Hace dieciséis días, el 1 de septiembre se entregó a la Cámara de Senadores un memorando en que se hace entrega de la iniciativa de decreto que expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, y se pide que se dé trámite preferente; es decir, que se discuta y apruebe de inmediato por su importancia legislativa.
Al mismo tiempo Osorio Chong, el secretario de Gobernación, a través de Felipe Solís, pidió mediante el oficio SELAP/300/1888/14 a Silvano Aureoles, presidente del Congreso, que impulse esta ley como trámite preferente.
Mientras tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la secretaría de egresos de programación de presupuestos emitió el oficio 315-A-12624, que es en realidad un análisis y evaluación del impacto presupuestario que tendrá esta nueva propuesta de Ley por la infancia de Peña Nieto. En el párrafo II dice “no genera ningún presupuesto adicional”. En pocas palabras, la nueva propuesta exigirá que los estados, de buena voluntad y a como les de la gana inviertan, o no, en las nuevas disposiciones para protegerá niñas, niños y adolescentes. Ni un centavo más para la implementación de la Ley, lo cuál la convierte en letra muerta.
Los niveles de discriminación de la propuesta de ley de Peña Nieto son no solamente violatorios de todas las leyes y tratados internacionales, sino una regresión al menos de cincuenta años en nuestro esfuerzo por avanzar en los derechos de la infancia y adolescencia. Por ejemplo se reconoce como “infancia migrante” a niños “no acompañados y extranjeros” y deja fuera los derechos de niñas, niños y jóvenes migrantes y jornaleros nacionales que se movilizan internamente en el país. Invisibiliza por completo los derecho plenos de la infancia con discapacidades o capacidades diferentes, les vuelve a colocar en un estado caritativo de protección y no reconoce sus derechos a la participación y capacidad jurídica lo cual es indispensable para que cambie la cultura y el trato hacia ellos y ellas. A las y los adolescentes les arrebata y limita claramente su derecho a los servicios de salud diferenciados a razón de su edad.
Esto es muy importante cuando se desarrolla una ley como la que Peña intenta imponernos. Mientras la Segob mueve sus fichas en el Senado para que se apruebe sin mayor discusión, la Red por los Derecho de la Infancia de la sociedad civil, senadoras y diputados de diversos partidos siguen presionando e impulsando una ley integral que sí incluya la creación de un Sistema Nacional de Protección a la Infancia. Es decir, hay una batalla a la que los medios le han dado poca importancia, a pesar de que esta Reforma es tan importante como la energética o la fiscal, porque de ella depende la integridad y protección de millones de niños, niñas y jóvenes.
Parece que Peña ha olvidado que el Estado no sólo tiene la obligación de reconocer los derechos humanos de la infancia, sino también de respetarlos, protegerlos y realizarlos; sin embrago la nueva propuesta que hoy se discute ni los reconoce, ni los protege, ni los realiza. ¿Qué significa proteger los derechos? Pues prevenir, investigar y sancionar todas las violaciones a los DH de niñas, niños y jóvenes por parte de particulares. Realizarlos quiere decir tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras para cumplir con los derechos. Esta iniciativa de Peña no asegura plenamente ninguno de los puntos anteriores.
Un grupo de expertas y expertos en derecho, psicología y libertad de expresión de niñas, niños y adolescentes se reunieron para revisar a fondo la propuesta de Peña Nieto y compararla con los estándares internacionales. La Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), basándose en leyes y tratados internacionales ha creado un índice de medición de calidad de leyes; su calificación muestra que la ley EPN reprueba con 15 de 50 puntos. Aquí algunos de los errores que la convierten en un proyecto regresivo e inaceptable para el país.
1) El bien jurídico tutelado deben ser los derechos de niñas, niños y adolescentes. La ley EPN propone que se tutele a la infancia, es decir, regresar al proteccionismo tutelar que no les reconoce como sujetos de derecho.
2) Sólo describe los principios del interés superior del niño, no marca instrumentos de no discriminación, desarrollo y participación, como lo manda la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
3) No considera todos los derechos contemplados en la CDN. Esta indefinición deja en mayor vulnerabilidad a la infancia.
4) En las medidas de protección especial como la adopción y medidas para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, esta propuesta es confusa, mezcla principios de la doctrina tutelar (antigua, esa que permitió la existencia de Mamá Rosa o La Casita) con los principios ideales de protección integral en el tratamiento de poblaciones especialmente discriminadas o vulneradas. Esto creará vacíos legales inaceptables y peligrosos.
5) No contempla la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes. Como si no tuvieran voz ni derecho a la libre expresión y a exigir sus derechos y expresar sus necesidades públicamente.
6) Habla de un órgano de defensoría denominado “Procuraduría”, pero no clarifica qué cuerpo administrativo la comandará, ni de dónde obtendrá recursos, no explica su estructura, ni si será o no autónoma. Se presume que quedará dentro del DIF quien ha fallado sistemáticamente justo por surgir de leyes y modelos contradictorios que violan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
7) Proponen como “órgano coordinador” al “Sistema” es confuso y no se contempla ni a la infancia como actora en el ejercicio de sus derechos ni a la Sociedad Civil que en realidad se hace cargo del 60% de las necesidades de la infancia mexicana. Tampoco establece con claridad cómo va a funcionar el Sistema. Se intuye que la Segob pretende mantener el control para también resguardar los datos y cifras de violencia contra la infancia.
8) Se habla de difusión y capacitación sobre la ley, pero no se establecen acciones concretas ni presupuestos, ni responsables.
9) Hace referencia a que se destinará presupuesto, exige que los congresos locales asignen recursos para la aplicación de esta ley. Nada de la federación. Se deja a la buena voluntad sin partida específica.
Fuera de esta evaluación vale la pena mencionar que la ley de EPN persiste, como lo hace con las personas adultas, en violar los derechos a la libertad de expresión. Con infracciones federales prohíbe que los medios de comunicación realicen entrevistas con niñas, niños y adolescentes sin permiso de la autoridad. También prohíbe “que los medios de comunicación difundan historias, noticias, información, imágenes, o voz de niñas, niños o adolescentes” bajo cualquier circunstancia. Prohíbe “a radio y Televisión la difusión de imágenes o audios que tengan influencia nociva o perturbadora para el desarrollo integral de la infancia, que promuevan la ausencia de valores o hagan apología del delito” y como determina que la infancia es de los 0 a los 18 años, veremos cómo controla el contenido mediático (parece atole con el dedo). Por último en términos de los albergues y refugios para infancia y adolescencia, no establece los parámetros mínimos de la ONU, como la regla de que en un albergue no podrán vivir mas de 60 personas al mismos tiempo y cada una deberá tener servicios especializados, derechos a la privacidad, etc. En conclusión esta propuesta de ley es confusa, inacabada con alto grado de gatopardismo legislativo.
Existe un documento de la CEPAL y UNICEF que explica los fundamentos jurídicos para los Sistemas Nacionales de Protección Integral de la Infancia. Justo en él se basa la propuesta que tienen en sus manos las y los diputados y senadoras y que en este momento compite con la de Peña Nieto. ¿Por qué los medios de comunicación le dan tan poca importancia a esta reforma cuando mandan a portada los escándalos de pederastia, trata y pobreza? Sin duda tienen también una deuda con la infancia mexicana. Mientras tanto si usted está entre quienes exigen una ley idónea y la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia firme aquí.
