La lucha de diversos grupos sociales, activistas individuales, mujeres en cargos de representación, comunicadores, entre otras y otros muchos actores, ha logrado abrir en Guanajuato un debate socialmente productivo sobre la obligación de la autoridad de respetar la perspectiva de género en los casos de violencia contra las mujeres.

La presión de esta lucha ha forzado a gobiernos procedentes de ámbitos ultraconservadores, la derecha de la derecha, como el que representó en su momento Juan Manuel Oliva y ahora Miguel Márquez, a aceptar a regañadientes los avances a los que el país se ha comprometido al firmar tratados internacionales en la materia.

Sin embargo, la lucha continúa, sobre todo porque la aceptación de nuevas leyes y de aplicación de protocolos de respeto a los derechos humanos, en general,  y los de las mujeres en particular, a menudo ocurre sólo en el discurso y no aterriza en las políticas públicas sustantivas.

En las últimas semanas, esto ha quedado en evidencia con la emisión de tres recomendaciones de instancias de derechos humanos nacionales y locales, por casos que se han convertido en emblemáticos para quienes propugnan por un avance real de las políticas de atención a las víctimas y de cero impunidad.

La luz que arrojan las recomendaciones de la CNDH, sobre el caso Lucero; y las de la PDHEG sobre otros dos casos, uno de ellos el feminicidio de Laura Patricia Vázquez, es suficiente para dejar en claro que la procuración de justicia de Guanajuato, tan exitosa en el terreno del combate a la delincuencia organizada, de acuerdo a sus propias cifras, no logra aterrizar propuestas constructivas en el terreno más extenso, más dramático, auque menos espectacular, de la violencia contra las mujeres.

El caso de Laura Patricia Vázquez es un ejemplo palpable y trágico de cómo la falta de aplicación de protocolos validados internacionalmente para atender la violencia de género intrafamiliar, resulta  la postre criminal.

Esta mujer leonesa, como lo relata el trabajo periodístico de Javier Lara para Zona Franca, denunció tres veces a su esposo, Miguel Ángel Castro, por agresiones en su contra, en las agencias especializadas del Ministerio Público para violencia intrafamiliar.

En los tres casos, de acuerdo al relato de su madre, Geraldina Aguilar, quien incluso exhibe los documentos, los funcionarios ministeriales enviaron a la propia víctima a entregar los citatorios a su pareja, quien también era su agresor. Los únicos resultados fueron nuevos ataques en su contra.

Finalmente y tras de haber puesto el caso en conocimiento de servidores públicos presuntamente capacitados y sensibilizados, la situación desembocó en el secuestro y el asesinato de Laura Patricia a manos de Miguel Ángel Castro, su pareja.

La Procuraduría de Justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, produjo un autoelogioso boletín anunciando la captura del presunto homicida, diez días después de haber ocurrido, como muestra de “su firme compromiso de dar cumplimiento a la persecución de los delitos que laceran seriamente a la sociedad”.

Esa pretensión se cayó a pedazos cuando empezó a conocerse que Laura Patricia había seguido todos los pasos que dictan los manuales oficiales: denunció, no una,  sino tres veces, acudió a una autoridad ministerial especializada, no al DIF; no pedía conciliación, sino consignación.

No obstante, quienes incumplieron los protocolos fueron, precisamente, quienes estaban obligados a aplicarlos: los funcionarios de quienes se nos había dicho que ya ejercían su trabajo de acuerdo a los nuevos esquemas de leyes como la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La negligencia, la incapacidad y las actitudes propiciadoras de impunidad se reprodujeron en el segundo de los casos que motivó recomendaciones de la PDHEG, el llamado por los medios “caso Tamazuca”.

Allí, la violación de una menor de 11 años por parte de su padrastro, Félix Rangel Márquez, quien a consecuencia de ello la embarazó, así como la privación ilegal de la libertad de dos mujeres y sus hijos por parte del mismo individuo, no fueron detenidas a tiempo, no obstante haber sido denunciadas ante personal del ministerio público especializado en violencia intrafamiliar.

