El desaguisado mediático de más peso (por lo menos en los últimos meses) lo ha vuelto a dar el periódico La Jornada, vocero de la izquierda mexicana, que perdiera un juicio contra Letras libres, acusada de calumnia. En esta ocasión, La Jornada parece que se salió con la suya al conseguir no sólo hacer que renunciara Pablo Hiriart a la dirección del rotativo, sino que salieran dos plumas angulares: la de Rafael Pérez Gay (Gil Gamés) y la de Fernando Escalante. El motivo: un amago por parte de Carmen Lira, directora de La Jornada, para acallar las críticas disparadas contra sus posturas pro-maduristas, lopezobradoristas, y demás. El tema tiene muchas aristas: desde las que hablan de la amistad del empresario petrolero Ramiro Garza Cantú, dueño de La Razón, con Carmen Lira, hasta aquellas que indagan sobre las posibles amenazas (relacionadas con Oceanografía y sus negocios petroleros) con las que ésta última amagó a Garza Cantú para detener la andanada de críticas. Incluso se ha llegado a decir que es una estrategia de Pablo Hiriart para desprestigiar a La Jornada, debido a un resentimiento personal añejo. Cualesquiera que hayan sido las razones (políticas, económicas, ideológicas o personales), lo que es inaceptable en este caso es la consumación de la censura en un país en donde el derecho a la libre expresión (y ahí está la enseñanza dejada por la Suprema Corte en el caso Letras Libres–La Jornada) ya no debería estar a debate, sobre todo ahora que nos hemos jactado de vivir en una democracia, donde la tolerancia, la pluralidad y el respeto a los derechos del otro duermen en nuestra misma cama. Ningún medio de comunicación puede erigirse en depositario de la verdad absoluta, y menos si éste es de ascendencia progresista. La Jornada está en su derecho de criticar sistemáticamente al PRI, cuyos males son palpables y cuya reforma energética es un insulto para los mexicanos, como lo está también en acallar todas las tropelías cometidas por la izquierda mexicana, en muchos ámbitos sumamente reaccionaria, ignorante y corrupta. El mismo derecho le asiste a La Razón en cuanto a su postura ideológica anti-madurista y anti-lopezobradorista. Ya los lectores tendremos el derecho de creerles o no, de comprarlos o no. Pero, eso sí, nadie tiene derecho a silenciar el disenso, sobre todo si éste salvaguardó las garantías de un tercero. Tener el derecho de pensar diferente y, sobre todo, de decirlo, ya lo sabemos, es un derecho humano universal que fue concebido luego del convencimiento (de filósofos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, etcétera) de que el disenso es una vía auténtica de participación política. Así que, como lo escribió John Stuart Mill en Sobre la libertad, no olvidemos nunca lo siguiente: “lo que hay de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que la sustentan, y quizá más. Si esta opinión es justa se les priva de la oportunidad de dejar el error por la verdad; si es falsa, pierden lo que es un beneficio no menos grande: una percepción más clara y una impresión más viva de la verdad, producida por su choque con el error. Es necesario considerar separadamente estas hipótesis, a cada una de las cuales corresponde una zona distinta del argumento. Jamás podremos estar seguros de que la opinión que intentamos ahogar sea falsa, y estándolo, el ahogarla no dejaría de ser un mal.”
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