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Adela Navarro Bello

04/06/2014 - 12:01 am

Delito constitucional, conflicto internacional

El caso del marino Andrew Tahmooressi, que cruzó la frontera de San Ysidro, California a Tijuana, Baja California, con dos rifles de asalto y una pistola, todos cargados y sin seguro, además de un arsenal de balas y cargadores, está siendo alejado del fuero penal federal en el que por Ley se suscribe, para trasladarlo […]

El caso del marino Andrew Tahmooressi, que cruzó la frontera de San Ysidro, California a Tijuana, Baja California, con dos rifles de asalto y una pistola, todos cargados y sin seguro, además de un arsenal de balas y cargadores, está siendo alejado del fuero penal federal en el que por Ley se suscribe, para trasladarlo al lado diplomático internacional.

El hombre, cuya madre dice que sufre de estrés post traumático por los servicios prestados a su país en Afganistán, cometió un delito en suelo mexicano. Fue detenido en posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, y siendo procesado conforme a la Ley, familiares, congresistas y miembros del gobierno estadounidense de Barack Obama, se han inmiscuido para intentar lograr un trato privilegiado para el marino. Incluso hay quienes solicitan sea liberado.

El principal argumento fue que Tahmooressi había entrado a nuestro país por error. Sin embargo, las investigaciones periodísticas de ZETA, han revelado lo contrario. El marino llegó a México con decisión.

Es verdad que han sucedido casos de Policías de San Diego que por error han llegado a la frontera con México, pero también que no se internan en nuestro país, sino que hacen un llamado a las autoridades, les alertan del error de dirección, el contenido en sus vehículos, y piden en el momento ser considerados para regresarlos. Pero en el caso del marino armado, no fue así.

En una grabación donde se aprecia el flujo en la garita El Chaparral en Tijuana, se ve claramente que el Marino no se detiene cuando ve los puestos de revisión, de hecho prosigue su camino, y cuando a su vehículo le tocó semáforo verde –no ser revisado de manera aleatoria- continúa su marcha para internarse en México, hasta que un agente de Aduanas observa el vehículo con sospechosa carga. Tahmooressi maneja un pick up que en la caja trasera trae hasta una escalera. Otras pertenencias vistosas, las cuales alertaron a los oficiales a someterlo a una revisión, la cual dentro de la Ley de Aduanas es válida cuando se trata de vehículos sospechosos. El marino accede sin problema a ser revisado, y los oficiales encuentran las armas cargadas.

Es entonces remitido a la Procuraduría General de la República donde se le inicia el procedimiento legal. Pero el caso cobró notoriedad cuando la madre del marino pidió ayuda a su congresista para liberar a su hijo. Ahí el tema pasó del fuero federal, al plano internacional. Incluso el tema fue abordado en lo privado, durante la reciente visita de John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, a México.

Aparte las desafortunadas declaraciones del congresista norteamericano Duncan Hunter, quien primero dijo a la prensa que desearía rescatar con un equipo militar al marino de la prisión mexicana, y después informaría su petición de limitar las relaciones de la Defensa Norteamericana con la Defensa Mexicana.

Bien, hace unos días en un hecho inédito, se le permitió en Baja California, a otro congresista norteamericano, visitar al marino en la prisión de El Hongo; fue el caso de Matt Salmon, presidente del subcomité para el hemisferio este de la cámara de representantes de la Unión Americana.

Con esta visita, los departamentos consulares y diplomáticos de los Estados Unidos, escalan el caso del sargento Tahmooressi al plano diplomático, que podría leerse como una intención del Gobierno de los Estados Unidos para doblegar las leyes mexicanas y promover la libertad de una persona que delinquió en suelo mexicano. Cuyos derechos han sido respectados en el proceso legal, judicial, que se le sigue; a pesar de su actitud contrariada pues en un momento intentó fuera de toda lógica escapar de la prisión escalando la pared, y en otra, quitarse la vida.

En ZETA mi compañera Inés García ha documentado desde el momento en que el hecho se dio a conocer, cómo el Marino había sostenido una vida en México.

Uno, no era la primera ocasión en que Tahmooressi entraba al país, de hecho sostenía una relación con una joven mexicoamericana con residencia en Tijuana; dos porque cruzó la frontera sin mayor preocupación a pesar que desde un kilómetro atrás por lo menos, las autoridades norteamericanas advierten a quienes toman camino hacia la garita de entrada a nuestro país, además de hacerles notar que tanto la portación de armas como la portación de marihuana aún sea medicinal, están prohibidas en México y por lo tanto llevarlas constituye un delito en este país.

Tres, en la última edición del semanario, se publicó el recibo con el que el sargento Tahmooressi pagó un hotel en la avenida revolución de Tijuana, horas antes de haber sido detenido al intentar cruzar la frontera con el arsenal de armas, cartuchos y cargadores. Informes extraoficiales de personas ligadas al caso, explicaron que las visitas previas del marino a México fueron de reconocimiento en el plano de la ciudad, las autoridades de aduanas y en su situación sentimental. La última ocasión que cruzó, lo hizo porque ya pensaba residir en este país de manera semi o permanente.

No se trata de comparar un sistema con otro, pero cuando de mexicanos que cometieron un delito en los Estados Unidos se trata, no hay diputado, senador o secretario que pueda influir en la decisión de las autoridades que lo juzgan allende la frontera, así sea –o especialmente- en casos de pena de muerte. El respeto a los fueros, a las leyes, entre los dos países es lo que apremia.

Por eso llama la atención que funcionarios, congresistas, de los Estados Unidos, intenten doblegar a funcionarios mexicanos para liberar a una persona que cometió un delito en México. El caso no ha llegado a las oficinas presidenciales de los países, ni siquiera a las cancillerías, pero hacía allá se encamina. Dejar libre al soldado Tahmooressi, significará un sometimiento del gobierno mexicano por parte del norteamericano; abonarle a la impunidad, y doblegar al sistema ministerial y judicial de México para beneficiar a una persona, que por las evidencias, sabía lo que estaba haciendo.

Un delito en territorio nacional, cometido por un extranjero, puede ser ante la débil figura del gobierno mexicano frente al norteamericano, un conflicto internacional. Y no se vale.

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