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Tomás Calvillo Unna

22/10/2014 - 12:02 am

La representación nacional en vía de desaparición

Perdida la frontera entre crimen y política, echarle llave y candado por dentro a las elecciones puede terminar por asegurar esa asociación y lastimar más las libertades y los derechos de los ciudadanos. Si el gobierno y los partidos insisten en negar y encubrir esa realidad, más honesto será que postulen criminales y reduzcan el […]

Perdida la frontera entre crimen y política, echarle llave y candado por dentro a las elecciones puede terminar por asegurar esa asociación y lastimar más las libertades y los derechos de los ciudadanos. Si el gobierno y los partidos insisten en negar y encubrir esa realidad, más honesto será que postulen criminales y reduzcan el gasto electoral.

Rene Delgado

Reforma. Sobreaviso. 10/10/2014

 

 

Iguala no es el único caso donde se ha consolidado un circuito económico del crimen, que se financia con recursos públicos y a través de los partidos políticos.

¿Cuántos presidentes municipales en el país, gobernadores, diputados y senadores, han hecho alianzas con los grupos criminales en diversas regiones del territorio nacional?

Es decir, parte significativa de los recursos que el estado entrega al aparato electoral y sus partidos está permitiendo que se consoliden territorios económicos del crimen.

Ese dinero público, parte del cual proviene del trabajo de los ciudadanos, termina vía el aparato político financiando una guerra que expresa los diversos reacomodos entre los grupos que disputan el control de la economía de las drogas.

Son feudos desde los cuales se administra la violencia y se protege y toma partido por algunos de los grupos que controlan las rutas, mercados y territorios no solo de drogas, sino de todas las actividades ilegales.

En el caso de Iguala su Municipio, como lo han informado, (ver Carlos Puig) recibió millones de pesos de la federación para ejercerlos en funciones de seguridad.

De esa manera reforzó seguramente el armamento no solo de sus policías que se desempeñaban en simbiosis con el crimen, sino también a éstos les garantizó apoyo logístico para fortalecerlos.

Esta simbiosis en algunos lugares se expresa con perfil bajo y solo en ocasiones sale a relucir, pero en otros como en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, ha sido tan evidente y cruel, que ha obligado a las fuerzas federales a intervenir para contener los excesos del mercado del crimen y no perder su regulación.

Los matices regionales de este entramado económico, han aparecido en las últimas semanas, como en el caso del Bajío, donde se muestra este cotidiano intercambio de favores y dinero entre sectores de la elite económica locales, miembros de los partidos políticos nacionales y afamados líderes de carteles de la droga.

Sin olvidar que cuando se globalizó la economía, también se globalizó el crimen, y esos circuitos locales y regionales tienen sus enlaces en la esfera internacional, ahí está el puerto de Lázaro Cárdenas como un ejemplo sin parangón.

La fragmentación de las organizaciones criminales ha provocado ciertamente un aumento en la violencia cotidiana que afecta a millones de mexicanos.

Sin lograr deteriorar las fuentes de financiamiento que provienen de la demanda misma de un mercado sin límites como el norteamericano.

La política anti-capos aplicada, no toca las bases estructurales de esa economía que ya se entrelazó con parte significativa de las elites políticas y económicas del país.

Política que además ha logrado contar con el respaldo del aparato electoral y los partidos para consolidar no un narco estado, sino algo más grave por sus implicaciones: la narco democracia mexicana que surge en el vacío que dejó nuestra fallida transición democrática que no terminó de madurar.

El drama de los estudiantes de Ayotzinapa, y los miles de desaparecidos y muertos, y las cientos de fosas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio nacional, (recuérdese Coahuila o San Fernando) no son una realidad ajena a los votos de los electores.

Los congresos, son ya la morada de esa partidocracia que Samuel del Villar advirtió hace años, y que tienden hoy a convertirse en bunkers.

En ellos se diseña una superestructura política, educativa, financiera, que busca estar en sintonía con la dinámica internacional y que implementa leyes y transformaciones cada vez más ajenas y distantes de los ciudadanos, dándole la espalda a esta desbastadora realidad que impera en el mapa del país.

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