El activismo de organizaciones no gubernamentales, defensoras de los derechos de las mujeres, es lo que ha colocado en la agenda pública de Guanajuato el tema de la violencia de género.  El gobierno actual en ningún momento avanzó motu proprio un programa en tal sentido, ni siquiera como un punto dentro de su política social.

La mejor prueba de que el gobierno panista de Miguel Márquez no contempla el tema de la violencia de género y la amenaza que se cierne sobre las mujeres de Guanajuato por efecto de una cultura machista y segregadora, es el perfil elegido para encabezar el Instituto de la Mujer Guanajuatense, la instancia a la que tocaría aplicar políticas de impulso a la equidad.

Adriana Rodríguez Vizcarra, una exitosa mujer de negocios que saltó a la política de la mano de Acción Nacional, luego de presidir la asociación de mujeres empresarias del estado, para ocupar una diputación y una fugaz dirección del DIF estatal, sin duda entiende mucho de los mecanismos de empoderamiento económico que pudieran beneficiar a muchas víctimas de la desigualdad de género.

Sin embargo, queda claro que en el actual momento el mayor problema que afecta la igualdad entre mujeres y hombres no parte del tema económico, sino de la falta de aplicación de leyes con perspectiva de género y de la ausencia de políticas públicas que prevean la inequidad, desde espacios como la educación, la salud y la procuración de justicia, todos dependientes del Estado.

Resulta una absoluta utopía pensar que la desigualdad se va a combatir con programas de potenciación económica y mucho más si se parte del raquítico presupuesto con el que se maneja el IMUG; 19 millones de pesos en 2012 y un fantástico crecimiento del cien por ciento para dejarlo en 38 millones este año.

El IMUG ha sido incapaz incluso de darle un seguimiento coherente al número de feminicidios que ocurren cada año, sobre todo porque se limita a los que así se decretan oficialmente por la PGJE, instancia que ha procurado por todos los medios evitar la clasificación de las muertes de mujeres como violencia feminicida, bajo el argumento de que resulta difícil probar ese tipo penal por las complicaciones que le adosaron los legisladores.

Ahora, con el tema de la violencia sexual en escuelas, de parte de trabajadores del sector educativo, el IMUG se ha visto más rebasado aún. sus comisiones apenas dan un pobre seguimiento burocrático a los eventos registrados, como se puso en evidencia en el caso de la Secundaria 8 de León, donde nunca lograron auxiliar a la víctima y el maestro responsable escapó de la prisión con una débil consignación por estupro.

Mucho menos se puede hablar de una política de prevención, que es inexistente y para la cual todo el presupuesto del organismo sería insuficiente.

Por ello surge el reclamo de las organizaciones independientes de plantear la necesidad de decretar una Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como un factor de protección de los derechos humanos de las mujeres en un contexto de violencia y como un mecanismo emergente de intervención del Estado, no como un elemento de sanción.

Quienes piden que se decrete la AVG no pretenden que eso signifique una descalificación al gobierno de Márquez, sino que se genere una mayor intervención de ese gobierno en acciones que tiendan a frenar, primero, y a erradicar, después, la violencia contra las mujeres en Guanajuato.

Ante ese planteamiento la respuesta del Estado se ha visto teñida del clásico pensamiento machista y revictimizador. Hace no mucho, el Secretario de Gobierno de Miguel Márquez, Antonio Salvador García López, salió a dar respuesta a los reclamos por el incremento de feminicidios con la peregrina explicación de que hay más muertes de mujeres porque estas “participan en acciones de riesgo y se vinculan al crimen organizado”.

Es decir, las mujeres tienen la culpa de lo que les pasa por no permanecer en su casa, como se acostumbra en las familias de bien. Casi dice que las mujeres que mueren lo hacen porque se lo merecen. Por supuesto, el funcionario no esgrimió un estadística seria, ni actas del Ministerio Público, ni ninguna clase de documento que avalara su afirmación.

Dijo lo que dijo porque así lo cree, así se lo imagina, lo cual deja en claro que la violencia machista no excluye a las propias altas autoridades del estado.

Si en ese contexto no es necesaria una Alerta de Violencia de Género, difícilmente lo será en cualquier otro.

Pero, además, queda en claro la complicidad con el gobierno estatal de las instancias federales, como la Comisión Nacional  para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), evidente en el hecho de que ya el gobernador Miguel Márquez adelantó sin sombra de duda que no habrá Alerta de Violencia de Género para Guanajuato, incluso antes de que concluya oficialmente la investigación abierta sobre Guanajuato.

Para el gobernador Márquez, la firma de un convenio de entendimiento con la ONU para impulsar políticas de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, parece suficiente acción en esta circunstancia. Cabe señalar que ese convenio no obliga al estado a lograr resultados, tampoco establece tiempos ni está sujeto a evaluaciones. Es una simple carta de buenas intenciones.

No obstante, tan pobre iniciativa ya tiene aguerridos cuestionadores en los grupos de ultraderecha que se afilian al mismo partido de Miguel Márquez, así como en la poderosa jerarquía del clero católico en la entidad, con el que el mandatario mantiene las mejores relaciones.

Márquez mismo, exseminarista y  fervoroso católico debe ver con suma desconfianza los incipientes acuerdos sostenidos con la ONU más por necesidad política que por convicción. La forma más fácil de mediatizar ese acuerdo será la que ya se ha seguido hasta ahora: escatimarle los recursos presupuestales.

Así, por donde quiera que se le vea: por los antecedentes, por las débiles respuestas oficiales ante la emergencia, por la abierta beligerancia machista de funcionarios gubernamentales, por el bajo perfil de la responsable del IMUG, por la susceptibilidad a las presiones de los grupos de ultraderecha, por la escasa convicción personal y por las complicidades políticas entre el gobierno federal y el local, queda claro que durante el gobierno de Márquez no avanzarán las políticas en pro de la equidad y del respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Y, como decía el clásico panista: “que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”.