Hay una cuestión que ha sido dejada de lado, por omisión intencional o por una invisibilización inconsciente, en las múltiples críticas y análisis derivados de la divulgación del video de los legisladores panistas sorprendidos en una fiesta con bailarinas de table dance, una modalidad encubierta de la prostitución: la de la relación de este tipo de servicios sexuales con el delito de trata de personas.

La trata de personas ha sido definida como el comercio intencional de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud.

La Organización de las Naciones Unidas ha impulsado protocolos específicos desde 1949 para frenar este delito internacional que hoy se considera el más rentable para las mafias organizadas a nivel mundial, por encima del tráfico de drogas y armas.

Dentro de la trata y explotación de personas tienen un lugar destacado los delitos relacionados con la explotación de la prostitución ajena. De acuerdo a cifras de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, la trata de personas arroja ganancias por más de 32 mil millones de dólares al año.

Se trata de una realidad que trata de ser abordada de diversas maneras por los gobiernos de todo el mundo, desde las leyes para declarar la prostitución un trabajo como cualquier otro, como ocurre en Alemania, donde incluso se pagan impuestos por los ingresos; hasta las leyes que castigan no a quien ejerce la prostitución, sino a quien la consume, como en Suecia y recientemente en Francia.

De cualquier manera, los avances legales no contienen el problema. En esos países europeos hoy se debate porque el intento de normalizar las prácticas de compra-venta de sexo lo que producen en muchas ocasiones es el aumento de la prostitución clandestina, potenciada por la inmigración y, sobre todo, por las redes criminales de trata de personas.

La situación consiste un reto legal para los gobiernos y, principalmente, para sus legisladores, donde la tarea de normar y corregir exige una atención permanente, por la evolución social y la del mismo crimen organizado.

En ese sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha quitado el dedo del renglón y su resolución del 30 de julio de 2010 establece un “Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para Combatir la Trata de Personas”.

En el se puede leer como uno de los resolutivos, el siguiente mandato a los estados miembros:

“Aprobar leyes y otras medidas necesarias para penalizar el intento de cometer un delito, la participación como cómplice en la comisión de un delito y la organización o dirección de otras personas con miras a la comisión de un delito, como se establece en el Protocolo relativo a la trata, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos y otros instrumentos pertinentes, según proceda.”

En México, la primera Legislatura del sexenio de Felipe Calderón aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, en 2007. De esa legislatura formaba parte, como Senador de la República, el hoy diputado Luis Alberto Villarreal, el más conspicuo de los políticos exhibidos en el mencionado video.

Se ha hablado mucho de la doble moral de los panistas, para tratar de relacionar el carácter conservador, católico y promotor de valores familiares de este partido, en contraposición a la conducta que puede deducirse en los comportamientos que fueron exhibidos en el video.

Esos señalamientos han dado lugar a otros, donde incluso se encuentra exagerado el escándalo y la indignación de quienes han hecho leña de los diputados crucificados por las imágenes hedonistas y abiertamente lascivas que exhiben en los cuatro minutos de grabación que fueron filtrados a Reporte Índigo.

Para un columnista como el conductor de noticieros Carlos Loret de Mola, a Villarreal se le castigó injustamente solo por estar “bailando quebradita con una teibolera”.

Para el colaborador de El Universal, en una oblicua referencia al tema de “los moches”,  “puede cuestionarse duramente a los diputados exhibidos que usen mujeres como objetos mientras en tribuna condenan la trata de personas, pero la fiesta que motivó la salida del coordinador del PAN en San Lázaro palidece frente a las otras acusaciones en su contra.”

Allí es donde está el quid del asunto. Para una parte importante del estamento político mexicano, que incluye a los funcionarios públicos, entre ellos los legisladores, pero también a los periodistas y a la comentocracia de los medios, la existencia de la prostitución es algo normal y permitido para quien se lo pueda pagar, sin que ello lleve a cuestionar cómo es que existe y qué es lo que tiene que ocurrir previamente a que una mujer ofrezca sexo a cambio de dinero.

Cabría señalar que incluso buena parte de las mujeres que forman parte de esta élite sobre todo en el terreno de las responsabilidades públicas, tienen invisibilizado el tema de la prostitución como problemática, lo que a su vez hace desaparecer el tema de la trata de personas como delito.

En ese sentido, nuestra clase política y nuestra opinión pública esconde en su propia mentalidad las razones por las cuales no tiene aplicabilidad, o tiene muy poca, una legislación que pretende prevenir y erradicar la trata de personas.

Frente a un negocio multimillonario, que involucra redes especializadas y profesionalizadas de cooptadores, transportadores y administradores de mujeres para el negocio de la prostitución, con sus diferentes niveles de sofisticación de acuerdo a cada una de las clientelas, tenemos a un Estado compuesto por individuos que no tiene empacho en consumir el producto de ese mercado, por una parte, a ser tolerantes con quien lo hace, por la otra.

En el mecanismo de trata hay visos de una moderna esclavitud, hay violencia, hay asesinatos, hay abortos clandestinos practicados en las peores condiciones, hay corrupción de políticos y de policías. Para que exista la oferta de sexo, en un mundo donde el crimen organizado ha infiltrado todos los negocios que se mueven en los vacíos de la ley o en los de su no aplicación, hace falta una larga cadena de ilícitos.

En no ver eso, en negarlo, es donde radica la verdadera doble moral, una doble moral pública y no personal. La de quien legisla sobre algo que en realidad no cree, no percibe y ni siquiera se cuestiona, solo para ser políticamente correcto y estar a tono con los nuevos discursos progresistas.

Es evidente que las acompañantes de los diputados panistas en Puerto Vallarta no llegaron allí por su propia voluntad, ni se contrataron de forma individual con sus clientes potenciales. Llegaron como “un paquete”, enviado por sus empleadores, los dueños de los centros nocturnos donde laboran cotidianamente, sin opción para negarse. Es decir, ejerciendo servicios sexuales o, por lo menos de acompañamiento, por cuenta de terceros, algo que pena expresamente la ley contra la trata.

Ese tema, sin embargo, se dejó de lado en la mayor parte de las revisiones críticas del tema. Se hablaba de no ser “moralinos”, cuando la moral pública no responde a decisiones individuales, sino a definiciones legales que nos hemos dado de común acuerdo y que han sido procesadas de acuerdo a mecanismos constitucionales por algunos de los que estaban allí, disfrutando de la oferta final de una cadena que se integra de numerosas infracciones a la ley y a acuerdos internacionales.

En ese sentido, tan preocupante como la relajación de los diputados parece la de una opinión pública que no deslinda de forma precisa las significaciones de una conducta que pone en evidencia muchos de los factores por los cuales México no logra modernizarse como país, el principal de ellos: el incumplimiento de la ley por aquellos que la hacen, lo que justifica y motiva la misma conducta en la sociedad.

Así que, mientras la lógica con la que pretendemos gobernarnos y analizarnos sea la de “qué tanto es tantito”, aquí seguiremos, de escándalo en escándalo y con la moral, en su acepción de estado de ánimo, por los suelos.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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