Por Raciel Rivas.
¿Es acaso un delito videograbar o fotografiar circunstancias repentinas como un abuso policíaco? Que quede más que claro, la respuesta es ¡ no!
Nuestra Constitución política mexicana en el artículo 7 -recién reformado el año pasado- nos muestra lo siguiente, respecto a la libertad de fotografiar y/o filmar cualquier acontecimiento:
“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. “
(Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)
Por ello:
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.”
(Reformado mediante Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013)
Evidenciar, por tanto, en un momento repentino, cualquier abuso de poder -por ejemplo, policiaco- es un derecho que tenemos como sociedad civil, y no puede ningún sujeto amedrentarnos utilizando cualquier tipo de manipulación o el justificante falso del delito por grabar o registrar cualquier abuso.
En una sociedad que dice inscribirse dentro del terreno moderno de la democracia, el ejercicio de difundir cualquier extralimitación del poder por parte de los funcionarios públicos es vital para su supervivencia. No podemos como ciudadanos permitir que las prerrogativas de los funcionarios del Estado se desborden en el cinismo del exceso.
Dado que somos los ciudadanos, en un Estado democrático, los que delegan las facultades de poder a los funcionarios públicos, un ejercicio razonable y coherente de nuestra condición democrática sería delegar los mismos límites de su poder. ¿Y cómo? denunciando cualquier abuso de autoridad: un caso muy simple, dándole un uso político a los instrumentos tecnológicos que tenemos a la mano.
Me parece pertinente ejemplificar un caso reciente de abuso de poder y manipulación respecto al uso democrático de los medios tecnológicos para el ejercicio de denuncia.
Hace unos días, el 30 de abril, en esta ciudad de México, esperando el vagón del metro en la estación Villa de Cortés, un grupo de policías y funcionarios del STC (Sistema de Transporte Colectivo) al pretender desalojar a los vagoneros por los ya conocidos operativos de “limpieza” que han llevado a cabo desde hace varios meses, comenzaron a someter a una mujer vestida de payasa, por motivo del día del niño que celebraba con chistes y “trucos mágicos” a los chiquillos que aún a esas horas de la noche (21:15 hrs aproximadamente) acompañaban a sus padres de regreso a casa. La mujer fue arrojada al suelo por varios elementos de la PBI, y oficiales vestidos de civil. No obstante los gritos que arrojaba, seguramente por el dolor al que estaba siendo sometida por la forma en que le doblaban los brazos, y las súplicas de varios pasajeros a los policías pidiendo que la soltaran, estos oficiales hicieron caso omiso.
Ante esta circunstancia, me decidí a grabar los hechos con mi celular y al momento de querer acercarme más para detallar lo sucedido, un policía y un supuesto “civil” de complexión robusta, comenzaron a empujarme con el objetivo de que no pudiera seguir grabando el abuso. Entre dimes y diretes, el supuesto “civil” se arrojó sobre mi celular varias ocasiones hasta que tuve que dejar de grabar, pues otros elementos de la PBI me acecharon por detrás intentando despojarme del aparato. Esto no evitó que el oficial y en especial el supuesto “civil” cómo él mismo afirmaba, me arrojaran patadas y empujaran hasta sacarme del metro, agregando entre ofensas que no tenía derecho a grabar.
Esto es, por supuesto, solamente un caso menor de todos los tipos de abuso de autoridad y de la represión por parte de estos a evidenciar sus prácticas salvajes. Pero sabiendo lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando que estamos no en un Estado de Naturaleza, el mismo que temieron grandes humanistas y pensadores de la ilustración, si no en un Estado de Derecho, arrojemos nuestro empeño a la práctica del equilibrio del poder. Apostemos por una democracia activa dónde la denuncia del abuso se torne una práctica común, sin titubeos ni temores. Un periodismo ciudadano libre ya es posible con los medios tecnológicos que por lo general portamos.
¡Detectemos, y difundamos cualquier síntoma del poder desbordado, lo podemos hacer: somos agentes democráticos, es un deber!
