestos, Peña Nieto cero.

@jorgezepedap

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Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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