La situación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México fue como la crónica de una muerte anunciada que ya venía reportando fallas desde hace algunos meses. Los trenes ya habían tenido que bajar más del 50% su velocidad en algunas curvas debido al descarrilamiento y la puesta en peligro de sus usuarios.

Es probable que como en muchos otros casos, no veamos un responsable de las fallas que existen en la Línea 12 del Metro, inaugurada a finales de 2012, que le da servicio aproximadamente a 435 mil usuarios al día. De que lo hay, lo hay, y no uno, quizá unos cuantos. El entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, podría ser el primero que se nos ocurra, pero de igual forma están las autoridades del Proyecto Metro del Distrito Federal, el Sistema de Transporte Colectivo, la empresa arrendadora de los trenes (encargada de su diseño y construcción), el consorcio que estuvo encargado de la construcción de la línea, los responsables del sistema operador, entre otros.

Marcelo Ebrard argumenta que la obra fue debidamente aprobada por Consorcio Internacional y que las explicaciones las debe dar Enrique Horcasitas, director del Proyecto Metro. Joel Ortega, director del Sistema de Transporte Colectivo, por su parte, responsabiliza a las empresas contratistas, quienes estarán encargadas de resolver el problema. Proyecto Metro dice que entregaron la línea al sistema operador y cualquier falla debió haber sido posterior, y la empresa constructora se defiende diciendo que los vagones adquiridos no eran compatibles con las vías. Mientras tanto, nadie resulta responsable, y los afectados son en una primera instancia los usuarios, en una segunda instancia el presupuesto, y en una tercera instancia todos los ciudadanos que en general no reciben el servicio que se paga.

El problema principal es la suspensión del servicio a todos los usuarios derivado de fallas técnicas que son consecuencia de una negligencia en todo el proceso del proyecto de construcción de la Línea 12. El problema que sigue es el costo que tiene para todos los contribuyentes (no para las autoridades, no para el gobierno del Distrito Federal) la reparación que se estima sea de más de 700 millones de pesos, cifra a la que se le debe sumar los 26 mil millones que costó la obra en un principio. Y el problema que debiera el gobierno asumir, es el que existe en los procesos de adjudicaciones, concesiones, licitaciones o de cualquier otra figura mediante la cual los particulares son contratados para realizar una obra pública con dinero del erario público. El gobierno está acostumbrado a gastar dinero en obras o proyectos que son adjudicados mediante un proceso no del todo transparente y acaban costando más del presupuesto inicial. Como ejemplo no tan lejano tenemos la Estela de Luz y no se diga de Pemex.

Mientras no existan procesos más estrictos, vigilados y libres de corrupción, seguiremos pagando servicios prestados con poca profesionalidad y poco rigor. El cambio debe empezar con el trabajo de reparación de la misma Línea 12, contratando con aquellos profesionales que vayan a hacer un trabajo que esté a la altura de lo que los usuarios necesitan, exigiendo cuentas por todos lados y a todos los participantes.

Es el turno del gobierno de Miguel Ángel Mancera de encontrar a los responsables, y eso probablemente debe comenzar con la investigación a su antecesor y a todos los involucrados.

Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Abogado practicante y Escritor.

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Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

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Pablo Ruíz Galindo Covarrubias

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