De las investigaciones, la PDHEG desprende “casos de abuso sexual por parte de un familiar, así como diversas omisiones del personal de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato y del Centro Multidisciplinario para la Atención Integral de la Violencia del Municipio de Guanajuato en torno a los hechos denunciados ante ellas”.

Derivado de esas omisiones, la instancia de Derechos Humanos acreditó: “violación a los derechos del niño, en la modalidad de insuficiente protección en agravio de  menores de edad.”

Son, con estos, tres casos recientes donde se acredita que algo no está funcionando en la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato en un renglón básico y elemental de las tareas asignadas por el estado a esa dependencia: el combate a la impunidad y la protección de las víctimas.

Eso, desde luego, no quiere decir que Carlos Zamarripa Aguirre no haya sido eficiente en muchas otras áreas de su extensa responsabilidad. Sin embargo, en la función pública no se trata de mantener un promedio o de apostarle al marcador, sino de cumplir simple y llanamente con lo que la ley marca.

Es, entonces, momento de la autocrítica y de la humildad y no de la soberbia. Si ago no está funcionando en la procuración de justicia de Guanajuato toca a sus encargados resolverlo y abandonar la defensa cerrada de posiciones que han realizado contra las observaciones de grupos sociales, a los que atribuyen motivaciones ideológicas.

Sería un peligroso contrasentido que en las resoluciones de la CNDH y de la PDHEG se trataran también de encontrar motivaciones ajenas a las que derivan estrictamente de sus conclusiones, aunque la tentación pudiera existir.

Hasta ahora, Carlos Zamarripa se ha forjado una imagen de eficiente policía y persecutor de grupos criminales. Con esa fama transitó del sexenio olivista al gobierno marquista, con tan amplio margen de maniobra que su opinión fue decisiva para la designación de Álvar Cabeza de Vaca como Secretario de Seguridad del Estado.

De aquí en adelante, la asignatura cambia. Para que tengan éxito las políticas de prevención del delito y freno a la impunidad que se persiguen con la tan cuantiosa como cuestionada inversión del Proyecto Escudo, el tándem Zamarripa – Cabeza de Vaca requieren del acompañamiento de la sociedad y sobre, todo, de sus grupos más activos, justamente lo que se ha puesto en riesgo con las actitudes de cerrazón frente a los reclamos de los grupos defensores de derechos humanos y derechos de las mujeres.

Si el procurador Zamarripa decide jugar al juego de las vencidas y atenerse al respaldo político del gobernador Miguel Márquez, hasta ahora un partidario firme de no cambiar nada, entrará en un peligroso terreno político, donde su valor no se medirá ya en sus propios resultados sino en el costo-beneficio que le produzca a un gobierno al que la necesidad de los cambios le llegará más temprano que tarde por la peor vía: la del agotamiento de las expectativas.

Vale decir que en el entorno de procurador hay demasiadas influencias que poco ayudan a corregir las cosas. Su estilo vertical ha logrado disciplina en la dependencia que dirige, pero no contribuye a la autocrítica. La admiración que le rinden sus compañeros de gabinete, empezado por el Secretario de Seguridad, tampoco ayuda a percibir los errores.

Incluso el Ombudsman, Gustavo Rodríguez Junquera, le obsequió la deferencia de practicarle sus recomendaciones en plenas vacaciones cuaresmales, a fin de minimizar el impacto, vulnerando de paso el espíritu que anima a las defensorías de derechos humanos cuya mayor arma es la apelación a la opinión pública.

Zamarripa es quizá el policía más eficiente que ha tenido Guanajuato en los últimos tiempos, no sólo como procurador, sino incluso antes, cuando directamente se encargaba de funciones de investigación ministeriales.

Su reconocido empeño podría llevarlo también a ser el mejor procurador de justicia, cosa que aún no logra. Todo depende, sin embargo, de que acepte, con humildad, aprender las lecciones que le han deparado los últimos días.

Arnoldo Cuellar

https://dev.sinembargo.mx/author/arnoldocuellar/

Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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